Un pacto inexplicable
El gobierno nacional habrá previsto que el acuerdo con Irán por el caso de la AMIA, el que según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es de importancia “histórica”, motivaría algunas polémicas, pero no parece haberse preparado para enfrentar la reacción indignada de los familiares de las víctimas, todos los opositores, los voceros habitualmente cautos de las organizaciones judías más representativas y los gobiernos de Israel, Estados Unidos y otros países occidentales. Antes bien, parece sentirse sorprendido por la voluntad de todos salvo los militantes incondicionales de manifestar su repudio a una iniciativa que la mayoría considera vergonzosa, ya que supone el reemplazo de la Justicia argentina por la iraní que, es innecesario decirlo, se basa en principios que nos son radicalmente ajenos, para que los acusados de haber planeado el atentado terrorista más mortífero que ha sufrido el país se investiguen a sí mismos. Además de resultar cuestionable el acuerdo porque sería absurdo suponer que los teócratas iraníes estarían dispuestos a sacrificar a su ministro de Defensa, un expresidente y otros líderes, entregándolos en efecto a un tribunal occidental, a fin de congraciarse con Cristina, en opinión de muchos lo que está haciendo el gobierno kirchnerista no tiene ningún sentido. Asimismo, desgraciadamente para Cristina y también para Timerman, el régimen iraní no ha hecho esfuerzo alguno por ayudarlos. Por el contrario, ya antes de intentar el canciller defender el memorándum ante una comisión del Senado la agencia oficial de la República Islámica se las arregló para humillarlos al atribuir el atentado a la AMIA a “agentes de Tel Aviv” con el propósito de “ejercer influencia sobre el entonces gobierno de Buenos Aires”, de tal manera informándonos que no se le ocurriría colaborar con los interesados en llegar a la verdad. Por cierto, los esfuerzos del presunto responsable del memorándum que se firmó hace poco en Etiopía, el canciller Héctor Timerman, por explicar por qué estaba dispuesto a subordinar la ley argentina a un tratado internacional con un país tan poco confiable como Irán, no han convencido a nadie, con la excepción hipotética de ciertos legisladores resueltamente verticalistas, ya que tuvo que reconocer que los acusados de estar detrás del atentado que mató a 85 personas en nuestro país hace 19 años podrían negarse a colaborar con una “comisión de la verdad” conformada por juristas internacionales que, desde luego, tendrían que contar con el aval de los líderes religiosos iraníes. Todo sería más comprensible si estuvieran en juego intereses económicos significantes, pero el gobierno mismo asegura que no es así. En cuanto a las eventuales ventajas políticas del acercamiento a un régimen tan repugnante como el iraní –el propio Timerman dijo que “no es ningún placer sentarse con negadores del Holocausto”–, parecen sumamente limitadas: a lo sumo, Cristina habrá logrado merecer la aprobación de personajes como el piquetero Luis D’Elía, los dependientes de Hugo Chávez en Caracas y, en La Habana, los hermanos Castro. Puesto que las ventajas que en teoría brindaría el acuerdo con los brutales teócratas iraníes son tan escasas y los costos políticos de la iniciativa ya han resultado ser muy grandes, puede entenderse el desconcierto, para no decir el estupor, que tantos sienten ante el espectacular giro diplomático que ha emprendido el gobierno kirchnerista al distanciarse de golpe del resto del mundo occidental. Es por lo tanto legítimo preguntarse: ¿por qué eligió Cristina tomar una decisión tan arriesgada a cambio de virtualmente nada? Tal vez porque la presidenta realmente haya creído verse frente a una oportunidad irrepetible para anotarse un triunfo “histórico” impulsando una maniobra supuestamente astuta destinada a permitirle avanzar en la causa de la AMIA, algo que sus antecesores en el cargo no fueron capaces de hacer. De ser así, otro político ya se habría dado cuenta de las dimensiones del error cometido, pero por tratarse de una mandataria que nunca jamás admitiría haberse equivocado, habrá optado por mantenerse en sus trece y, mientras tanto, hacer gala de su poder omnímodo obligando a sus seguidores a obedecer sus órdenes, por extravagantes que éstas parezcan a ojos de quienes no militan en el oficialismo.
El gobierno nacional habrá previsto que el acuerdo con Irán por el caso de la AMIA, el que según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es de importancia “histórica”, motivaría algunas polémicas, pero no parece haberse preparado para enfrentar la reacción indignada de los familiares de las víctimas, todos los opositores, los voceros habitualmente cautos de las organizaciones judías más representativas y los gobiernos de Israel, Estados Unidos y otros países occidentales. Antes bien, parece sentirse sorprendido por la voluntad de todos salvo los militantes incondicionales de manifestar su repudio a una iniciativa que la mayoría considera vergonzosa, ya que supone el reemplazo de la Justicia argentina por la iraní que, es innecesario decirlo, se basa en principios que nos son radicalmente ajenos, para que los acusados de haber planeado el atentado terrorista más mortífero que ha sufrido el país se investiguen a sí mismos. Además de resultar cuestionable el acuerdo porque sería absurdo suponer que los teócratas iraníes estarían dispuestos a sacrificar a su ministro de Defensa, un expresidente y otros líderes, entregándolos en efecto a un tribunal occidental, a fin de congraciarse con Cristina, en opinión de muchos lo que está haciendo el gobierno kirchnerista no tiene ningún sentido. Asimismo, desgraciadamente para Cristina y también para Timerman, el régimen iraní no ha hecho esfuerzo alguno por ayudarlos. Por el contrario, ya antes de intentar el canciller defender el memorándum ante una comisión del Senado la agencia oficial de la República Islámica se las arregló para humillarlos al atribuir el atentado a la AMIA a “agentes de Tel Aviv” con el propósito de “ejercer influencia sobre el entonces gobierno de Buenos Aires”, de tal manera informándonos que no se le ocurriría colaborar con los interesados en llegar a la verdad. Por cierto, los esfuerzos del presunto responsable del memorándum que se firmó hace poco en Etiopía, el canciller Héctor Timerman, por explicar por qué estaba dispuesto a subordinar la ley argentina a un tratado internacional con un país tan poco confiable como Irán, no han convencido a nadie, con la excepción hipotética de ciertos legisladores resueltamente verticalistas, ya que tuvo que reconocer que los acusados de estar detrás del atentado que mató a 85 personas en nuestro país hace 19 años podrían negarse a colaborar con una “comisión de la verdad” conformada por juristas internacionales que, desde luego, tendrían que contar con el aval de los líderes religiosos iraníes. Todo sería más comprensible si estuvieran en juego intereses económicos significantes, pero el gobierno mismo asegura que no es así. En cuanto a las eventuales ventajas políticas del acercamiento a un régimen tan repugnante como el iraní –el propio Timerman dijo que “no es ningún placer sentarse con negadores del Holocausto”–, parecen sumamente limitadas: a lo sumo, Cristina habrá logrado merecer la aprobación de personajes como el piquetero Luis D’Elía, los dependientes de Hugo Chávez en Caracas y, en La Habana, los hermanos Castro. Puesto que las ventajas que en teoría brindaría el acuerdo con los brutales teócratas iraníes son tan escasas y los costos políticos de la iniciativa ya han resultado ser muy grandes, puede entenderse el desconcierto, para no decir el estupor, que tantos sienten ante el espectacular giro diplomático que ha emprendido el gobierno kirchnerista al distanciarse de golpe del resto del mundo occidental. Es por lo tanto legítimo preguntarse: ¿por qué eligió Cristina tomar una decisión tan arriesgada a cambio de virtualmente nada? Tal vez porque la presidenta realmente haya creído verse frente a una oportunidad irrepetible para anotarse un triunfo “histórico” impulsando una maniobra supuestamente astuta destinada a permitirle avanzar en la causa de la AMIA, algo que sus antecesores en el cargo no fueron capaces de hacer. De ser así, otro político ya se habría dado cuenta de las dimensiones del error cometido, pero por tratarse de una mandataria que nunca jamás admitiría haberse equivocado, habrá optado por mantenerse en sus trece y, mientras tanto, hacer gala de su poder omnímodo obligando a sus seguidores a obedecer sus órdenes, por extravagantes que éstas parezcan a ojos de quienes no militan en el oficialismo.
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