Un “festival” muy caro

El bochornoso final de la sesión del Senado donde se dio media sanción al proyecto de reforma judicial, con verdadero festival de creación de cargos y estructuras en diferentes provincias que agigantan el costo del proyecto, demuestra lo arbitraria e inoportuna que resulta la iniciativa en estos momentos de grave crisis económica y sanitaria.

Es uno de los proyectos centrales planteados por el presidente Alberto Fernández en su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. El objetivo declarado es modernizar y generar un servicio de justicia eficiente, trasparente, con verdadera independencia y terminar con la relación espuria entre servicios de inteligencia, intereses económicos, operadores políticos, jueces y funcionarios judiciales que han generado un sistema lejano al ciudadano y al servicio del poder de turno. Sin embargo, desde su redacción tal objetivo se vio tergiversado por procederes poco democráticos en su análisis y la intención -nada solapada- de una vicepresidenta de tener bajo control al Poder que la juzga.

Desde su presentación ante el Senado, se advirtió la intención de una aprobación “express” y a la medida del kirchnerismo, lo que generó el alejamiento de figuras independientes y de la oposición moderada que hubieran contribuido a mejorar la iniciativa. Un caso emblemático fue la enmienda bautizada como “cláusula Parrilli”, ideada por el senador neuquino y que proponía la obligación de los magistrados de denunciar las “presiones” que sufrieran, incluyendo las “mediáticas”. El apartado no podía ser visto de otra manera que un intento de coartar la libertad de prensa, y fue retirado.

Más allá de las chicanas políticas, lo más grave de la sesión fue la incorporación a último momento, entre bambalinas y antes de votar, de casi 30 páginas con decenas de modificaciones al texto que se había estado discutiendo toda la noche, sin previo aviso a la bancada opositora.

Las enmiendas coladas antes de la votación en parte se refieren a exámenes en los concursos de selección, sorteos de causas, definiciones sobre la unificación de fueros con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el retiro de la grotesca “cláusula Parrilli”.

Pero lo más importante fue la creación de Cámaras y Juzgados Federales en varias provincias (incluyendo la Cámara Federal de General Roca) que obedecen más al intento de ganar apoyo de los gobernadores y captar votos remisos para la discusión en Diputados (donde el gobierno aún no reúne el número para aprobar el proyecto) que a las reales necesidades de la Justicia Federal en esos distritos. La modificación implicó, en 15 minutos, pasar de los 279 cargos pensados a la creación de 1.739 puestos que incluyen camaristas, jueces, fiscales, secretarios y empleados, que demandarán un presupuesto de hasta 10.000 millones de pesos, casi el triple del costo del proyecto enviado por el presidente.

El saldo fue un texto que satisfizo a pocos. Cristina Fernández tuiteó antes de la sesión que no es la reforma que ella esperaba y voceros del presidente señalaron su enojo con aspectos de la iniciativa, que serían cambiados en Diputados. Todo el arco opositor mostró contrariedad con el proyecto. El ex gobernador rionegrino Alberto Weretilnek -a diferencia de sus pares senadores de la provincia- se mostraba crítico (al punto de no firmar el dictamen de comisión), pero inesperadamente votó a favor del oficialismo esa madrugada.

Es evidente que nuestra justicia funciona mal y debe cambiarse. Pero eso no significa aceptar cualquier reforma. Cabe preguntarse cuál es el verdadero sentido de un proyecto hecho por un reducido grupo de expertos, sin discusión pública, abierta y participativa, que termina desvirtuado por intereses políticos de una facción. Y con un abierto intercambio de favores que multiplicará exponencialmente el gasto público en momentos en que nuestro país se acerca al pico de contagios de la pandemia con personal sanitario agotado, mal equipado y mal pago, una estructura de salud endeble y en medio de una crisis económica y social sin precedentes.