Una batalla muy costosa

A comienzos de su gestión, el presidente Eduardo Duhalde pareció creer que le resultaría a la vez relativamente fácil y con toda seguridad muy provechoso someter a todos los miembros de la Corte Suprema a un juicio político, de ahí su virtual declaración de guerra contra la institución, pero ya se habrá dado cuenta de que le hubiera convenido ahorrarse un conflicto prolongado y agrio que, lejos de suponerle beneficios, sólo ha servido para complicar aún más una gestión que, por cierto, ha ocasionado más calamidades que hechos positivos. Si bien existen buenos motivos para dudar de la idoneidad de algunos integrantes del tribunal, la voluntad indisimulada del presidente Duhalde y de muchos legisladores radicales e izquierdistas de intentar renovarlo por completo, sin discriminar entre los nueve magistrados, les ha permitido considerarse víctimas de una ofensiva netamente política emprendida por razones totalmente ajenas a sus propias deficiencias. Asimismo, las apariencias no obstante, la Corte Suprema no carece de apoyo entre los diputados y senadores. Gracias a la presencia en el Congreso de legisladores que se oponen al juicio político propuesto por los adversarios de la «Corte menemista», a más de seis meses de la caída del presidente Fernando de la Rúa la posibilidad de que los nueve ministros sean enjuiciados conforme a las leyes existentes ya parece bastante escasa y, con elecciones en el horizonte, todo hace pensar que se reducirá todavía más en las semanas próximas.

Aunque han sido exiguas las ventajas logradas a raíz de su actitud por Duhalde y por aquellos políticos como la chaqueña Elisa Carrió que han encabezado la embestida contra la Corte, los costos para el país de la situación que se ha creado han sido sumamente elevados. Después de todo, en la emergencia actual es claramente necesario que la Corte acepte reaccionar con rapidez ejemplar frente a los muchos problemas jurídicos que siguen planteando medidas vinculadas con el corralito y la «pesificación asimétrica» que han acarreado la violación de una cantidad importante de derechos legales y principios constitucionales pero que, dadas las circunstancias, podrían justificarse porque las alternativas serían con toda probabilidad peores. Sin embargo, la Corte, atribuyendo su morosidad e indefinición a que «en este clima es imposible pronunciarse sobre ningún tema de trascendencia», se ha erigido en un obstáculo enorme a todos los intentos de restaurar el mínimo imprescindible de orden jurídico. Claro, en opinión de muchos se trata de una extorsión flagrante, de una que, además, parece destinada a prosperar porque es evidente que tanto el gobierno como el resto del país necesitan que la Corte Suprema se ponga a trabajar de manera más vigorosa.

Haya sido consecuencia de «este clima» o de una «extorsión», es innegable que la lentitud del accionar de la Corte ha contribuido mucho al colapso de la economía y a la virtual parálisis del sector financiero. En circunstancias en las que el gobierno debería actuar con gran firmeza, se ha visto casi inmovilizado por una telaraña legal que a lo sumo era apropiada para el país de tres o cuatro décadas atrás. El goteo constante de fondos supuestamente acorralados se ha debido en buena medida a la resistencia de los jueces a pronunciarse con claridad sobre esta cuestión crucial. Asimismo, las idas y vueltas oficiales en torno de los planes de canje de depósitos atrapados por bonos se han visto impulsadas por la ambigüedad sistemática de los magistrados que apenas han ocultado su resistencia a cooperar. Por lo tanto, es de prever que los más perjudicados por este conflicto no sean los miembros menos idóneos de la Corte Suprema o aquellos políticos que, es de suponer por motivos admirables, se han dedicado a cuestionar sus cualidades personales y profesionales, sino muchos millones de hombres y mujeres en todo el país que dependen de la evolución de la economía nacional. Bien que mal, el país simplemente no estará en condiciones de hacer frente a la crisis económica que está devastándolo mientras uno de los tres poderes del Estado esté en una suerte de limbo sin que sus integrantes sepan si seguirán en sus cargos o si, como muchos políticos quisieran, serán expulsados de forma ignominiosa.