Un sistema perverso

Para satisfacción del gobierno pero desconcierto de muchos otros, el juez federal Claudio Bonadío aceptó incluir al Estado nacional entre los querellantes en la causa penal en que se investiga el choque de un tren lleno de pasajeros en la estación de Once, en que murieron más que 50 personas y fueron heridas otras 700, con el propósito de deslindar responsabilidades por lo ocurrido. En principio la decisión es correcta, o por lo menos lo sería si hubiera motivos para creer que el Estado ha sido víctima de una estafa perpetrada por los empresarios de Trenes de Buenos Aires, de suerte que los funcionarios encargados de asegurar que los contratistas cumplieran sus obligaciones no pudieron enterarse de las deficiencias del servicio, pero sucede que no los hay. Por el contrario, de haberse dado el trabajo de inspeccionar las instalaciones ferroviarias de vez en cuando, los representantes del Estado, y por lo tanto del gobierno kirchnerista, hubieran sabido muy bien que en los informes frecuentes elaborados por la Auditoria General de la Nación no se exageraba al aludirse a la gravedad de las fallas del sistema. Asimismo carece de sentido criticar a la AGN por no haber reclamado la rescisión del contrato con el grupo Cirigliano ya que, como corresponde, se limitó a advertir sobre los riesgos planteados por la condición lamentable de la materia ferroviaria y el escaso interés de los empresarios en mejorarla o, por lo menos, asegurar que se llevaran a cabo debidamente las tareas de mantenimiento. El sistema de trenes y otros servicios públicos fueron privatizados porque, como es notorio, el Estado, sobre todo uno tan politizado como el nuestro, resultaba ser incapaz de manejarlos con un mínimo de eficacia, pero traspasarlos a manos privadas es peor que inútil a menos que las autoridades aprovechen el cambio para controlar rigurosamente a las empresas concesionarias, asumiendo en efecto el papel de querellante permanente y defensor firme de los intereses de la comunidad. Huelga decir que, a partir de las privatizaciones de la década de los noventa, el Estado no ha actuado así. La razón es sencilla. En el marco del “capitalismo de los amigos” que es típico del populismo intrínsecamente corrupto, pedirles a los funcionarios controlar a los “amigos” de quienes dominan el Poder Ejecutivo es una pérdida de tiempo. En vista de las características del “modelo” basado en la convivencia promiscua de integrantes del gobierno con empresarios cortesanos, pues, no extraña del todo que la alianza del kirchnerismo con personajes que algunos desubicados imaginaban serían los prohombres de una nueva “burguesía nacional” haya tenido consecuencias tan negativas. El sistema que se ha creado sobre la base de intereses que comparten políticos de mentalidad escasamente democrática y empresarios resueltos a enriquecerse en tiempo récord es estructuralmente perverso. Virtualmente garantiza que los servicios públicos, tanto los privatizados como los administrados a su modo por el Estado –es decir por una facción del movimiento gobernante como el conformado por La Cámpora, en el caso de Aerolíneas Argentinas–, sean monumentos a la corrupción y, claro está, a la negligencia que siempre la acompaña porque ninguno de los socios está en condiciones de exigir mucho al otro. Antes bien, querrán encontrar pretextos para intercambiar favores por suponer que de tal manera están ayudando a “construir poder”, prioridad ésta de todos los involucrados. Así las cosas, parece dolorosamente evidente que ya es demasiado tarde para que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comience a obligar a quienes desempeñan funciones subalternas y a los empresarios a cumplir con su deber. Para que se dignen hacerlo, tendría que producirse una auténtica revolución cultural, un “cambio de mentalidad” en el ámbito estatal lo bastante drástico como para incidir en su relación con la franja del empresariado cuyos integrantes están acostumbrados a comportarse según criterios políticos, cuando no netamente personales, ya que saben muy bien que sus propios ingresos dependerán menos de la eventual calidad de los servicios que brinden que de su voluntad de manifestarse comprometidos con “el proyecto” de los gobernantes de turno y de subrayar su lealtad con aportes valiosos.