¿Venezuela al margen del orden internacional?
El desconocimiento por parte de Venezuela del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo condena y ordena restablecer la frecuencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) hace pensar que el régimen bolivariano se pone al margen del orden internacional. El fallo de la renovación de la frecuencia es contundente y además exige devolver los bienes objeto de las medidas cautelares. Agrega que en este caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Pero ¿aceptaría Venezuela el fallo? Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo había desestimado en términos vulgares: “Esta sentencia agárrenla y la doblan bien, se la meten en un bolsillo”. Añadió que era inadmisible cualquiera injerencia en Venezuela. Su pronóstico no esperó mucho: el jueves pasado el Tribunal Supremo de Venezuela lo declaró inejecutable, aduciendo que no se habían agotado todos los procedimientos de recursos internos. Pero esta justificación no puede ser admisible por una razón central: que la oportunidad para presentarlos era ante la Comisión y antes de que emitiera su informe de admisibilidad, y Venezuela no lo hizo sino a posteriori. Pero, además, la Convención Americana prevé que no hace falta ese agotamiento cuando hubiese mediado retardo procesal o falta de recursos idóneos en el derecho interno para proteger a las víctimas denunciantes. En el caso, los dos recursos pendientes estaban en una situación de “retardo injustificado” luego de pasados cuatro años sin ser decididos. Las redes sociales se inundaron de opiniones. Muchos señalaron que nadie podría pensar que ese régimen acataría el fallo, al margen de que la sentencia es con seguridad la más importante que haya dictado la Corte en materia de libertad de expresión. Líderes civiles, por otra parte, le dieron la bienvenida y lo consideraron un espaldarazo para la libertad de expresión. Todo era una estrategia del gobierno venezolano contra la libertad de expresión, el pluralismo y el libre pensamiento. El momento final, como lo vaticinó el ministro de Comunicaciones de la época, fue a las 12:01 del 28 de mayo de 2007. Habría que ver ahora si el fallo de la Corte se impone ante la irracionalidad de un gobierno que no puede aceptar que sus ciudadanos estén informados, para así tener opinión, y que hasta es capaz de ponerse al margen del derecho y del orden internacional. (*) Profesor visitante en el College of Law de American University, en Washington DC
Julio E. Muñoz (*) @julioemuñoz
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El desconocimiento por parte de Venezuela del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo condena y ordena restablecer la frecuencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) hace pensar que el régimen bolivariano se pone al margen del orden internacional. El fallo de la renovación de la frecuencia es contundente y además exige devolver los bienes objeto de las medidas cautelares. Agrega que en este caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Pero ¿aceptaría Venezuela el fallo? Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo había desestimado en términos vulgares: “Esta sentencia agárrenla y la doblan bien, se la meten en un bolsillo”. Añadió que era inadmisible cualquiera injerencia en Venezuela. Su pronóstico no esperó mucho: el jueves pasado el Tribunal Supremo de Venezuela lo declaró inejecutable, aduciendo que no se habían agotado todos los procedimientos de recursos internos. Pero esta justificación no puede ser admisible por una razón central: que la oportunidad para presentarlos era ante la Comisión y antes de que emitiera su informe de admisibilidad, y Venezuela no lo hizo sino a posteriori. Pero, además, la Convención Americana prevé que no hace falta ese agotamiento cuando hubiese mediado retardo procesal o falta de recursos idóneos en el derecho interno para proteger a las víctimas denunciantes. En el caso, los dos recursos pendientes estaban en una situación de “retardo injustificado” luego de pasados cuatro años sin ser decididos. Las redes sociales se inundaron de opiniones. Muchos señalaron que nadie podría pensar que ese régimen acataría el fallo, al margen de que la sentencia es con seguridad la más importante que haya dictado la Corte en materia de libertad de expresión. Líderes civiles, por otra parte, le dieron la bienvenida y lo consideraron un espaldarazo para la libertad de expresión. Todo era una estrategia del gobierno venezolano contra la libertad de expresión, el pluralismo y el libre pensamiento. El momento final, como lo vaticinó el ministro de Comunicaciones de la época, fue a las 12:01 del 28 de mayo de 2007. Habría que ver ahora si el fallo de la Corte se impone ante la irracionalidad de un gobierno que no puede aceptar que sus ciudadanos estén informados, para así tener opinión, y que hasta es capaz de ponerse al margen del derecho y del orden internacional. (*) Profesor visitante en el College of Law de American University, en Washington DC
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