Un galardón nada deseable
De tomarse en serio ciertas declaraciones oficiales, entre ellas algunas formuladas por el entonces presidente Néstor Kirchner luego de hacer de la disputa en torno de las papeleras de Fray Bentos una “causa nacional”, la Argentina es uno de los países más ecológicamente correctos del mundo entero, mientras que el vecino Uruguay está en manos de delincuentes ambientales que, por viles motivos comerciales, permiten que capitalistas finlandeses inunden la región de efluentes tóxicos. Por desgracia, sólo se trata de un relato imaginativo. Como acaban de recordarnos dos organizaciones ambientalistas prestigiosas, desde hace mucho tiempo nuestros gobernantes se han destacado por su indiferencia frente a la contaminación brutal provocada por empresas públicas y privadas no reguladas para las cuales el país es un inmenso basurero. Según las entidades especializadas, Green Cross International, de Suiza, y el Blacksmith Institute, de Estados Unidos, nos las hemos arreglado para crear, en una de las zonas más densamente pobladas del país, el octavo lugar más contaminado del planeta, detrás de algunos en África, países asiáticos paupérrimos como Bangladesh y, desde luego, localidades de la ex Unión Soviética como Chernobyl. Se trata, claro está, del Riachuelo. Aunque el gobierno actual, urgido por la Corte Suprema y por diversas organizaciones ambientalistas, se ha esforzado por avanzar en el saneamiento de la cuenca La Matanza-Riachuelo, aún le queda muchísimo por hacer, lo que no es sorprendente ya que se cuentan por miles las plantas industriales que se han acostumbrado a mofarse de la ley y los basurales a cielo abierto siguen apareciendo. Es muy fácil comprometerse a limpiar por completo el Riachuelo para que sea una especie de paraíso terrestre, pero son tantos los problemas económicos, sindicales, políticos y administrativos que obstaculizan los intentos en tal sentido que las medidas que se han aplicado distan de haber brindado los resultados previstos. Por lo demás, es de temer que, al ralentizarse la economía y agravarse los problemas de caja de un gobierno habituado a gastar dinero público conforme a criterios netamente políticos, se frenen abruptamente los programas que están en marcha, con la esperanza por parte de los kirchneristas de que los perjudicados atribuyan una decisión en tal sentido al gobernador bonaerense Daniel Scioli y al jefe del gobierno porteño Mauricio Macri. No se equivocan quienes dicen que la situación sería menos grave si casi todos los habitantes de las zonas más tóxicas no fueran pobres. Lo sería porque personas de ingresos relativamente altos, en el caso poco probable de que optaran por permanecer en una zona tan peligrosa como la de la cuenca La Matanza-Riachuelo, protestarían de forma muy ruidosa si empresarios inescrupulosos siguieran contaminando el vecindario en que viven, pero ocurre que en todos los países del mundo es normal que gente de recursos limitados formen asentamientos en lugares insalubres y por lo tanto baratos. No es una cuestión de discriminación social y económica sino la consecuencia previsible de la cultura de la desidia y del desprecio por las reglas que se ha consolidado en tantos sectores políticos y empresariales. Asimismo, con el paso de los años el desafío planteado por la contaminación de la cuenca La Matanza-Riachuelo ha alcanzado proporciones tan imponentes que superarlo sería sumamente difícil. Como siempre sucede cuando un problema se hace “estructural”, para resolverlo sería necesario vulnerar lo que los empresarios beneficiados suponen son derechos adquiridos, ya que siempre han volcado al río sustancias venenosas y se resisten a modificar su conducta. Puesto que en los distritos más afectados los empresarios locales suelen contar con una cuota significante de poder político, están en condiciones de convencer a las autoridades de que les convendría flexibilizar las exigencias. Según los ambientalistas, es lo que ha sucedido en la zona, ya que las pautas que se ven constreñidos a respetar son permisivas en comparación con las internacionales, razón por la que siguen echando contaminantes al río y por lo tanto atentando contra la salud de quienes viven en lugares que, para los responsables del informe de Green Cross y el Blacksmith Institute, deberían considerarse “inapropiados para los humanos”.
