Un exintendente del Alto Valle está dispuesto a aceptar una condena en la causa Techo Digno: «Quiero terminar con esto»

El exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, está dispuesto a aceptar una condena de ejecución condicional en la causa Techo Digno, luego de que tanto la fiscalía como la defensa del exjefe comunal consensuaran una pena de tres años en suspenso. El acuerdo debe ahora ser homologado por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot, que dará a conocer su decisión el próximo jueves al mediodía.

El exjefe comunal (PJ) aceptó los cargos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento público falso.

La condena comenzará a cumplirse de forma inmediata una vez que el juez comunique su sentencia, ya que tanto la fiscalía como la defensa particular del imputado renunciaron a los plazos procesales.

La acusación a cargo de la fiscal jefa Graciela Echegaray y de la fiscal adjunta Mónica García, planteó en la descripción de los hechos que los fondos enviados por el Gobierno Nacional no coincidían con el avance real de las obras de los tres grupos de viviendas, por un total de 135 unidades, que se enmarcaron en el plan nacional en la localidad.

En el caso de que el magistrado dé su acuerdo para el juicio abreviado propuesto por las partes, será la primera vez que un intendente en la megacausa Techo Digno, que tiene decenas de funcionarios municipales y empresarios acusados en la provincia, asuma su culpa en el desmanejo de los fondos.

Dentro de las pautas de conducta que también incluye la propuesta de juicio abreviado, Montanaro deberá fijar un domicilio, no podrá salir del país sin dar aviso en sede judicial y deberá hacer presentaciones ante la fiscalía cada cuatro meses. La aceptación de la condena también implica la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.

El defensor particular Damián Torres destacó que su cliente recibió el asesoramiento adecuado, y que se le indicaron los alcances del acuerdo pleno. «En este sentido la situación de Montanaro ha sido la que más ha complicado este caso en particular. Además el ex intendente tiene 75 años, esta causa se inició hace 9 años atrás, cuando tenía 66. Como ya expresó realmente está cansado de este proceso y todo lo que implicaría continuar, que llevaría al menos 4 o 5 años más. Por eso se evaluó el riesgo del caso pero también darle un cierre definitivo», resaltó el defensor.

«Estoy muy cansado», dijo el exintendente al dar el aval al acuerdo de juicio abreviado

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«Estoy muy cansado, quiero terminar con esto», afirmó Montanaro al dar su aval al acuerdo que tendrá un efecto secundario que parece calculado. Su hija Claudia lo sucedió en el cargo en 2015 y también figura en una de las líneas de investigación.

Si se homologa el acuerdo sobre Montanaro padre, esto implicaría que en parte pierda peso una acusación contra su sucesora.

Sin embargo, durante la audiencia de hoy se remarcó que en el caso del exintendente de Cervantes toda la negociación por los planes de viviendas nacionales la llevó adelante él, ya que tras dejar la intendencia continuó como secretario de Gobierno de la gestión de su hija.

El sustento de la fiscalía para la acusación

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Durante casi tres horas, la fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio que involucró la denuncia e investigación del acuerdo firmado entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro en su calidad de intendente, que luego continuó como Secretario de Gobierno y Producción.

“Concretamente, el funcionario debía cumplir lo dispuesto por el acuerdo y sus anexos -firmado en noviembre de 2014- para construir 135 viviendas e infraestructura, dividido en tres planes”, explicó la fiscalía, según informó esta tarde el área de prensa del Ministerio Público.

“El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.”, detallaron las fiscales.

“Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014”, detalló el Ministerio Público Fiscal.

“Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley”, dijo la fiscal.

La fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.

Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.

Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.