Una riña vergonzosa
Cuando las autoridades de la ciudad de Buenos Aires decidieron dotar su jurisdicción de una fuerza policial propia, como las existentes en todas las provincias del país, no preveían que el gobierno kirchnerista aprovecharía la oportunidad así brindada para ocasionarle problemas, con la esperanza apenas disimulada de que de tal modo lograría convencer a los porteños de que les convendría votar por Daniel Filmus en las elecciones municipales. Con ingenuidad, la gente del PRO suponía que sería del interés de todos que la transición, que tomaría varios años, ocurriera sin demasiados problemas, de suerte que el gobierno porteño disfrutaría de la colaboración plena del Poder Ejecutivo nacional. Se equivocaba, claro está. Como sucede en todas partes del país, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner discrimina sistemáticamente entre los comprometidos con su “proyecto” por un lado y los enemigos del campo nacional y popular por el otro, colmando de fondos a aquéllos y boicoteando a éstos. Así las cosas, puesto que el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri ni siquiera finge ser kirchnerista, no tenía derecho a pedirle nada al gobierno nacional. No motivó sorpresa, pues, el que a comienzos de abril del año pasado la ministra de Seguridad, Nilda Garré, haya ordenado el retiro de los efectivos de la Policía Federal que hasta entonces habían custodiado los edificios públicos porteños, entre ellos los hospitales, so pretexto de que en adelante la Policía Metropolitana de Macri tendría que encargarse de la tarea. Aunque en dicha oportunidad voceros del gobierno porteño protestaron contra lo que a su juicio fue una decisión irresponsable que tendría consecuencias nefastas, el gobierno nacional no se dio por aludido. A partir de entonces, los hospitales porteños más vulnerables, los que atienden a decenas de miles de pacientes que en su mayoría proceden del conurbano bonaerense, no cuentan con custodios eficientes. Según los médicos, la violencia ya es permanente puesto que nadie está en condiciones de mantener un mínimo de orden. Por lo tanto, era de prever que tarde o temprano se produjeran episodios tan truculentos como el del jueves pasado en el hospital Santojanni, ubicado en Liniers, cuando irrumpió una pandilla de matones pertenecientes a la barra brava del club Nueva Chicago con el propósito de asesinar a un hincha de un club rival. Si bien no consiguieron hacerlo, lograron ocupar la guardia del hospital y, por increíble que parezca, la sala de partos. Aunque, al difundirse ciertos detalles, el episodio bochornoso tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública nacional, los vinculados con el hospital Santojanni y otros similares no lo encontraron del todo insólito, puesto que, dicen, cosas así ocurren todos los días desde que Garré dejó la seguridad en manos de Macri. Si lo que quería subrayar la ministra de Seguridad nacional cuando, a pocas semanas de la culminación de la campaña electoral municipal, anunció que en adelante la Policía Federal no custodiaría los hospitales porteños, era que la aún embrionaria Policía Metropolitana no estaba en condiciones de reemplazarla, tendrá motivos de sobra para sentirse satisfecha, ya que no cabe duda de que carece de la capacidad necesaria, mientras que los servicios se seguridad privados que han sido contratados por la ciudad de Buenos Aires son, si cabe, aún más precarios. Sin embargo, aunque desde el punto de vista de los funcionarios del gobierno nacional y del porteño el tema de la responsabilidad formal de la situación aberrante que se ha creado es sumamente importante, desde aquel de los demás dista de ser prioritario. Además de sentirse rehenes de una mezquina reyerta política, los médicos y pacientes de los hospitales se encuentran indefensos frente a una ola de violencia al parecer irrefrenable protagonizada tanto por integrantes de las barras bravas que a veces gozan de la protección de operadores políticos o sindicalistas y están relacionadas con organizaciones delictivas, como por narcotraficantes. Tales sujetos ponen en peligro la convivencia civilizada, pero parecería que a juicio de las autoridades –nacionales, provinciales o municipales, da igual– los riesgos que correrían si se animaran a enfrentarlos son tan grandes y los eventuales beneficios políticos de mantenerlos a raya serían tan escasos que prefieren dejar las cosas como están.
Cuando las autoridades de la ciudad de Buenos Aires decidieron dotar su jurisdicción de una fuerza policial propia, como las existentes en todas las provincias del país, no preveían que el gobierno kirchnerista aprovecharía la oportunidad así brindada para ocasionarle problemas, con la esperanza apenas disimulada de que de tal modo lograría convencer a los porteños de que les convendría votar por Daniel Filmus en las elecciones municipales. Con ingenuidad, la gente del PRO suponía que sería del interés de todos que la transición, que tomaría varios años, ocurriera sin demasiados problemas, de suerte que el gobierno porteño disfrutaría de la colaboración plena del Poder Ejecutivo nacional. Se equivocaba, claro está. Como sucede en todas partes del país, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner discrimina sistemáticamente entre los comprometidos con su “proyecto” por un lado y los enemigos del campo nacional y popular por el otro, colmando de fondos a aquéllos y boicoteando a éstos. Así las cosas, puesto que el jefe del gobierno porteño Mauricio Macri ni siquiera finge ser kirchnerista, no tenía derecho a pedirle nada al gobierno nacional. No motivó sorpresa, pues, el que a comienzos de abril del año pasado la ministra de Seguridad, Nilda Garré, haya ordenado el retiro de los efectivos de la Policía Federal que hasta entonces habían custodiado los edificios públicos porteños, entre ellos los hospitales, so pretexto de que en adelante la Policía Metropolitana de Macri tendría que encargarse de la tarea. Aunque en dicha oportunidad voceros del gobierno porteño protestaron contra lo que a su juicio fue una decisión irresponsable que tendría consecuencias nefastas, el gobierno nacional no se dio por aludido. A partir de entonces, los hospitales porteños más vulnerables, los que atienden a decenas de miles de pacientes que en su mayoría proceden del conurbano bonaerense, no cuentan con custodios eficientes. Según los médicos, la violencia ya es permanente puesto que nadie está en condiciones de mantener un mínimo de orden. Por lo tanto, era de prever que tarde o temprano se produjeran episodios tan truculentos como el del jueves pasado en el hospital Santojanni, ubicado en Liniers, cuando irrumpió una pandilla de matones pertenecientes a la barra brava del club Nueva Chicago con el propósito de asesinar a un hincha de un club rival. Si bien no consiguieron hacerlo, lograron ocupar la guardia del hospital y, por increíble que parezca, la sala de partos. Aunque, al difundirse ciertos detalles, el episodio bochornoso tuvo un impacto muy fuerte en la opinión pública nacional, los vinculados con el hospital Santojanni y otros similares no lo encontraron del todo insólito, puesto que, dicen, cosas así ocurren todos los días desde que Garré dejó la seguridad en manos de Macri. Si lo que quería subrayar la ministra de Seguridad nacional cuando, a pocas semanas de la culminación de la campaña electoral municipal, anunció que en adelante la Policía Federal no custodiaría los hospitales porteños, era que la aún embrionaria Policía Metropolitana no estaba en condiciones de reemplazarla, tendrá motivos de sobra para sentirse satisfecha, ya que no cabe duda de que carece de la capacidad necesaria, mientras que los servicios se seguridad privados que han sido contratados por la ciudad de Buenos Aires son, si cabe, aún más precarios. Sin embargo, aunque desde el punto de vista de los funcionarios del gobierno nacional y del porteño el tema de la responsabilidad formal de la situación aberrante que se ha creado es sumamente importante, desde aquel de los demás dista de ser prioritario. Además de sentirse rehenes de una mezquina reyerta política, los médicos y pacientes de los hospitales se encuentran indefensos frente a una ola de violencia al parecer irrefrenable protagonizada tanto por integrantes de las barras bravas que a veces gozan de la protección de operadores políticos o sindicalistas y están relacionadas con organizaciones delictivas, como por narcotraficantes. Tales sujetos ponen en peligro la convivencia civilizada, pero parecería que a juicio de las autoridades –nacionales, provinciales o municipales, da igual– los riesgos que correrían si se animaran a enfrentarlos son tan grandes y los eventuales beneficios políticos de mantenerlos a raya serían tan escasos que prefieren dejar las cosas como están.
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