Verdes negros

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Desde hacía años el mercado cambiario en nuestro país se había mantenido insólitamente tranquilo, ya que no faltaban dólares, las reservas rebosaban de salud y a pesar de las presiones de los lobbistas industriales no había motivos para suponer que el gobierno estaba por devaluar el peso, pero así y todo en las semanas últimas ha reaparecido un viejo conocido: el dólar paralelo. Según se informa, algunos operadores llegaron a pagar 4,22 pesos para comprarlo, cuando en las casas de cambio lo vendían por apenas 4,06 pesos. La diferencia se atribuye a la voluntad de ciertos personajes de sacar unos 100 millones de dólares del país sin verse obligados a cumplir los trámites burocráticos habituales, lo que hace pensar que se trataba de dinero “negro” procedente de negocios que no fueron debidamente declarados. De todos modos, los enterados de estos asuntos aseguran que en el distrito financiero porteño se da por descontado que la operación resultó exitosa y que, luego de haber agitado el mercado cambiario local, el monto nada despreciable involucrado se alejó del alcance de las autoridades nacionales. Por ser cuestión de un fenómeno típico de etapas de incertidumbre, el que se haya producido una brecha significante entre el dólar oficial y el paralelo es una señal ominosa. Es natural, pues, que este episodio haya provocado mucha inquietud entre los preocupados por la marcha de la economía, ya que la impresión generalizada es que los dueños de aquellos 100 millones de dólares creían que nos aguarda un período de inestabilidad y que por lo tanto les convendría reubicarlos en un lugar más previsible aun cuando para hacerlo hayan tenido que pagar un precio muy superior al vigente en el mercado legal. Los temores en tal sentido distan de ser arbitrarios. A menos que en la Argentina se hayan visto suspendidas las leyes económicas que rigen en otras latitudes, tarde o temprano la política oficial de seguir estimulando el consumo, pasando por alto detalles molestos como los supuestos por una tasa de inflación ya muy alta que tiende a subir y por la militancia creciente de sindicalistas que tienen buenos motivos para recordarle al gobierno que cometería un error muy grave si se le ocurriera dejar que la Justicia determinara su destino, tendrá consecuencias desafortunadas. Así las cosas, sería lógico que se haya intensificado la fuga de capitales que se reanudó hace varios años y que hayan participado de ella personas que por sus propias razones no quieren saber nada de los controles gubernamentales. La combinación de corrupción endémica, un gobierno intervencionista que se esfuerza por frenar los movimientos de capital, una tasa de inflación que está entre las más elevadas del mundo y la sensación de que antes de celebrarse las elecciones presidenciales la política oficial seguirá caracterizándose por la negativa a tomar medidas que podrían perjudicar al eventual candidato gubernamental que, se prevé, será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha creado una situación bastante complicada. Lo que está ocurriendo en el sector financiero puede ser un síntoma del malestar que sienten los convencidos de que el “modelo” pronto se verá en apuros debido a la resistencia de los encargados de manejarlo a tomar en serio el desafío planteado por la inflación. Aunque el nerviosismo que se ha apoderado de algunos que operan en dicho sector no está compartido todavía por el grueso del electorado, de producirse más episodios como el protagonizado por los dispuestos a eludir los controles cueste lo que los costare a fin de poner su dinero a salvo la sensación de que el país se está acercando a una nueva convulsión financiera, en esta oportunidad debido a la diferencia ya enorme entre la tasa de inflación oficial y la que de acuerdo común es la real, no podría sino propagarse. Según parece, los kirchneristas apuestan a que nada desagradable suceda antes de las elecciones fijadas para octubre, pero, como aprendieron los gobiernos de muchos otros países, incluyendo Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea, las crisis financieras suelen estallar de golpe sin que nadie haya logrado preverlas, con consecuencias contundentes para la “economía real” y para los millones de personas que dependen de su desempeño.