Una parte de los beneficiarios de la ley 2.128 pasará a planta estatal

NEUQUEN (AN).- El gobierno provincial incorporará como empleados de la planta permanente del Estado a los beneficiarios de los subsidios para desocupados que se entregan a través de la ley 2128. Esta medida, abarcará sólo a una parte de los desocupados y se definirá en los próximos días tras el análisis que haga el gobernador Jorge Sobisch del proyecto que le presentará el ministerio de Seguridad y Trabajo.

El anuncio lo hizo ayer el subsecretario de Seguridad, Omar Raimondo, quien se desempeña en el ámbito del ministerio que elaborará el proyecto. El funcionario señaló que la intención del gobierno es sumar a la planta permanente de empleados estatales a una parte de las personas que perciben los subsidios de la ley 2128, y que además realicen la contraprestación en oficinas públicas.

Aunque Raimondo no dio precisiones sobre la cantidad de personas a las que comprenderá esta medida, descartó que sean incorporados los cerca 9 mil beneficiarios que cobran este subsidio en todo el territorio neuquino. Los empadronados en otros programas, como el plan Jefas y Jefes de Hogar, también quedarán afuera.

«Van a ser incorporados aquellos que cumplan con condiciones para ser empleados públicos y que además estén realizando la contraprestación en el Estado», explicó Raimondo en diálogo con la radio AM LU5. «No podemos inundar las oficinas con agentes cuando no se los necesita», deslizó.

Los desocupados que no ingresen a la planta de empleados, continuarán recibiendo el subsidio aunque bajo nuevas modalidades, según dejó entrever el subsecretario de Seguridad. Esto porque el proyecto que Sobisch tendrá en sus manos dentro de los próximos 15 días, contempla un rediseño de las figuras bajo las cuales se entrega el beneficio.

«Las madres solteras y las personas mayores no pueden continuar teniendo contención mediante un programa de empleo», afirmó Raimondo. «Esto debe ocurrir a través de programas específicos, porque los de empleo deben ser para quines están en condiciones de trabajar», agregó. Por este motivo, dijo, habrá un rediseño de los programas sociales que incluirá entre otros aspectos la capacitación dirigida hacia los beneficiarios. De prosperar el proyecto de las incorporaciones, el gobierno dará respuesta a uno de los reclamos planteados por empleados de distintos organismo en los últimos meses. Tanto los docentes, como el sector adminis

trativo del Consejo Provincial de Educación y en estos días los empleados de los registros civiles, reiteraron en más de una oportunidad el pedido de pasar a la planta permanente a los beneficiarios de la ley 2128. Uno de los argumentos esgrimidos por esto sectores, es que muchos de los beneficiarios llevan varios años trabajando con esta modalidad. Ayer, Raimondo admitió esta situación. Una vez que el gobernador analice el proyecto, y en caso que lo apruebe, éste será enviado a la Legislatura para su sanción y posterior puesta en funcionamiento.

Los subsidios de la ley 2128 comenzaron a ser entregados en septiembre de 1995, luego de que los diputados sancionaran la norma durante la primera gestión de Sobisch. En un principio la suma de dinero otorgada fue de 200 pesos por persona, pero luego Felipe Sapag, gobernador durante el período 1995-1999, redujo la suma a 150 pesos un año después de asumir.

En San Martín piden que les den prioridad

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- La Unión de Trabajadores Desocupados de San Martín se quejó por la «indiferencia» del gobierno provincial a sus reiterados reclamos por la situación de beneficiarios de la ley provincial de empleo 2128, muchos de los cuales «hace ocho años que cumplen con contraprestaciones pero nunca son priorizados al momento de incorporar personal a la planta permanente del estado».

En una carta abierta, los desocupados recuerdan que los beneficiados por la ley 2128 «contraprestan en escuelas, hospitales, guarderías, coreo, inspectoría de trabajo, municipalidad; pero no se tienen en cuenta los permanentes reclamos para mejorar sus condiciones de trabajo. En cambio -añaden- nunca se prioriza a uno de estos compañeros cada vez que el Consejo Provincial de Educación nombra un auxiliar de servicio (portero) en las escuelas…».

En ese contexto, la UTD que forma parte de la CTA, reclama al gobierno el «pase a planta de todos los compañeros que estén o hayan cumplido contraprestación en el estado»,

Asimismo, exige que «se respeten los acuerdos de la Comisión de Seguimiento local de la ley 2128 para que las madres con hijos en edad escolar y las personas mayores de 60 años no tengan la obligación de realizar la contraprestación laboral».

Asimismo, reclaman que hasta tanto no se implementen soluciones como las apuntadas, se considere un incremento en el aporte de 150 pesos que reciben los beneficiarios de la ley 2128.

El escrito, que firman una veintena de integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados y de adscriptos al aludido régimen provincial, señala asimismo que «existe un notable retraso en las fechas de pago desde que se puso en marcha la tarjeta Confiable», por lo que demandaron la inmediata regularización del sistema.