Viviendas de Apel: el perjuicio ronda los 32 millones

La Justicia estableció que el daño patrimonial al Estado rionegrino por las irregularidades del Fondo de Viviendas de APEl rondó los 32 millones de pesos. En la última audiencia, el fiscal Pedro Puntel informó del cálculo de la defraudación estatal, que tiene como imputado principal al titular del gremio legislativo, Alejandro Gatica.

Valiéndose de conclusiones del equipo contable de la Procuración, Puntel concluyó de un perjucio por 24.129.109 pesos y 170.371 dólares. Esta cuantificación arroja un total de unos 31,8 millones de pesos.

La estimación fiscal incluye bienes adquiridos y, además, la compra de dólares por Gatica, con disponibilidad del Fondo y que no volvieron al mismo. Hasta ahora, la Justicia no disponía de una pericia contable propia del perjuicio y recurría a un dictamen del Tribunal de Cuentas del 2012, que un cálculo de unos 12 millones

Con ese estudio técnico, el fiscal determinó el daño patrimonial del Estado, fijando las imputaciones a Gatica y otros acusados por once hechos irregulares, siempre referidos al manejo de Apel del Fondo de Viviendas, constituidos con recursos públicos. La investigación se concentra en las acciones entre agosto del 2010 y marzo del 2014. Puntel imputó al secretario general como autor del hecho de “defraudación al Estado, administracion infiel y abuso”, y los otros en calidad de “partícipes necesarios”.

La audiencia -que presidió el juez Ignacio Gandolfi- concluyó con un plazo máximo de tres meses para finalizar con la investigación, previéndose entonces para setiembre el control de acusación y avanzar en el juzgamiento de los imputados.

Entre las irregularidades, Puntel insistió en la “presentación de facturas apócrifas”, faltantes de recursos, “rendiciones de cuentas dolosamente presentadas (algunas presentadas con atrasos, de 9 a 20 meses), manejo ineficiente, trabajos en la sede gremial con recursos del Fondo, pago de deudas de APEL, “irregular contratación de profesionales” y, entre otras, la compra de materiales que fueron entregados en domicilios particulares, como el de sus hijas o un ex cuñado.

Además, entre otras operaciones cuestionadas, se considera una “irregular contratación a una firma vial para efectuar tareas de limpieza en loteo” o la “simulada inversión en compra de divisas” por unos 170 mil dólares. También detalló la adquisición de diversos lotes en Viedma, el Balneario El Cóndor y Bahía San Blas con notable sobreprecios. Otras maniobras constituyen contrataciones a una empresa y negocios con una sociedad integrada por su esposa y el hijo de ella, generando -según la acusación- una transferencia de dinero del Fondo al seno familiar.