Una modalidad inaceptable
En un país que contara con movimientos políticos fuertes y relativamente homogéneos, la «ley de lemas», un mecanismo según el cual las primarias partidarias se ven combinadas con una elección general, podría tener sus méritos porque la mayoría de los votantes se encolumnaría automáticamente detrás del triunfador de la interna de su partido favorito sin sentirse demasiado decepcionado por la derrota de nadie. En la Argentina, empero, el movimiento principal, el que a pesar de todo cuanto ha hecho en su más de medio siglo de existencia sigue siendo el peronista, no es homogéneo en absoluto. Por el contrario, las diferencias internas que caracterizan al peronismo son tan profundas, que con cierta frecuencia dan pie a enfrentamientos armados violentísimos. La semi guerra civil de los años setenta fue una consecuencia directa de la lucha despiadada y criminal entre los montoneros peronistas, una facción de ideario en el fondo fascista y retórica presuntamente izquierdista, y la ultraderecha tradicional encabezada por el propio Juan Domingo Perón y su factótum José López Rega. Aunque la brecha que en la actualidad separa al ex presidente Carlos Menem del presidente interino Eduardo Duhalde se basa más en la rivalidad personal que en sus respectivas ideas, el conflicto que se ha desatado amenaza con volverse igualmente virulento.
La razón por la que Menem y sus allegados se han erigido en partidarios furibundos de la «ley de lemas» no constituye un misterio. Saben que si bien más del setenta por ciento del electorado dice que nunca jamás soñaría con votar por el riojano, éste podría conseguir más sufragios que Adolfo Rodríguez Saá, José Manuel de la Sota, Néstor Kirchner o Juan Carlos Romero, lo que le permitiría alcanzar la presidencia de la República aunque la mayoría abrumadora de la población lo rechazara. En efecto, la conciencia de que en el fragmentado universo peronista Menem podría aventajar a los demás precandidatos ya está convenciendo a muchos políticos de que les convendría congraciarse con él, lo cual, obvio es decirlo, no sólo hace más plausibles sus aspiraciones sino que también contribuye a debilitar todavía más a su adversario más notorio, Duhalde, que, nos guste o no nos guste, es el encargado de manejar el país en una etapa extremadamente difícil.
Pues bien: además de ser una suerte de torneo limitado a los políticos profesionales, las elecciones deberían servir para asegurar que el próximo gobierno tenga más legitimidad que el actual, que fue el producto de un acuerdo parlamentario poco transparente. Puede que no sea posible que el eventual ganador merezca el apoyo entusiasta de más de una minoría limitada, pero es razonable esperar que no se trate de un político que a juicio de buena parte del país sea un corrupto amoral. Sin embargo, de imponerse la ley de lemas como una proporción creciente de los vinculados con la política parece querer, dentro de pocos meses el país podría encontrarse con un presidente que conforme al Artículo 90 de la Constitución no habría tenido el derecho a presentarse porque aún no transcurrió un período de cuatro años desde la conclusión de su gestión anterior, que se ve repudiado por la mayoría de sus compatriotas, que ha sido acusado formalmente de una multitud de delitos y que, como si todo esto fuera poco, en opinión de uno de los diarios más prestigiosos del mundo, podría haber aceptado dinero de terroristas islámicos a cambio de su silencio. Así, pues, de celebrarse elecciones adelantadas según la ley de lemas, como algunos peronistas influyentes se han propuesto, el país podría arreglárselas para dotarse de un gobierno de legitimidad aún menor que el encabezado por Duhalde, uno que en vez de disfrutar de la habitual luna de miel con la ciudadanía se vería enfrentado con la mayoría desde el vamos cuya capacidad para gobernar con un mínimo de eficacia sería escasa. Dadas las circunstancias, sería difícil pensar en una peor «solución» para una crisis política fenomenal que ya ha provocado perjuicios enormes al país y que de continuar agravándose, nos privaría de cualquier posibilidad de restaurar la fe ciudadana en las instituciones para después emprender con seriedad y sentido de responsabilidad la tarea ardua de reconstruir la economía nacional.
