Una casta privilegiada

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Dicen los diputados de Unen, periodistas del matutino porteño “La Nación” y muchos otros, que Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se las arreglaron para trasladar dinero público a sus propias cuentas bancarias con la ayuda del empresario Lázaro Báez. Según ellos, uno de los métodos empleados por los Kirchner para hacer crecer un patrimonio ya envidiable era muy sencillo. A cambio de permitirle a Báez ganar más del 80% de los contratos para obras públicas en Santa Cruz, el así beneficiado se comprometió a pagarles mensualmente por el uso de 965 habitaciones, estuvieran ocupadas o no, de los hoteles pertenecientes a la pareja: Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces. De estar en lo cierto los políticos opositores, el fiscal José María Campagnoli, el juez Javier López Biscayart que ordenó el allanamiento de las oficinas de Báez y los periodistas que han investigado el asunto, el matrimonio presidencial aprovechó una forma de blanquear dinero mal habido, invirtiéndolo en empresas legítimas, que es muy común en el mundo del crimen organizado. Aunque Báez ha hecho gala de la indignación que le ha producido la divulgación de datos acerca de sus negocios, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ha procurado frenar la investigación judicial del caso suspendiendo al fiscal Campagnoli y voceros oficiales han intentado minimizar la importancia de lo que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, calificó de un “acuerdo entre privados”, hasta ahora virtualmente nadie ha ensayado negar la veracidad de la información que se ha difundido. Así las cosas, nos vemos frente a un escándalo tan grave que, en Estados Unidos, Europa, el Japón, Australia, Canadá o cualquier otro país desarrollado provocaría ya la caída del mandatario involucrado o, por lo menos, lo obligaría a someterse a un juicio político en que le sería dado defenderse contra quienes lo acusan de enriquecimiento ilícito. Pero, claro está, la Argentina es diferente. No sólo los oficialistas sino también muchos opositores preferirían tratar el tema como si fuera un fenómeno meramente mediático que no debería incidir en la marcha del país. Es por este motivo que la mayoría ha reaccionado con ecuanimidad ante las denuncias contundentes que se han formulado. Al incorporarlas automáticamente a la lucha política, atribuyéndolas así a la voluntad de los adversarios del gobierno de anotarse algunos puntos, las ha banalizado. Mientras que en algunas latitudes es habitual juzgar las transgresiones de los políticos más poderosos con mayor severidad que las cometidas por ciudadanos comunes, lo que es lógico porque afectan al conjunto, en nuestro país es suficiente ubicarlas en un contexto político para que parezcan tolerables. El código de valores aberrante así supuesto hace explicable la decadencia argentina. Puesto que sólo una minoría exige a los “dirigentes” que respeten los principios que ellos mismos reivindican, con escasas excepciones actúan como miembros de una casta privilegiada que pueden obrar a su antojo. Si sólo fuera cuestión de un puñado de personajes inescrupulosos que, de enterarse sus colegas de lo que hacen, se verían expulsados enseguida de su partido, como sucede con cierta frecuencia en países considerados avanzados, la corrupción sería manejable, pero por desgracia no se trata de algunas ovejas negras sino de manadas grandes conformadas por personas que están más que dispuestas a solidarizarse con ellas. No cabe duda de que Cristina, Báez y compañía seguirán contando con la “lealtad” incondicional de todos los kirchneristas que, huelga decirlo, no vacilarán en anteponer los intereses de su propia fracción a aquel de la comunidad. Lo único que podría inducir a algunos a romper filas sería el temor a que el resto de la sociedad pudiera castigarlos por comportarse como cómplices. En tal caso, algunos podrían optar por ponerse a la altura de sus responsabilidades, pero lo harían por oportunismo, no porque hayan llegado a la conclusión de que la corrupción –aquellos “saqueos de arriba” de que hablan ciertos opositores y obispos católicos– perjudica enormemente al país y que por lo tanto hay que combatirla en serio aun cuando, en el corto plazo, hacerlo pudiera tener consecuencias desafortunadas.