Un fallo muy raro

Si oficialistas y opositores coinciden en algo, es en interpretar casi todo cuanto sucede en el mundillo judicial en términos netamente políticos, ya que muy pocos creen que en nuestro país la Justicia pueda obrar de forma ecuánime. Fue de prever, pues, que la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman días antes de su muerte en circunstancias extrañas sería festejada por miembros del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otros la atribuirían a presiones en su contra, manifestándose sorprendidos por la premura con que el magistrado alcanzó su conclusión y el escaso respeto que mostró en su escrito por el trabajo de Nisman y su sucesor en la causa, el fiscal Gerardo Pollicita. Puede que Rafecas esté en lo cierto cuando señala que no existen las condiciones para que se ponga en marcha una investigación penal de la conducta de la presidenta y el canciller Héctor Timerman por el giro abrupto que dieron a la política exterior al optar por tratar a los iraníes como si a su entender estuvieran dispuestos a permitir que juristas argentinos interrogaran a miembros de la elite gobernante de su país, pero su manera de justificar dicha hipótesis ha planteado más preguntas que respuestas. Según Rafecas, puesto que “el Memorándum de Entendimiento con Irán nunca cobró vida”, Cristina “no podía encubrir a nadie”. ¿Es que el juez supone que, de haberse creado, como querían los funcionarios del gobierno kirchnerista y “militantes” como el piquetero Luis D’Elía y el mandamás de Quebracho, Fernando Esteche, una comisión de la verdad bilateral argentina-iraní para investigar el atentado contra la AMIA en que murieron 85 personas, la presidenta, Timerman y sus ayudantes coyunturales sí hubieran sido culpables del delito de encubrimiento? Es lo que, en efecto, dice Rafecas al argüir que, de no haber sido por el fracaso de la maniobra ensayada por el gobierno con el presunto propósito de reconciliarse con integrantes del régimen teocrático iraní amenazados por las órdenes internacionales de captura que había pedido la Justicia argentina, a Cristina y los demás acusados les sería sumamente difícil probar su inocencia. ¿Quería decir Rafecas que, en esta oportunidad por lo menos, los encargados de la política exterior del país se han visto beneficiados por su evidente falta de profesionalismo? Convendría que lo aclarara. Asimismo, llama la atención que el fallo con el que el juez acaba de dar una alegría al gobierno contenga piropos dirigidos a Cristina, ya que habla maravillas de lo consecuente que en su opinión ha sido su trayectoria a lo largo de 20 años “en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado”, todo lo cual es muy conmovedor pero parece un tanto desubicado en un fallo judicial en que, sería de suponer, el autor procuraría abstenerse de formular juicios políticos que se asemejan a declaraciones de fe oficialista. Por razones comprensibles, la presidenta, el canciller y los legisladores que aprobaron el intento del gobierno de indultar a los iraníes acusados de planear el atentado terrorista más mortífero de la historia de nuestro país quisieran que el tema dejara de provocar polémicas y por lo tanto esperan que el fallo de Rafecas les permita ponerle un punto final. Sin embargo, aun cuando los directamente involucrados en el asunto no se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia, el que de acuerdo común haya sido un error grotesco el pacto fallido con un régimen adicto a métodos terroristas, uno cuyo jefe, no lo olvidemos, actuó como un capo mafioso al condenar a muerte a un escritor extranjero luego de la publicación de una novela que nunca leyó pero que le dijeron que era blasfema, continuará motivando desconcierto por mucho tiempo más. Si bien muchos aún creen que el gobierno optó por reconciliarse con los iraníes por razones comerciales, parecería que pesaron mucho más los sentimientos antinorteamericanos de la presidenta y otros miembros de su entorno, en especial los vinculados con el caudillo venezolano Hugo Chávez. Tal vez Rafecas, que en su fallo no procuró ocultar la admiración que siente por la voluntad de la presidenta de luchar para que triunfen sus convicciones y valores, podría decirnos por qué actuó de tal modo que terminó acusada de cometer un delito muy grave.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 28 de febrero de 2015


Si oficialistas y opositores coinciden en algo, es en interpretar casi todo cuanto sucede en el mundillo judicial en términos netamente políticos, ya que muy pocos creen que en nuestro país la Justicia pueda obrar de forma ecuánime. Fue de prever, pues, que la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman días antes de su muerte en circunstancias extrañas sería festejada por miembros del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otros la atribuirían a presiones en su contra, manifestándose sorprendidos por la premura con que el magistrado alcanzó su conclusión y el escaso respeto que mostró en su escrito por el trabajo de Nisman y su sucesor en la causa, el fiscal Gerardo Pollicita. Puede que Rafecas esté en lo cierto cuando señala que no existen las condiciones para que se ponga en marcha una investigación penal de la conducta de la presidenta y el canciller Héctor Timerman por el giro abrupto que dieron a la política exterior al optar por tratar a los iraníes como si a su entender estuvieran dispuestos a permitir que juristas argentinos interrogaran a miembros de la elite gobernante de su país, pero su manera de justificar dicha hipótesis ha planteado más preguntas que respuestas. Según Rafecas, puesto que “el Memorándum de Entendimiento con Irán nunca cobró vida”, Cristina “no podía encubrir a nadie”. ¿Es que el juez supone que, de haberse creado, como querían los funcionarios del gobierno kirchnerista y “militantes” como el piquetero Luis D’Elía y el mandamás de Quebracho, Fernando Esteche, una comisión de la verdad bilateral argentina-iraní para investigar el atentado contra la AMIA en que murieron 85 personas, la presidenta, Timerman y sus ayudantes coyunturales sí hubieran sido culpables del delito de encubrimiento? Es lo que, en efecto, dice Rafecas al argüir que, de no haber sido por el fracaso de la maniobra ensayada por el gobierno con el presunto propósito de reconciliarse con integrantes del régimen teocrático iraní amenazados por las órdenes internacionales de captura que había pedido la Justicia argentina, a Cristina y los demás acusados les sería sumamente difícil probar su inocencia. ¿Quería decir Rafecas que, en esta oportunidad por lo menos, los encargados de la política exterior del país se han visto beneficiados por su evidente falta de profesionalismo? Convendría que lo aclarara. Asimismo, llama la atención que el fallo con el que el juez acaba de dar una alegría al gobierno contenga piropos dirigidos a Cristina, ya que habla maravillas de lo consecuente que en su opinión ha sido su trayectoria a lo largo de 20 años “en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado”, todo lo cual es muy conmovedor pero parece un tanto desubicado en un fallo judicial en que, sería de suponer, el autor procuraría abstenerse de formular juicios políticos que se asemejan a declaraciones de fe oficialista. Por razones comprensibles, la presidenta, el canciller y los legisladores que aprobaron el intento del gobierno de indultar a los iraníes acusados de planear el atentado terrorista más mortífero de la historia de nuestro país quisieran que el tema dejara de provocar polémicas y por lo tanto esperan que el fallo de Rafecas les permita ponerle un punto final. Sin embargo, aun cuando los directamente involucrados en el asunto no se vean obligados a rendir cuentas ante la Justicia, el que de acuerdo común haya sido un error grotesco el pacto fallido con un régimen adicto a métodos terroristas, uno cuyo jefe, no lo olvidemos, actuó como un capo mafioso al condenar a muerte a un escritor extranjero luego de la publicación de una novela que nunca leyó pero que le dijeron que era blasfema, continuará motivando desconcierto por mucho tiempo más. Si bien muchos aún creen que el gobierno optó por reconciliarse con los iraníes por razones comerciales, parecería que pesaron mucho más los sentimientos antinorteamericanos de la presidenta y otros miembros de su entorno, en especial los vinculados con el caudillo venezolano Hugo Chávez. Tal vez Rafecas, que en su fallo no procuró ocultar la admiración que siente por la voluntad de la presidenta de luchar para que triunfen sus convicciones y valores, podría decirnos por qué actuó de tal modo que terminó acusada de cometer un delito muy grave.

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