Un juez frenó el aumento del gas en Chubut
El magistrado hizo lugar a los recursos presentados por el gobierno provincial. Argumentaron que el aumento “arbitrario y desmedido” y que afecta la propiedad privada.
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, frenó la aplicación del aumento del gas en Chubut.
El magistrado hizo lugar a cruatro recursos presentados por el gobierno del Chubut y por el defensor del pueblo, Héctor Simionati.
Ambos habían presentado la semana pasada acciones judiciales exigiendo la suspensión del cobro de las facturas de gas emitidas con el nuevo cuadro tarifario a partir de abril del 2016, y pedían que la compañía prestataria Camuzzi Gas del Sur se abstenga de cortar el suministro a los usuarios por falta de pago de la última factura.
La acción judicial también incluyó la orden de refacturar las boletas emitidas al primero de abril y en caso de que los usuarios hayan pagado, se le de un crédito para compensarlos en las futuras facturaciones.
“La verdad es que estamos muy conformes porque se accedió a todo lo que solicitamos”, indicó el fiscal de Estado chubutense, Diego Martínez Zapata.
Los destinatarios de la medida fueron la empresa “Camuzzi gas del sur”, el ministerio de Energía y Minería de la nación que conduce el ingeniero Juan José Aranguren y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
En rigor, las cautelares presentadas fueron dos, una denominada “prohibición de innovar” en la que se impide el corte de suministro, y las restantes tres figuras están contenidas en la otra cautelar denominada técnicamente como “innovativa”.
En el trámite intervino en fiscal federal de Rawson, Fernándo Gélvez, a quien se expuso la competencia del juez territorial y la legitimación de los presentantes, Mario Das Neves como gobernador y Héctor Simionati como defensor del pueblo.
El fiscal de Estado reconoció que “estamos en un todo de acuerdo con el argumento de su señoría, al considerar que se afecta el derecho a la propiedad privada por aplicación de un aumento desmedido y arbitrario y sin mediar una audiencia pública”.
La jueza federal Marta Yanez, subrogante del Juzgado Federal de Río Gallegos, determinó tras un amparo ordenar la inmediata suspensión de la resolución del Ministerio de Energía de Nación que modificó el cuadro tarifario de la empresa Camuzzi Gas del Sur, incrementando el precio del servicio de provisión de gas en casi un 500%.
Según publicó el portal de noticias ahoracalafate.com.ar, la magistrada realizó el dictamen a partir del reclamo judicial presentado el pasado lunes 9 por el senador Alfredo Martínez (UCR) junto a los concejales de Río Gallegos Daniel Roquel, Fabián Leguizamón y Evaristo Ruiz. Fue firmado por el fiscal de Primera Instancia, Gonzalo Miranda.
La medida cautelar, se explicó, determina un freno temporario a los aumentos y rige para los usuarios residenciales domiciliarios de esa provincia.
Yanez afirmó que la medida de Nación es “violatoria de los derechos de los vecinos”. Solicitó al ministerio que notifique por sus canales internos a todas y cada una de las entidades, así como también a todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, para que puedan tomar participación en estos actuados.
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Por su parte, el Fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, realizó también una presentación ante la Justicia Federal, por instrucción del gobernador Mario Das Neves, para frenar la suba y su impacto en los usuarios.
La demanda se formalizó en el Juzgado Federal de Rawson, alegando la supuesta inconstitucionalidad de la decisión del Estado nacional.
El funcionario explicó que “formalizamos la presentación de esta demanda con dos medidas cautelares a los efectos no solo de tutelar los bienes y servicios del Estado provincial, sino también se solicita que se haga extensiva esta medida a toda la ciudadanía del pueblo del Chubut y obviamente también a las pequeñas y medianas empresas”.
La presentación apuntó a mantener la matriz productiva y las fuentes laborales de la provincia, y señaló que uno de los fundamentos centrales es “la arbitrariedad y la ilegalidad manifiesta, por cuanto se ha violado la audiencia pública que prescribe en materia de servicios públicos la normativa específica, obviamente teniendo en cuenta el alto impacto que tiene en el poder adquisitivo y en el bolsillo de todo usuario y consumidor de este esencial servicio público”.
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