Un fallo de la Corte Suprema complica el control de alimentos en Neuquén

Los trabajadores del Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), manifestaron su preocupación en relación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolvió en favor de un amparo presentado por una empresa nacional de lácteos para que no se hagan controles en sus camiones.

Se trata del cuatro fallo, que en esta ocasión favoreció la empresa La Serenísima, en contra del funcionamiento de este organismo. Todos los recursos anteriores fueron interpuestos por distintas empresas que esgrimieron ante la justicia que el cobro del canon de inspección que cobra el Cippa es ilegal.

Aseguran que genera una especie de aduana interior dentro de la provincia lo que resulta prohibido, porque implica gravar la circulación interjurisdiccional de bienes y acuerda al gobierno federal la competencia exclusiva para regular el comercio interjurisdiccional. Sin embargo los trabajadores aducen que el único fin del organismo es que “los alimentos sean controlados”.

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La delegada por el gremio ATE dentro del ente, Mónica Leiva, explicó en declaraciones a LU5 que los fallos son controvertidos porque las empresa presentan “un recurso de amparo para no ser revisados sus camiones, incluso esos camiones que han presentado infracciones y ellos dicen que tienen un estatus sanitario perfecto, entonces no deberían ser controlados en la provincia. Otra de las cosas fundamentales es que ellos no quieren que se cobre la tasa de reinspección bromatológica que es con lo que se sustenta también el organismo”.

La imposibilidad para cobrar este canon vacía las arcas del organismo y esto trajo incertidumbre a sus trabajadores, quienes se mantienen con medidas de fuerza. Explicaron que “este mes se pago 10 días después de lo que estábamos acostumbrados a cobrar, nos avisaron que para el mes que viene la plata de los sueldos no estaba garantizada”. Mencionó que hasta ayer se encontraban con medidas de fuerza y que pasaron a un cuarto intermedio hasta el 22 de agosto donde continuarán.

Con relación a las resoluciones judiciales, Leiva señaló que “todo tiene que ver con las empresas que han presentado los amparos, son multinacionales” y aclaró que “es una política del gobierno nacional amparado por el provincial también”.

Agregó que el Cippa debe ser reestructurado pero que “hay poco interés desde la oficina central de querer hacer algo con reconvertir esto, porque si bien la promesa de la oficina es hacer una reconversión de lo que es el Cippa tampoco hay interés de sentarse a trabajar en una propuesta clara”.

En ese contexto mencionó que “estamos trabajando en un propuesta, que no es nuestro problema, pero estamos haciendo una propuesta para reconvertir el Cippa porque lo que manifiestan estas empresas grandes es que nosotros funcionamos como una aduana interna, si bien estamos en el ingreso a la provincia lo que queremos garantizar es que los alimentos sean controlados”.