Un revés en Nueva York

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La estrategia del gobierno de hacer de la negativa a pagar la deuda aún pendiente una gran causa nacional parece destinada a resultar tan infructuosa como la campaña en contra de las papeleras uruguayas que, luego de salir indemnes de una larga batalla política, económica y legal, recibieron la aprobación de la Corte Internacional de La Haya. Si bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios se afirman totalmente convencidos de que sus argumentos son tan contundentes que a ninguna persona decente se le ocurriría cuestionarlos, en otras latitudes su intransigencia motiva más extrañeza que simpatía. Por lo tanto, no ocasionó demasiada sorpresa la decisión de la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York de ratificar el fallo del juez Thomas Griesa, según el cual el gobierno de Cristina no tiene derecho a discriminar entre los diversos grupos de acreedores aun cuando se trate de fondos “buitre”, un calificativo insultante que, desde el punto de vista oficial, puede tener cierta importancia política pero que, en Estados Unidos por lo menos, carece de significado jurídico. Asimismo, los jueces neoyorquinos entendieron que, aunque la Argentina está en condiciones de pagar el dinero adeudado, el gobierno no quiere hacerlo. Según parece, no se sintieron conmovidos por la aseveración presidencial de que sentarse a negociar con el fondo especulativo NML-Elliot significaría poner en peligro la soberanía, la dignidad y la libertad de la Argentina. Una vez más, pues, la presidenta Cristina y sus colaboradores se ven constreñidos a elegir entre sus propias prioridades políticas y los intereses económicos del país. Aunque sean conscientes de que los beneficios económicos de reconciliarse con el mundo financiero serían muy grandes, creen que les serían excesivos los costos políticos que les supondría adoptar una postura más flexible. Puesto que ya reaccionaron frente a la incautación de la fragata “Libertad” en Ghana jurando que nunca jamás negociarían con los abogados de los “fondos buitre”, de tal modo privándose de opciones y, en efecto, inmovilizándose, el espacio de maniobra que les queda es mínimo. Por lo demás, están obligados a tomar en cuenta la llamada “Ley Cerrojo” de inicios del 2005, que se votó con el propósito de impedir que en una fecha futura el Poder Ejecutivo reabriera el canje ideado por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Economía, Roberto Lavagna. Como las leyes que en teoría servirían para fortalecer la Convertibilidad, andando el tiempo la ley Cerrojo complicaría los intentos del gobierno por dejar atrás el default hasta tal punto que fue suspendida durante el 2010 a fin de permitir un nuevo canje que, por desgracia, no resultó suficiente como para solucionar todos los problemas. Por razones comprensibles, Cristina no querrá ordenar una nueva suspensión so pretexto de que la necesita para negociar con los “buitres”. El fallo de la Corte norteamericana tuvo un impacto inmediato en los mercados. La impresión generalizada de que la Argentina, a pesar de los años de crecimiento “a tasas chinas”, se ha propuesto continuar mofándose de las reglas internacionales, hizo caer precipitadamente los títulos públicos y subir el índice riesgo país, lo que no podrá sino perjudicar mucho a los gobiernos provinciales que se sienten obligados a colocar deuda para financiarse. Otra víctima del clima más adverso es YPF: para frustración del gerente general, el ingeniero Miguel Galuccio, luego de medio año de búsqueda de socios dispuestos a ayudarlo a aumentar la producción, se habrá enterado de que a ninguna petrolera importante le interesa vincularse con una empresa en la que llevan la voz cantante personas que se enorgullecen del desprecio que sienten por las normas jurídicas imperantes en el resto del mundo. Para colmo, tanto aquí como en el exterior, muchos especialistas han comparado la conducta del gobierno de Cristina con la del boliviano encabezado por Evo Morales que, no obstante su imagen de luchador anticapitalista fogoso y rebelde contra el sistema internacional, siempre ha respetado las reglas y ha tomado en serio los riesgos planteados por la inflación, con el resultado de que puede colocar bonos de deuda a 10 años a una tasa del 4,8%, mientras que la Argentina tendría que pagar más del 13%.