Una Corte «transversal», Por Jorge Horacio Gentile24-11-03

Cuando el 8 de octubre del 2003 La Nación puso en boca del senador José Luis Gioja aquello de que a «A Moliné lo tenemos que suspender ahora porque fue el turro que nos tuvo agarrados de las bolas con el corralito durante el gobierno de Duhalde (Eduardo)», me pareció que en ese momento comenzaba el juicio político que se ventila en el Congreso, pero cuando a los pocos días dicho legislador desmintió la versión pensé que el juicio había terminado.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Moliné O'Connor, fue suspendido con el voto de 40 senadores contra 18, fundados en el inconstitucional artículo 4 del Reglamento de Juicio Político del Senado, ya que la ley fundamental no prevé esta suspensión.

El motivo por el que el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, Gustavo Beliz, declararon la guerra a los integrantes de la Corte Suprema y se puso en marcha este juicio político fue el anuncio de que se iba a dictar el fallo en el caso «Lema», sobre el «corralito», como lo había sido el fallo del ahorrista «Smith», el que provocó el anterior y fracasado juicio a todos los integrantes de la Corte, durante el gobierno de Duhalde.

El juicio político es como dijo Summer «un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político tan solo», pero en este caso se ha traído al Senado una acusación que no es política y que pretende convertir a este cuerpo en una instancia judicial superior a la Corte, para revisar las causas «Meller», «Macri» y «Magariños», donde no hubo «delitos» ni «crímenes comunes», y el supuesto «mal desempeño», consistiría en los criterios judiciales que Moliné compartió con otros ministros de la Corte -que inexplicablemente no están sentados hoy en el banquillo de los acusados- y que confirmaron decisiones tomadas por otros jueces inferiores.

En el caso «Macri» 16 jueces, junto con Moliné, fallaron que no hubo contrabando; en «Meller» la mayoría de la Corte rechazó un recurso contra una decisión arbitral, en base de una jurisprudencia reiterada desde 1957, y en «Magariños» se trató de interpretaciones dispares de la Corte y el Consejo de la Magistratura respecto de quién era competente para aplicar una multa de menos de $ 2.000 a un juez inferior. El Congreso aseguró «las garantías de la independencia de los jueces en materia del contenido de sus sentencias» (artículo 14 ley 24.937), cuando atribuyó al Consejo de la Magistratura facultades disciplinarias sobre los magistrados, y este criterio no puede variarlo ahora.

Los argentinos esperaban después de los discursos del presidente de la Nación y su ministro de Justicia que íbamos a tener un juicio político en donde se enjuiciaría a la tan mentada «mayoría automática» de la Corte, que se gestó con el aumento de 7 a 9 de sus miembros en la era «menemista» y que cambió a dos de sus integrantes con el Pacto de Olivos -entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín-, que se discutirían los motivos del desprestigio de los integrantes de alto tribunal y que con ello se iba a «oxigenar» a la Justicia. Nada de ello es lo que se discute hoy en el Senado.

Cuando fui testigo en el juicio público al ministro Moliné recordé que sería lamentable que volviera a pasar lo que ocurrió en 1947, al inicio de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando se destituyeron a tres jueces de la Corte -Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía- y se provocó la renuncia de otro -Roberto Repetto-, con el pretexto de que habían declarado inconstitucional a varias decisiones del gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1943 al que habían reconocido por una acordada, para designar una Corte «peronista». Hoy los nietos de esa generación sabemos que los motivos reales por los que se los destituyó no tenían nada que ver con el mezquino propósito de tener una Corte «adicta» y por eso es que la historia los ha absuelto a los jueces removidos.

Moliné, si es destituido por haber firmado estos tres fallos de la Corte, hará pensar a nuestros nietos que no fue por «mal desempeño», sino para crear las vacantes necesarias para hacer una Corte «transversal» acorde con la ideología del gobierno de turno. No es esto lo que dijo, en el discurso inaugural de su gobierno, Kirchner cuando prometió respetar las instituciones.

(*) Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.