Un poco de seriedad

Desde hace meses los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea afirman que estarían más que dispuestos a ayudar a la Argentina en cuanto sus autoridades logren confeccionar un plan que sea lo bastante «sustentable» y «coherente» como para merecer la aprobación del FMI, lo cual es una forma poco sutil de decir que a su juicio las propuestas formuladas por Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá y, últimamente, Eduardo Duhalde no han servido para mucho. Tal exigencia puede entenderse porque no tendría sentido que el mundo exterior continuara subsidiando esquemas que siempre serán incapaces de funcionar, pero es una lástima que dichos reclamos hayan procedido de representantes del establishment internacional, no de la sociedad argentina misma, porque ha permitido a ciertos integrantes del gobierno asumir el papel de defensor de los intereses nacionales contra las presiones extranjeras, tesitura que, como sabemos, suele llevarlos al extremo ridículo de actuar como si manejar mal la economía fuera un deber patriótico.

Desgraciadamente para casi todos, en nuestro país esta manera disparatada de interpretar la realidad económica ya es tradicional, de ahí las «luchas» esporádicas contra el FMI y otros organismos que, por motivos supuestamente siniestros, no comprenden que en la Argentina un mínimo de prolijidad es políticamente «inviable». Asimismo, políticos de virtualmente todas las tendencias se han habituado a atribuir tanto los problemas existentes como las medidas que se tomen para atenuarlos a la «dureza» del FMI, dando a entender que de no verse forzados a obedecerle el país sería un prodigio de prosperidad. Se trata de una forma de pensar que ha incidido profundamente en la conducta de políticos y sindicalistas, la mayoría de los cuales se las ha ingeniado para convencerse de que al país le conviene mofarse de sus compromisos o mostrarse reacio a poner sus asuntos en orden. A su modo, la actitud así manifestada se asemeja a la adoptada por el régimen militar frente a las protestas por las violaciones de los derechos humanos cuando proclamaba que respetarlos equivaldría a ceder ante las presiones ajenas.

Pues bien: debería ser innecesario decir que los más perjudicados por la incoherencia oficial y por la incapacidad al parecer congénita de los gobiernos nacionales para formular planes «sustentables» son los argentinos mismos. Que lo hecho por el ministro de Economía de turno caiga bien en el exterior es de escasa importancia en comparación con los resultados concretos de sus esfuerzos. Si sus medidas son incoherentes, la ciudadanía se verá obligada a pagar los costos. Si no son sustentables, pronto sobrevendrá una nueva crisis que arruine a empresas y familias, destruyendo empleos y convirtiendo a más personas en indigentes. Por lo tanto, es urgente que el gobierno de Duhalde consiga producir un «plan» que pueda mantenerse más de un par de semanas. A menos que lo haga, aquellos países que podrían ayudarnos seguirán esperando y, lo que es decididamente peor, la situación interna del país continuará deteriorándose con gran rapidez.

So pretexto de querer favorecer a los sectores más vulnerables, una sucesión de gobiernos radicales y peronistas se ha resistido con terquedad a frenar la expansión del gasto público, con el resultado de que millones de personas han caído en la miseria más absoluta, detalle que claramente no les ha impresionado demasiado porque siguen repitiendo los eslóganes de siempre. Por fortuna, la mayoría se ha dado cuenta de lo engañosa que ha sido su retórica al entender que lo que han «defendido» con tenacidad nada común no ha sido «la gente» sino el sistema político corporativo, clientelista e inenarrablemente corrupto que tantos beneficios les ha reportado. Claro, para un político como Duhalde, modificar el sistema del cual es un producto típico no constituye una tarea agradable, razón por la que el país tendrá que esperar hasta febrero antes de contar con un presupuesto que acaso resulte aceptable. Huelga decir que los motivos de la demora tienen mucho menos que ver con los problemas «técnicos», por complicados que éstos sean, que con la voluntad de los miembros del gobierno de proteger a un sinfín de intereses creados políticos.