Una oportunidad perdida

RÍO NEGRO



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ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Alberto Weretilneck llegó al gobierno por una circunstancia trágica. Hasta ese momento, era un dirigente con prestigio en su ciudad, Cipolletti, pero su ideario y su forma de actuar en política resultaban poco conocidos para amplios sectores. El juicio político al juez del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas –pasado a archivo en una etapa preliminar y por su decisión esta semana– fue una de las primeras ocasiones en las que la ciudadanía rionegrina pudo apreciar su metodología, el modo en que ordena sus prioridades y actúa en consecuencia. Sodero Nievas es un personaje político de características singulares. Abogado, se radicó en Sierra Grande donde compartió estudio jurídico con Miguel Pichetto. Ambos peronistas, éste fue intendente primero y luego legislador provincial y Sodero se convirtió en diputado nacional y candidato a gobernador por el menemismo antes de ser funcionario del gobierno radical de Río Negro hasta su asunción en el STJ. Por su accionar en estos años, el STJ en pleno se ganó la crítica áspera de Carlos Soria, quien prometió en su plataforma electoral el juicio político a sus tres integrantes. Condimentó el anuncio con epítetos groseros, cuestionados por algunos y aplaudidos por otros. Pero Soria ganó, lo que permite suponer que una parte sustancial del electorado –que votó también a Weretilneck– avaló aquella propuesta. Lutz renunció y dejó el cargo hace meses. Balladini, más recientemente, logró que el Consejo de la Magistratura le aceptara la renuncia pocos días antes del cambio de gestión, con un sorpresivo aval de abogados que contrariaron el mandato de sus Colegios. Y Sodero se preparaba a partir para conjurar el juicio político pedido por Fabián Gatti cuando el exgobernador fue asesinado. Por eso sonó a venganza cuando, horas después, divulgó información de la investigación judicial, sumó afirmaciones ajenas al expediente y provocó un escándalo que alcanzó dimensión nacional. Weretilneck pidió sancionar tal actitud con un juicio político aunque luego se rectificó, diciendo que ésa sería tarea de la Legislatura. No obstante, esa causal no fue agregada al expediente en trámite, que continuó con los 14 cargos impulsados por Gatti. De ellos, la sumariante Ana Piccinini –con datos de la administración del Poder Judicial– consideró probadas tres acusaciones de mal desempeño: • El cobro de adicionales MIG por ejercer la Superintendencia del Poder Judicial –$ 1.000 y hasta 2.000 mensuales entre el 2006 y el 2011– aun cuando esa tarea forma parte de las obligaciones de su cargo, y el cobro en algunos meses de dos MIG –ambos de $ 900– por “Servicio Bibliográfico Judicial Acordada 114/03” y “Centro de Documentación Jurídica”. • El uso de vivienda oficial durante los 12 años que lleva en el STJ, pese a que cuando asumió ya poseía una casa en Viedma. No consta que el magistrado presentara la declaración jurada de no poseer vivienda en 30 kilómetros a que lo obliga la ley. El inmueble está ocupado por una fundación que preside su esposa, que ha recibido subsidios de la Legislatura por un total de $ 119.662, varios del Ministerio de Familia y un auspicio en dinero de Horizonte Seguros SA. • Adscribir a la Junta Federal de Cortes a una empleada del Poder Judicial. El jueves, Weretilneck operó fuerte ante la conducción del bloque y, con aval de Luis Esquivel y los dos representantes radicales, la Comisión Acusadora envió a archivo el pedido de juicio político. El gobernador ganó una batalla, pero un simple análisis de los hechos permite afirmar que no tiene muchos motivos para celebrar. En principio, es claro que se apresuró. La renuncia no tiene existencia real hasta que el Consejo de la Magistratura la acepte. Además, el juicio político es previo al actual gobierno pero Weretilneck mismo impulsó que la Legislatura avanzara en el trámite. Su contraorden del jueves puso en posición incómoda a Piccinini, a quien se le pidió que rechazara la validez de la investigación que ella misma había realizado como sumariante y que desestimara las pruebas que había colectado. Los cargos no son cuestiones “personales” ni relacionadas con los dichos de Sodero tras la muerte de Soria. Son faltas, algunas generadoras de un beneficio económico presuntamente injustificado para el magistrado y el equivalente perjuicio para el Estado rionegrino. Al clausurar la investigación en este punto, Weretilneck impide a la ciudadanía conocer si las imputaciones son ciertas o falsas. Y al propio Sodero Nievas –obligado a acusar para vindicarse– de una inmejorable oportunidad de ejercer su derecho de defensa y exhibir pruebas que contradigan los cargos en su contra. Además, su fuerte jugada política pone bajo la duda la suerte de la causa penal que involucra a Sodero Nievas en la presunta malversación de dineros públicos –por suscribir el pago de licencias no gozadas a Lutz e intentar hacerlo con Balladini–. Además, al hacerlo se expone a un costo político por una “batalla” que no le es propia. Weretilneck no tiene razones para defender a Sodero Nievas, con quien no lo unen ni la política ni la historia. Es de suponer que fue Miguel Pichetto quien inspiró la operación para aportarle a su amigo y exsocio una salida que ya no será “elegante” sino sólo menos gravosa. Tampoco debería alegrar al mandatario que tal deseo se lograra con el voto de uno de sus legisladores más dos radicales y con la negativa de dos oficialistas, entre ellos quien encabezó la lista sábana del frente que lo llevó al gobierno. Menos aún si se considera que varios legisladores más coincidieron con Piccinini y Bartorelli en este tema. Como fuere, no todo es opinión política. Hay una verdad incómoda: • El sumario identificó hechos con sustento jurídico, capaces incluso de originar otra denuncia penal contra Sodero Nievas. ¿Qué pasará ahora con esas evidencias? ¿Se harán desaparecer por obra y gracia de la misma mayoría que llevó el juicio político al archivo? • Desde hoy y hasta el 31 de enero de 2012, ¿Sodero Nievas seguirá usufructuando la casa oficial a la que no tiene derecho por poseer él una vivienda en Viedma? • ¿Seguirá cobrando los adicionales MIG por tareas que tiene la obligación constitucional de desempeñar y que están remuneradas ya por su sueldo? • ¿Cobrará al irse, como hicieron varios de sus pares, las vacaciones no gozadas a pesar de que lo prohíbe expresamente la normativa vigente? Las mayorías son útiles para algunas cosas, pero no sirven para todo. No pueden borrar la realidad. Es probable que Sodero Nievas se vaya en enero, sin mancha en su legajo y con aptitud de volver a aspirar a cualquier cargo judicial en el país. También lo es que, mientras tanto, se haga cierto que la Justicia rionegrina ingrese en una nueva etapa, aunque ésta sólo será mejor si se edifica sobre bases sólidas. En tanto, el gobernador deberá convivir con su decisión de haber abortado una investigación de presunta corrupción y disponer que –aun “a plazo”– siga impartiendo justicia una persona sobre quien pesan una seria sospecha de mal desempeño y una denuncia penal. Políticamente, Weretilneck habrá obtenido una victoria al imponer su voluntad. Pero, desde el punto de vista ético, se privó a sí mismo de demostrar con hechos que la transparencia será en su gobierno algo más que un eslogan acomodaticio.

DE DOMINGO A domingo


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