Variantes del terrorismo
Aunque distintos sectores opositores han criticado con severidad la “ley antiterrorista” que fue confeccionada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada con rapidez insólita por el Congreso, sus esfuerzos en tal sentido han sido débiles en comparación con los de aquellos kirchneristas que dicen temer que la norma sirva para criminalizar “la protesta social”, o sea que andando el tiempo la aprovechen jueces derechistas en contra de militantes de la ultraizquierda o piqueteros que cometan actos de violencia con el presunto propósito de “aterrorizar a la población”. Asimismo los hay que, como el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, la atribuyen a las presiones norteamericanas, acusando así a la presidenta Cristina de ponerse al servicio del “imperio”, hipótesis que, desde luego, rechazan con indignación los voceros oficialistas que insisten en que es necesario que la legislación del país se adecue a las exigencias a su juicio razonables del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que trata de luchar contra el lavado de dinero destinado a organizaciones terroristas. En resumen, quienes se sienten representados por agrupaciones opositoras están convencidos de que el gobierno acaba de pertrecharse con un instrumento que lo ayudará a hostigar aún más a sus adversarios políticos, mientras que ciertos oficialistas creen que lo heredarán “derechistas” que no vacilarían en utilizarlo para reprimir a quienes en su opinión tendrían pleno derecho a participar en manifestaciones callejeras que podrían dar lugar a hechos de violencia. Si bien los puntos de vista de los radicales, peronistas disidentes, liberales y conservadores por un lado y, por el otro, los comprometidos con el ala izquierdista de la coalición gobernante son diferentes, parecería que todos concuerdan en que el texto de la ley es tan impreciso que podría prestarse a interpretaciones muy diversas por parte de ciertos jueces que, según el senador radical Ernesto Sanz, son proclives a privilegiar “sus egos y sus vanidades”. Para algunos, advertir sobre peligros económicos por venir podría considerarse una forma de “aterrorizar a la población”, de ahí la amenaza formulada al pasar por el jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, José Sbatella, según la que la ley antiterrorista podría aplicarse a los medios de difusión, y ni hablar de quienes compran dólares por no confiar como es debido en la fortaleza del peso. Para quienes piensan así, no sería malo que un gobierno progresista castigara a “especuladores” supuestamente deseosos de provocar un “golpe de mercado”, pero sería totalmente inaceptable que un eventual sucesor reaccionario se ensañara con los resueltos a impulsar cambios sociales. Los reparos de quienes habitualmente defienden el accionar del gobierno de Cristina parecen basarse en la conciencia de que la situación actual es pasajera y que, tarde o temprano, el país será gobernado por personas de ideas bastante distintas, de suerte que le convendría pensar en el largo plazo. Así y todo, no puede descartarse la posibilidad de que en los meses próximos crezca la resistencia a la “sintonía fina” hasta tal punto que los kirchneristas mismos opten por reprimir la “protesta social”, como suelen hacer en la provincia de Santa Cruz. En tal caso resultarían justificados los temores de los izquierdistas, como ya han sido aquellos de los opositores que sospechan que el gobierno se ha propuesto usar la ley para perseguir con más ahínco a sus adversarios, en especial a los mediáticos, y apoderarse de sectores cada vez más amplios de la economía, tratando a quienes procuran defenderse de sus atropellos como terroristas. Por cierto, la noción de que sembrar inquietud suponga “aterrorizar a la población” vendrá de perlas a personajes como Guillermo Moreno según los cuales las consultoras que discrepan con las estadísticas fabricadas por el Indec están en manos de delincuentes, motivo por el que las obliga a pagar multas punitivas draconianas, y que se han acostumbrado a intimidar a empresarios reacios a obedecer sus órdenes. También podría resultar provechosa para oficialistas de mentalidad autoritaria, cuando no totalitaria, en las “batallas culturales” que están librando contra los medios independientes cuya mera existencia les parece subversiva.
Aunque distintos sectores opositores han criticado con severidad la “ley antiterrorista” que fue confeccionada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada con rapidez insólita por el Congreso, sus esfuerzos en tal sentido han sido débiles en comparación con los de aquellos kirchneristas que dicen temer que la norma sirva para criminalizar “la protesta social”, o sea que andando el tiempo la aprovechen jueces derechistas en contra de militantes de la ultraizquierda o piqueteros que cometan actos de violencia con el presunto propósito de “aterrorizar a la población”. Asimismo los hay que, como el juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, la atribuyen a las presiones norteamericanas, acusando así a la presidenta Cristina de ponerse al servicio del “imperio”, hipótesis que, desde luego, rechazan con indignación los voceros oficialistas que insisten en que es necesario que la legislación del país se adecue a las exigencias a su juicio razonables del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que trata de luchar contra el lavado de dinero destinado a organizaciones terroristas. En resumen, quienes se sienten representados por agrupaciones opositoras están convencidos de que el gobierno acaba de pertrecharse con un instrumento que lo ayudará a hostigar aún más a sus adversarios políticos, mientras que ciertos oficialistas creen que lo heredarán “derechistas” que no vacilarían en utilizarlo para reprimir a quienes en su opinión tendrían pleno derecho a participar en manifestaciones callejeras que podrían dar lugar a hechos de violencia. Si bien los puntos de vista de los radicales, peronistas disidentes, liberales y conservadores por un lado y, por el otro, los comprometidos con el ala izquierdista de la coalición gobernante son diferentes, parecería que todos concuerdan en que el texto de la ley es tan impreciso que podría prestarse a interpretaciones muy diversas por parte de ciertos jueces que, según el senador radical Ernesto Sanz, son proclives a privilegiar “sus egos y sus vanidades”. Para algunos, advertir sobre peligros económicos por venir podría considerarse una forma de “aterrorizar a la población”, de ahí la amenaza formulada al pasar por el jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, José Sbatella, según la que la ley antiterrorista podría aplicarse a los medios de difusión, y ni hablar de quienes compran dólares por no confiar como es debido en la fortaleza del peso. Para quienes piensan así, no sería malo que un gobierno progresista castigara a “especuladores” supuestamente deseosos de provocar un “golpe de mercado”, pero sería totalmente inaceptable que un eventual sucesor reaccionario se ensañara con los resueltos a impulsar cambios sociales. Los reparos de quienes habitualmente defienden el accionar del gobierno de Cristina parecen basarse en la conciencia de que la situación actual es pasajera y que, tarde o temprano, el país será gobernado por personas de ideas bastante distintas, de suerte que le convendría pensar en el largo plazo. Así y todo, no puede descartarse la posibilidad de que en los meses próximos crezca la resistencia a la “sintonía fina” hasta tal punto que los kirchneristas mismos opten por reprimir la “protesta social”, como suelen hacer en la provincia de Santa Cruz. En tal caso resultarían justificados los temores de los izquierdistas, como ya han sido aquellos de los opositores que sospechan que el gobierno se ha propuesto usar la ley para perseguir con más ahínco a sus adversarios, en especial a los mediáticos, y apoderarse de sectores cada vez más amplios de la economía, tratando a quienes procuran defenderse de sus atropellos como terroristas. Por cierto, la noción de que sembrar inquietud suponga “aterrorizar a la población” vendrá de perlas a personajes como Guillermo Moreno según los cuales las consultoras que discrepan con las estadísticas fabricadas por el Indec están en manos de delincuentes, motivo por el que las obliga a pagar multas punitivas draconianas, y que se han acostumbrado a intimidar a empresarios reacios a obedecer sus órdenes. También podría resultar provechosa para oficialistas de mentalidad autoritaria, cuando no totalitaria, en las “batallas culturales” que están librando contra los medios independientes cuya mera existencia les parece subversiva.
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