Una propuesta valiosa

Ya que no se ve obligado a desempeñar las funciones por lo común aburridas propias del vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez ha tenido mucho tiempo para intentar diagnosticar los defectos del orden político nacional y decidir sobre la mejor forma de remediarlos. Lo mismo que tantos otros, Alvarez entiende que en nuestro país la política ha degenerado en una actividad totalmente desvinculada de los problemas concretos de la sociedad, debido a la obsesión de los “dirigentes” por dinero y poder. No sólo es cuestión de enriquecimiento ilícito, sino también de la costumbre de aprovechar todas las oportunidades disponibles para construir imperios personales privilegiando a los familiares, amigos y aliados, actividad que además de institucionalizar la corrupción produce distorsiones gravísimas de todo tipo. Por eso, Alvarez está convencido de que ha llegado la hora de limitar el acceso al erario público de los integrantes de la clase política y con este objetivo ha planteado una serie de medidas.

De éstas, la más promisoria tiene que ver con el gasto social. Aunque en teoría la Argentina invierte mucho dinero en atender a las necesidades de quienes carecen de los recursos que les permitirían valerse por sí mismos, el grueso de las sumas así supuestas suele utilizarse para costear burocracias inútiles por lo común comprometidas con alguno que otro aparato político que se dejan guiar por criterios impúdicamente partidarios, privilegiando las eventuales ventajas políticas de su accionar por encima de cualquier otro factor. Desde luego que el despilfarro es enorme. Como han comprobado los organismos internacionales que se han interesado por el tema, algunos países latinoamericanos que conforme a las estadísticas gastan mucho menos que la Argentina consiguen resultados que son llamativamente mejores.

A fin de solucionar este problema, Alvarez ha propuesto la creación de una “agencia” o “banco social” que manejaría los fondos correspondientes, eliminando a los intermediarios -los punteros barriales, operadores partidarios, intendentes ambiciosos, gobernadores provinciales y otros caciques-, para que el dinero sea empleado de forma más racional y eficiente. Como es natural, esta propuesta no les ha interesado en absoluto a los políticos profesionales. Lejos de reconocer que sería positivo manejar con mayor eficacia el dinero destinado a la asistencia social, rechazan el planteo con una mezcla de incredulidad e indignación porque saben muy bien que los obligaría a modificar radicalmente su forma entre paternalista y nepotista de “hacer política”. Para quienes no integran la corporación política, en cambio, la centralización del gasto social en una sola agencia sería una manera lógica de impedir que una parte importante de los fondos sea apropiada o desviada por miembros de las muchas camarillas políticas.

Nadie ignora que en todo el país el sector público se caracteriza por el derroche y la ineficiencia, pero pocos han querido pensar en lo que significa esta verdad de perogrullo, acaso por comprender que son muchos los que viven del escaso interés de los dirigentes en administrar con un mínimo de prolijidad el dinero que les suministran los contribuyentes y que por lo tanto un esfuerzo realmente decidido por obligarlos a rendir cuentas perjudicaría a un sinfín de intereses creados. Sin embargo, sucede que la inoperancia al parecer congénita de la multitud de entes públicos o semipúblicos que conforman el Estado no se debe a nuestras particularidades culturales ni a problemas presupuestarios, sino al hecho patente de que los dirigentes políticos no sienten entusiasmo alguno por cambiar el sistema. Si no fuera por su voluntad de aferrarse al statu quo, nada les impediría impulsar reformas auténticas que les permitirían gobernar el país con la máxima eficacia, pero puesto que a su juicio la eliminación del derroche tradicional equivaldría a la muerte de la política como tal, han preferido luchar con uñas y dientes contra todos los intentos de obligarlos a anteponer el bienestar del conjunto a sus propios intereses, motivo por el cual pocos dirigentes notables se han dejado preocupar por el fracaso ya habitual de los responsables de manejar el gasto social.