Unidos en un “plan criminal”
ROCA.- “Aprovechándose de la necesidad habitacional de la gente vieron detrás de esto la posibilidad de un negocio: apropiarse de dinero mediante este ardid, diciendo que tenían pactada la construcción de las casas con el IPPV cuando no era así”. De esa manera los querellantes acusaron a los imputados por las estafas, alegando que entre 2006 y 2007 vendieron lotes que aún no eran del sindicato y que durante tres años se invocó en los convenios un “contrato con el IPPV” para la construcción de las casas que recién se firmó a mediados de 2009. “En la segunda etapa de la estafa está la sobreventa. En agosto de 2009 tuvieron autorización de venta del IPPV, pero con el límite preciso de 167 terrenos, aunque ellos cedieron en total 677”, dijeron los acusadores, que consideran a Sansuerro y a Iturburu como coautores “porque ninguno pudo haber ejecutado el plan criminal sin la necesaria participación del otro”. La fiscal Giuffrida, en tanto, opinó que “la responsabilidad de ambos surge incuestionable” en los dos hechos investigados y recalcó el “grave perjuicio” que sufrieron los damnificados, “algunos de los cuales están hasta hoy pagando los préstamos que sacaron para comprar el terreno”.
ROCA.- “Aprovechándose de la necesidad habitacional de la gente vieron detrás de esto la posibilidad de un negocio: apropiarse de dinero mediante este ardid, diciendo que tenían pactada la construcción de las casas con el IPPV cuando no era así”. De esa manera los querellantes acusaron a los imputados por las estafas, alegando que entre 2006 y 2007 vendieron lotes que aún no eran del sindicato y que durante tres años se invocó en los convenios un “contrato con el IPPV” para la construcción de las casas que recién se firmó a mediados de 2009. “En la segunda etapa de la estafa está la sobreventa. En agosto de 2009 tuvieron autorización de venta del IPPV, pero con el límite preciso de 167 terrenos, aunque ellos cedieron en total 677”, dijeron los acusadores, que consideran a Sansuerro y a Iturburu como coautores “porque ninguno pudo haber ejecutado el plan criminal sin la necesaria participación del otro”. La fiscal Giuffrida, en tanto, opinó que “la responsabilidad de ambos surge incuestionable” en los dos hechos investigados y recalcó el “grave perjuicio” que sufrieron los damnificados, “algunos de los cuales están hasta hoy pagando los préstamos que sacaron para comprar el terreno”.
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