La historia de Lhuanna, la mujer trans que fue a la justicia por una cirugía

Pese a que la intervención está contemplada en el Plan Médico Obligatorio tuvo que presentar un amparo y llegar hasta la Cámara Federal para que le garantizan el derecho.



Lhuanna es estudiante de la facultad de Humanidades de la UNC. Foto: Oscar Livera.

Lhuanna es estudiante de la facultad de Humanidades de la UNC. Foto: Oscar Livera.

¿Cuánto tiempo es demasiado? Lhuanna Díaz esperó 38 años por una oportunidad.

“Es la primera vez en toda mi vida que tengo una obra social”, cuenta. Es una mujer trans con trabajo registrado desde hace un año. Según el relevamiento hecho por la Universidad Nacional del Comahue sólo el 32% de esta población alcanza un empleo formal en la región. Además cursa la carrera de Filosofía en la facultad de Humanidades.

El 4 de enero pasado presentó una nota a Osecac para obtener un turno con un cirujano especialista en vaginoplastía. Le indicaron verbalmente que para acceder a la cobertura debía presentar, previamente, un informe psicológico que la avalase, pues la califican como una intervención definitiva.

Esta condición no está prevista en la ley 26.743 de identidad de género, que establece que el acceso a cualquier modificación corporal no exige autorización judicial o administrativa. Lo único que debe solicitarse es el consentimiento informado de la persona. La prestación está incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Es por eso que Lhuanna intimó a la obra social, sin obtener respuesta favorable. El requisito que se le impone contraría el espíritu de la ley: la identidad de género se entiende como una vivencia interna e individual tal como cada persona la siente, que puede involucrar o no un cambio de apariencia. No se trata de una patología.

“Desde el momento en que me negué al psicológico fue porque no quiero que nos traten más como enfermas”, manifiesta Lhuanna. Se plantó para reivindicar su existencia. “Si hubiese sido tan sólo por mí, no me hubiese importado y hubiese seguido. Es por la lucha de mis ancestras que hoy no pueden disfrutar de la ley, y por las generaciones nuevas”, asegura.

Lhuanna llegó a la defensoría pública, a través de la hermana Mónica Astorga. Allí se decidió presentar un amparo para que no se retrasara más el trámite. Ya habían pasado cuatro meses.

La jueza Federal, Carolina Pandolfi, rechazó la medida cautelar, que tenía como objetivo evitar más retrasos. En su resolución sostiene: “ningún daño irreparable ha alegado ni pronosticado para el caso de que la tutela no sea obtenida de inmediato, y menos aún, ha adjuntado certificado ni médico ni psicológico ni de ningún otro tipo del que derive la urgencia de su necesidad de obtener la prestación”.

“No me reconoce la urgencia, se nota que no sabe nada del mundo trans”, afirma Lhuanna, sobre la decisión de la magistrada. “No sabe que yo soy una sobreviviente, yo soy una de las pocas que tiene obra social, tampoco le llama la atención que nuestro rango de vida sea de 35 a 40 años y que nos estemos muriendo. Nada de eso le llama la atención que para mí si tiene un carácter urgente porque se trata de mi vida”, agrega.

La Cámara de Apelaciones de Roca -con el voto de Mariano Lozano, al que adhirieron Richar Gallego y Ricardo Barreiro- revocó la resolución de Pandolfi y ordenó que en el plazo de cinco días pueda contactar al médico especialista. Los jueces consideran que “en este caso el señalamiento de la recurrente de la incidencia negativa que el transcurso del tiempo le ocasiona en el desarrollo de su personalidad y de su identidad de género al no poder acceder a la reasignación genital, resulta suficiente para concluir en esta etapa preliminar del proceso sobre la presencia del periculum in mora (peligro por la mora)”.

Para el defensor público, Pablo Matkovic, la resolución de Pandolfi equivale a decir: “ok, tiene derecho, pero espere a la sentencia definitiva dentro de varios años”. “Creo que es desaprensivo de la temática que plantea, de los derechos en juego y del sufrir que tiene Lhuanna que basta con su testimonio”, señala.

Remarca que para trabajar en el caso buscaron capacitarse en esta perspectiva. “Más allá de las buenas intenciones que uno tiene, uno está formado en una sociedad patriarcal, en una justicia conservadora y abrir caminos en esto siempre es difícil”, plantea Matkovic.

Pasaron 8 meses, 34 semanas y 5,760 horas desde que Lhuanna intenta obtener un turno. Que es mucho más que eso: “para mí la cirugía tiene que ver con un sueño, con un objetivo, con un cierre de un montón de cosas. Nosotras seguimos pidiendo permiso, en democracia, reconocidas, seguimos pidiendo permiso, cuando no debería ser así.”

En números

5
días es el plazo que dispuso la Cámara para que se le otorgue a Lhuanna un turno con el médico especialista.

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