Un hundimiento sintomático

Por Redacción

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, no tiene por qué ser “un experto en buques”, pero sería de suponer que en la repartición que encabeza hay muchos especialistas en temas navales que podrían explicarle las razones por las que se hundió el destructor “Santísima Trinidad” mientras estaba amarrado en la base naval de Puerto Belgrano. Sin embargo, como ya es habitual cuando están en apuros funcionarios del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Puricelli cayó en la tentación de atribuir la desgracia más reciente a un acto de sabotaje. Se entiende: todos los reveses sufridos por el gobierno –apagones prolongados, tragedias ferroviarias, la detención de la fragata “Libertad” en África, la inflación– se deben forzosamente a la según parece ubicua “mano negra” de conspiradores reaccionarios vinculados con lo peor del pasado nacional y los infaltables intereses extranjeros representados, últimamente, por los nunca adecuadamente denostados fondos buitre. ¿Es así? Aunque siempre habrá individuos malintencionados, en la actualidad la negligencia, la desidia y la irresponsabilidad de quienes ocupan lugares clave en el gobierno a base de su presunta “lealtad” política son mucho más peligrosas que los enemigos fustigados por los voceros oficiales. Si bien es factible que una persona determinada se las haya arreglado para hundir al destructor “Santísima Trinidad”, brindando de tal modo un espectáculo insólito que por cierto no ha contribuido a mejorar nuestra imagen internacional, la verdad es que a un eventual saboteador no le hubiera resultado nada difícil hacerlo. Todas las embarcaciones que conforman la flota naval se encuentran en un estado tan lamentable que, según se informa, de las 60 que posee la Armada sólo 16 pueden arriesgarse en alta mar, aunque ellas también podrían correr la suerte de la corbeta “Espora” que, por desperfectos mecánicos, tuvo que permanecer casi tres meses en Sudáfrica. Asimismo, la mayoría de los aviones de la Fuerza Aérea no están en condiciones de volar y, en el caso poco probable de que estallara un conflicto bélico en la región, a las unidades del Ejército les sería problemático trasladarse al frente de batalla. Parecería que el gobierno de los Kirchner ha optado por el desarme unilateral, lo que, por tratarse de uno de retórica tan nacionalista, es un tanto paradójico. El que el presupuesto militar jibarizado, el más chico en términos porcentuales de América Latina, haya llevado a la virtual inutilización de las Fuerzas Armadas se debe a algo más que el sesgo antimilitarista muy fuerte del gobierno actual. Se trata de un síntoma de un mal que afecta al país en su conjunto. Sucede que casi todo el gasto público se ve invertido, por decirlo así, en salarios, dejando muy poco para la compra de nuevos equipos, el mantenimiento de los existentes, obras de infraestructura y otras necesidades. Casi todas las grandes obras de infraestructura que aún se dan fueron construidas hace décadas, pero, como nos recuerdan con regularidad las inundaciones que con frecuencia provocan estragos en muchos centros urbanos, ya están tan dilapidadas que en cualquier momento podrían derrumbarse. El hundimiento del destructor “Santísima Trinidad”, pues, no ha sido más que otra manifestación de un fenómeno que por cierto no se limita a las Fuerzas Armadas nacionales. A pesar de los años de crecimiento macroeconómico “a tasas chinas”, se ha invertido muy poco en transporte –de ahí la condición calamitosa de lo que aún queda de la red ferroviaria–, en viviendas o en el sector energético. Tampoco había dinero suficiente como para llevar a cabo las obras precisas para limpiar de una vez el Riachuelo: la autoridad a cargo de la tarea inmensa así supuesta acaba de declararse en emergencia financiera porque, según los ambientalistas, el gobierno nacional prefirió entregar los fondos necesarios al programa propagandístico Fútbol para Todos. Por fortuna, el progreso tecnológico, merced a los esfuerzos de norteamericanos, europeos y asiáticos, nos ha ahorrado los problemas que de otro modo enfrentaríamos en materia de comunicaciones electrónicas, si bien las medidas proteccionistas implementadas por el gobierno han limitado el acceso de buena parte de la ciudadanía a los artefactos más avanzados.

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