Una falsa opción

La preocupación de las autoridades municipales por avanzar con obras imprescindibles tiene fundamentos legítimos. No es un secreto para nadie que la capital neuquina ha registrado un crecimiento explosivo, que no se ha visto acompañado mínimamente por las obras de infraestructura necesarias, entre ellas el ansiado pavimento.

También es justo reconocer que la planta de empleados municipales ha venido experimentando en los últimos años un crecimiento desproporcionado. Situación que no se ha visto acompañada por un aumento de la eficiencia en las obras y servicios, sino todo lo contrario. Al punto tal, que la voluminosa burocracia se ha convertido en un problema más entre los muchos que permanecen irresueltos, para descrédito de las últimas gestiones, doblegadas por la «máquina de impedir», y para desesperanza de muchos vecinos que cumplen con sus obligaciones tributarias sin obtener retribución adecuada.

El desafío que enfrenta Quiroga consiste además en resolver las contradicciones señaladas en un tiempo prudencial, antes de que la enorme demanda de problemas no resueltos termine por drenar su predicamento político, tal como ha venido ocurriendo fatalmente con sus antecesores.

Sin embargo, la controvertida propuesta del intendente para hacer el pavimento, consistente en concesionar durante 10 años a un privado el cobro de las tasas a cambio de las obras, ha suscitado no menos legítimas prevenciones por parte de los concejales de la oposición y aun del propio oficialismo. Al punto que estos últimos pugnan sin éxito por evitar que sus críticas se hagan públicas para no cargar con el costo de fracturar la Alianza, aunque en privado dejan saber que «este Concejo, a diferencia del de Jalil, no es un mero «levantabrazos».»

Es que la propuesta privada apadrinada insistentemente por el intendente y sus más íntimos colaboradores, a despecho de la ola de fundados reparos que ha merecido, adolece de aristas no sólo cuestionables en sí mismas, sino que colisionan con el rumbo actual de la opinión pública.

Sin lugar a dudas, uno de los mandatos populares que alientan al gobierno nacional actual es el de poner límites a la discrecionalidad de las empresas públicas privatizadas y fortalecer los instrumentos de control con que cuenta el Estado, haciendo menos sensible la indefensión de los ciudadanos.

Un informe especial publicado por «Clarín» da cuenta de estas prevenciones entre los propios empresarios -en general el estamento social que vio con mejores ojos las privatizaciones-, a la luz de los excesos que cometen hoy los monopolios privados y que ellos mismos soportan desde sus empresas.

Como el convenio que impulsan Quiroga y su gente tiene además el condimento de entregar a los privados el cobro judicial de las deudas, no es casual que no sólo los políticos del oficialismo y la oposición, sino con mayor grado de dramatismo las comisiones vecinales y los propios vecinos, a través de cartas dirigidas a este diario, hayan advertido sobre los riesgos que conllevaría subordinar una potestad pública al interés de quienes por definición tienen por único objetivo el lucro.

Después de todo, está bien fresco en la memoria colectiva que buena parte de las concesiones realizadas por el anterior gobierno nacional sirvieron para encubrir negocios turbios de algunos funcionarios. Como ocurrió con la tercerización de servicios de PAMI con Víctor Alderete y con el gambeteo a los mecanismos institucionales practicado a discreción por la ex titular de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray.

Es natural, con tales antecedentes, que la gente tenga cada día mayor prevención respecto de metodologías que son presentadas como soluciones mágicas, pero se convierten en poco tiempo en salvavidas de plomo para los contribuyentes, colocados frecuentemente a merced de la voracidad de los concesionarios.

En ese contexto, no se puede dejar de advertir como otro elemento polémico el hecho de que un concejal muy cercano al gabinete municipal tenga relación de parentesco con un directivo de una de las empresas que integran la UTE.

Después de todo, si algo está indicando el cambio de rumbo que implicó la derrota del menemismo a nivel nacional y del MPN en la ciudad más importante de la provincia, es que la gente ha empezado a adivinar que uno de los secretos de las democracias duraderas consiste en tener a los funcionarios lo más lejos posible de los negocios. Todo esto sin perjuicio de que, de concretarse los designios del gabinete, cualquier vecino podría verse autorizado a iniciar un planteo de inconstitucionalidad ante a lo que a todas luces aparece como una renuncia expresa a potestades propias de la autoridad municipal.

A la luz de los hechos apuntados, es de esperar que el gabinete municipal reflexione sobre la responsabilidad que lo involucra y termine por aceptar que el verdadero desafío que enfrenta no es el de resolver los graves problemas de la ciudad con temerarias simplificaciones, sino asumir las responsabilidades que le competen sin traspasarlas a un tercero.

En suma, la alternativa entre gerenciamiento privado de tasas con pavimento y administración conforme a la carta orgánica con calles de tierra es falsa.

Héctor Mauriño