Un sistema sobrecargado

Estarán en lo cierto el ministro de Energía Juan José Aranguren y otros especialistas cuando dicen que, si todos colaboraran manteniendo el aire acondicionado a 24 grados y desenchufando los aparatos de televisión, computadoras y así por el estilo que no se usen, habría menos cortes de luz, ya que en tal caso el sistema eléctrico existente estaría en condiciones de cubrir la demanda, pero si bien es innegable que el consumo innecesario ha contribuido a la emergencia, dar a entender que se debe a la irresponsabilidad de los consumidores no serviría para mucho. Puesto que los habitantes de la capital federal y zonas del Gran Buenos Aires se han acostumbrado a pagar montos irrisorios por la electricidad que consumen, fracasaron por completo todas las esporádicas campañas a favor del “consumo inteligente” que ensayó el gobierno kirchnerista. Para que la gente cambiara de actitud frente al consumo de energía, los costos tendrían que subir mucho en aquellas partes del país en que ha sido virtualmente gratis. Es lo que se ha propuesto el gobierno del presidente Mauricio Macri, pero comprende que hacerlo de golpe tendría un impacto político muy negativo. Aunque el ingreso per cápita de los porteños es superior a aquel de los rionegrinos, obligarlos a pagar lo mismo por la electricidad que necesitan les significaría un aumento tarifario brutal, puesto que según un informe reciente de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundalec), las distribuidoras de la capital federal cobraban 37 pesos para un consumo de 500 kWh, mientras que en Río Negro percibían más de 275 pesos. Para superar el desafío planteado por la necesidad de racionalizar el legado energético dejado por el gobierno kirchnerista, Aranguren y otros funcionarios tendrán que obrar con mucho cuidado. Aunque, con la ayuda de aportes coyunturales costosos procedentes de Brasil y Uruguay, el país aún cuenta con energía suficiente con tal que no haya demasiadas olas de calor o frío, nadie ignora que en cualquier momento el sistema podría colapsar, algo que pudo haber sucedido hace poco al aproximarse el consumo de electricidad a un nivel récord a causa de las temperaturas insólitamente altas que experimentó buena parte del territorio nacional. También motiva viva preocupación el estado deficiente de la red de distribución, ya que en el transcurso de “la década ganada” las empresas concesionarias responsables invirtieron muy poco, lo que es comprensible porque no era de su interés hacer mucho más que mantener funcionando las instalaciones con la esperanza de que, andando el tiempo, el negocio les resultara económicamente viable. Los cortes imprevistos que sufrieron últimamente decenas de miles de usuarios en distintos barrios de la capital federal y el conurbano bonaerense pudieron atribuirse a la incapacidad ya notoria de las distribuidoras Edesur y Edenor para continuar garantizando el suministro de electricidad. Por desgracia, no será posible frenar con rapidez el deterioro del sistema para entonces revertirlo, una tarea que, claro está, requeriría inversiones importantes. Hasta nuevo aviso, escasearán los recursos financieros disponibles para tales obras, de suerte que las eventuales mejoras no podrán concretarse en los meses próximos. El gobierno macrista se ve sin más alternativa que la de ir eliminando los subsidios que, en desmedro de los demás habitantes del país, tanto han beneficiado a los porteños y sus vecinos bonaerenses que conforman el grueso de su propia clientela electoral. Por ser tan grande la brecha que se da entre las tarifas actuales y una que refleje los costos de producción y distribución, le será necesario avanzar de forma gradual, discriminando a favor de los más necesitados que, según Aranguren, pagarán “tarifas sociales”. Es sin duda un tanto irónico que un gobierno calificado de “popular” haya discriminado sistemáticamente a quienes menos tenían y que, para más señas, constituían su propia base electoral, mientras que uno calificado de “neoliberal” haya querido asegurar que los sectores de ingresos más elevados se encarguen de los costos del sinceramiento que tiene en mente, pero por motivos políticos los kirchneristas no quisieron correr el riesgo que les hubiera supuesto brindar la impresión de estar decididos a “castigar” a los porteños golpeándolos con una serie de tarifazos dolorosos.


Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Suscribite por $2600 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora