Un país en libertad condicional

rOBERTO CACHANOSKY (*) Economía para Todos

Derechos individuales, transformados en delito por el gobierno

Cada día que pasa, el discurso del gobierno tiende a tratar de convencernos de que los derechos de los habitantes empiezan a transformarse en delitos y que lo que son delitos y abuso del uso del poder, son derechos de los gobernantes que buscan el bienestar de la población. Si hoy alguien quiere ejercer su derecho a enviar sus ahorros al exterior porque desconfía de la seguridad jurídica, según el discurso del gobierno es un delincuente, cuando en rigor el acto delictivo lo comete el Estado violando el derecho de propiedad y generando inseguridad jurídica. Si alguien quiere comprar dólares para defenderse de la inflación, o porque se le da la gana, es un delincuente. Justamente el viernes pasado, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, afirmó que el mercado marginal o blue hay que verlo como un acto delictivo. Siendo que el dólar es una mercadería como cualquier otra, no se entiende por qué comprar una simple mercadería llamada dólar se transforma en un acto delictivo y no es un delito prostituir el valor del peso. ¿Por qué es delito defenderse de la inflación que genera el Estado y no lo es destruir el peso como moneda? Si alguien quiere, con el fruto de su trabajo, comprar una mercadería importada es un delincuente si el Estado no lo autoriza, pero no es un acto delictivo que un funcionario público utilice el monopolio de la fuerza para violar el derecho a que cada uno utilice sus ingresos como mejor le parezca y compre lo que considera más conveniente para él. Alguien que emite una opinión sobre la evolución del mercado inmobiliario inmediatamente es denunciado públicamente por su situación fiscal, desviando el tema de lo que ocurre realmente en dicho mercado, y el derecho a la libre expresión pasa a ser reprimido. Lo concreto es que aquí se están cambiando los valores fundamentales. Los derechos de los ciudadanos son transformados en delitos mediante el discurso K, mientras que las violaciones al orden jurídico y el abuso del poder por parte de los funcionarios públicos son presentadas como un derecho del gobierno, que si alguien llega a discutir es el enemigo o el destituyente. Es decir, la violación al Estado de derecho se transforma en algo legítimo y los derechos de los habitantes en delitos. Con este cambio de roles, resulta obvio que el “vamos por todo” no es otra cosa que intentar establecer una autocracia. Hemos aceptado que nos prohíban comprar lo que queremos, producir y vender lo que deseamos, ahorrar como se nos da la gana, viajar al exterior sin restricciones, que nos obliguen a soportar una enorme carga tributaria sin poder saber en qué se gasta, que la AFIP nos persiga sin derecho a la defensa por opinar diferente, a que nos metan miedo si hablamos y a soportar una cadena tras otra para que nos reten. En fin, la lista es tan grande que prácticamente por cualquier cosa que hacemos pasamos a ser delincuentes para el gobierno o merecemos una reprimenda de su “majestad”. En síntesis, si seguimos este rumbo, cada uno de nosotros va a estar en libertad condicional y siendo atropellado por un gobierno que ha perdido legitimidad al usar el monopolio de la fuerza para violar nuestros derechos. Para finalizar, cabe recordar el artículo 29 de la Constitución que, si algún día se recupera la República, debería ser aplicado con todo rigor: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. (*) Licenciado en Economía