Un juez diferente
En cierto modo, podría considerarse lógico que el ministro más respetado o, si se prefiere, menos cuestionado de los nueve que conformaban la Corte Suprema hasta el lunes haya sido el primero en renunciar, atribuyendo su decisión al «hartazgo espiritual» que dice sentir luego del acoso prolongado que ha sufrido a manos de políticos resueltos a reemplazar el tribunal existente por otro más acorde con sus gustos. Puesto que los comprometidos con la ofensiva general contra la Corte no han manifestado mucho interés en discriminar a la hora de seleccionar a sus blancos, Gustavo Bossert se vio tratado como si fuera un miembro más de la llamada mayoría automática leal a Carlos Menem a la que siempre se había opuesto, situación que, como es natural, le pareció sumamente injusta. En cuanto a quienes integran dicha «mayoría», es de suponer que por creerse partícipes de una interna netamente política no se han sentido demasiado preocupados por el lenguaje moralizador empleado por sus adversarios. A diferencia de casi todos sus pares, Bossert no pudo ser considerado militante de ningún movimiento político, aunque ciertos radicales han procurado hacer pensar que el puesto que había ocupado pertenece a su propio partido debido a que el «padrino» del juez que acaba de irse fue Raúl Alfonsín, razón por la que habrá tomado más a pecho las acusaciones formuladas en su contra y el desprecio evidente de amplios sectores ciudadanos por los ministros de la Corte sin excepción.
De todas maneras, como siempre ocurre al producirse una vacante en la Corte Suprema, las distintas agrupaciones políticas están maniobrando con la esperanza de ubicar a uno de los suyos en una posición clave que podría conservar durante décadas. Tal aspiración es comprensible y legítima: si uno realmente cree en una ideología determinada, también querrá que los responsables de fallar sobre asuntos de gran importancia para el país lo hagan sobre la base de los mismos prejuicios. Así las cosas, no sorprende en absoluto que el presidente Eduardo Duhalde ya haya pensado en aprovechar la oportunidad que ha recibido para asegurar que la corriente que encabeza sea representada en la Corte Suprema aunque, según el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, «se va a tomar su tiempo para resolver el tema», mientras que otros afirman que debería dejar la designación del sucesor de Bossert al próximo presidente. Si bien en principio tal planteo parece sensato, dadas las circunstancias quizás convendría que el gobierno duhaldista propusiera a un jurista respetado, de independencia reconocida, aunque sólo fuera con el propósito de congraciarse con la opinión política que está reclamando mejoras inmediatas, porque no hay garantía alguna de que el caótico proceso electoral en marcha dé pie a un gobierno más escrupuloso que el actual. Por el contrario, de triunfar Carlos Menem o Adolfo Rodríguez Saá, la presencia en la Corte Suprema de un juez que esté firmemente consustanciado con los ideales republicanos reduciría el riesgo de que haya más arbitrariedades de la clase a la que los «caudillos» aludidos nos tienen tan habituados.
En todos los países de tradiciones jurídicas afines a las nuestras, es considerado fundamental que la composición de la Corte no refleje con precisión excesiva aquella del gobierno de turno, lo cual significa que en períodos de inestabilidad política son inevitables los conflictos entre la mayoría de los miembros del tribunal y las corrientes políticas coyunturalmente dominantes. Por mucho que la Corte actual deje que desear, no es malo que haya logrado resistirse a las embestidas furibundas de legisladores aristas, radicales y peronistas indignados porque siguen ocupando sus puestos personajes vinculados con un presidente que terminó su mandato hace casi tres años, aunque tal triunfo sí plantearía graves problemas si Menem lograra volver. Además, los episodios de los meses que han transcurrido desde que Duhalde dio su apoyo al esfuerzo por defenestrar a los nueve jueces han servido para recordar a muchos que remodelar la Corte Suprema no es tan fácil como, con ligereza imperdonable, habían supuesto. Asimismo, es innecesario decirlo, han asegurado que la búsqueda del sucesor de Bossert será vigilada desde cerca no sólo por los políticos, sino también por una proporción nada desdeñable de la ciudadanía.
En cierto modo, podría considerarse lógico que el ministro más respetado o, si se prefiere, menos cuestionado de los nueve que conformaban la Corte Suprema hasta el lunes haya sido el primero en renunciar, atribuyendo su decisión al "hartazgo espiritual" que dice sentir luego del acoso prolongado que ha sufrido a manos de políticos resueltos a reemplazar el tribunal existente por otro más acorde con sus gustos. Puesto que los comprometidos con la ofensiva general contra la Corte no han manifestado mucho interés en discriminar a la hora de seleccionar a sus blancos, Gustavo Bossert se vio tratado como si fuera un miembro más de la llamada mayoría automática leal a Carlos Menem a la que siempre se había opuesto, situación que, como es natural, le pareció sumamente injusta. En cuanto a quienes integran dicha "mayoría", es de suponer que por creerse partícipes de una interna netamente política no se han sentido demasiado preocupados por el lenguaje moralizador empleado por sus adversarios. A diferencia de casi todos sus pares, Bossert no pudo ser considerado militante de ningún movimiento político, aunque ciertos radicales han procurado hacer pensar que el puesto que había ocupado pertenece a su propio partido debido a que el "padrino" del juez que acaba de irse fue Raúl Alfonsín, razón por la que habrá tomado más a pecho las acusaciones formuladas en su contra y el desprecio evidente de amplios sectores ciudadanos por los ministros de la Corte sin excepción.
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