Uruguay: rechazo de médicos a ley de aborto
Ana Inés Cibils Macedo AFP
La implementación de la ley que autorizó el aborto en Uruguay, vigente desde diciembre, tropieza con algunas dificultades debido al rechazo de decenas de médicos que han presentado un recurso en contra de la norma y denuncian que están siendo presionados por las autoridades. Más de un centenar de médicos ya presentaron un recurso administrativo contra el decreto que reglamentó la ley aprobada en octubre pasado por el Congreso. Los médicos sostienen que la ley prioriza la reflexión de la mujer antes de resolver interrumpir su embarazo y que “el decreto busca acelerar los plazos”, dijo a la AFP el abogado Agustín Amonte, representante de los firmantes del recurso. La ley prevé no penalizar la interrupción del embarazo en las doce primeras semanas de gestación si la mujer se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción. Luego de cinco días de reflexión de la mujer se podrá realizar el aborto a través de medicamentos y de forma ambulatoria, salvo que la historia clínica de la paciente requiera internación. Según Amonte, esto también es cuestionado por los galenos. “El equipo médico debe contener a la mujer, darle su apoyo y no darle una droga para que se la aplique en su casa. Se necesita un respaldo médico que respalde la operación”, explicó. Si el Ministerio de Salud Pública (MSP) rechaza el recurso, planean acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, indicó. Más allá de este recurso, el abogado indicó que un grupo de ginecólogos que interpusieron la objeción de conciencia para no participar en abortos se sienten presionados por las autoridades. “Se están evaluando las acciones legales para defender a los médicos que interpusieron la objeción de conciencia por sentir que el aborto contradice sus principios éticos, morales o religiosos y se sienten presionados por la estrategia del MSP, que les realiza llamadas o solicita reuniones con ellos para que revean su posición”, indicó el abogado. El representante no descartó llevar el caso incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario. Desde el gobierno, en tanto, admiten que la “población bastante importante de ginecólogos” que adujo objeción de conciencia les sorprendió, pero sostienen que el sistema está funcionando. La cantidad de médicos que rechazaron realizar abortos es “una sorpresa”, dijo a la AFP Leticia Rieppi, coordinadora de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva del MSP. En el departamento de Salto (noroeste), por ejemplo, todos los ginecólogos presentaron objeción de conciencia. “Las usuarias que han querido interrumpir el embarazo lo han hecho en departamentos limítrofes o en Montevideo. Eso trae complicaciones, porque tal vez una mujer tiene que hacer 500 kilómetros para una interrupción del embarazo, pero la logra hacer igual”, indicó Rieppi. Hasta que se aprobó la ley, se ofrecía asesoramiento pre y posaborto a las mujeres que así lo deseaban, pero los médicos sólo podían aconsejar y no practicar la interrupción del embarazo. Las mujeres debían obtener el misoprostol –medicamento contra las úlceras generalmente recomendado para interrumpir el embarazo– en el mercado negro. “Muchos de los profesionales que hacían asesoramiento hoy son quienes hacen objeción de conciencia. Eso es lo que nos está llamando la atención”, sostuvo Rieppi. La jerarca niega que haya presiones y dice que apuestan al diálogo. Indicó que planea ir a Salto a hablar con los médicos “para saber cuál es la situación”, al tiempo que el mes próximo comenzará una capacitación de los profesionales involucrados en el nuevo sistema. “Lentamente estoy convencida de que eso (la cantidad de objeciones de conciencia) se va a ir revirtiendo”, confió. Para la jerarca, el sistema de todas formas está funcionando bien. Prueba de ello es que, aunque no han sistematizado los datos, “en todos lados del país ya se han hecho” abortos. “A todos nos hubiese gustado una ley más sencilla de implementar, pero es la ley que tenemos y que ha disminuido la inequidad, entonces bienvenida sea esta ley”, sostuvo. Con la legalización de la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, Uruguay se convirtió en el segundo país de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.
