Vivir con lo nuestro y gastar a cuenta

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MIGUEL ÁNGEL ROUCO (*)

Las cuentas públicas finalizarán el 2012 con un déficit de 50.000 millones de pesos que serán financiados pura y exclusivamente con emisión monetaria y serán pagados por el impuesto inflacionario, haciendo más pobres a los más pobres y más ricos a los más ricos. Las proyecciones dan cuenta de un desequilibrio fiscal de tres puntos del PBI con un incremento del ritmo del gasto público sin precedentes. A la par de estos números, la economía comienza a evidenciar un proceso agudo de desaceleración con sectores productivos que ya se encuentran en recesión. Lejos de atacar las causas de la inflación y del estancamiento, el gobierno arremete y, contra la lógica económica, aumenta el gasto público en un afán de moderar la caída del nivel de actividad económica apoyándose en el agotamiento de todas las fuentes de ahorro, público y privado. En otros términos, la administración Kirchner quiere atacar la estanflación con mayor gasto público y emisión monetaria, que es lo mismo que apagar un incendio con combustible. En su avance, el gobierno maneja el Fondo de Sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social (FS) como si se tratara de una empresa comercial en manos del Estado y, en lugar de pagarles las deudas a los jubilados y pensionados, otorga créditos alegremente sin tener en cuenta que ese dinero es del sector pasivo. Más de 500.000 reclamos se apilan en el fuero previsional en demanda de un ajuste de sus haberes y de la mala liquidación de los beneficios. Pero además de usar ese fondo con un destino contrario al tutelado por las leyes, el gobierno nacional echa mano de esos recursos para paliar el déficit fiscal generado por gastos superfluos y extravagantes, como el desequilibrio de Aerolíneas Argentinas que este año rondaría los 700 millones de dólares, el fútbol y los autos para todos o los arbitrarios subsidios, sólo para no abundar en ejemplos. Este esquema está llevando a un vaciamiento del FS que no sólo impedirá que los actuales jubilados cobren sus deudas sino que comprometerá el pago de las futuras jubilaciones. Otro tanto ocurre con el PAMI, donde las constantes exacciones del organismo provocan que haya menores prestaciones a los pasivos y se aumenten los riesgos sobre la salud de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. De hecho, la falta de recursos obliga al organismo a posponer las prestaciones y esto aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad. Mientras, el gobierno aumenta gastos sin control, ejecuta mal los gastos, no cumple con lo pactado y recorta fondos a aquellas jurisdicciones que le reclaman deudas. Tal es el caso de lo sufrido por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el primer caso se le reclama la actualización de los fondos coparticipables, como es el caso del Fondo del Conurbano. En el segundo, las cosas son más complicadas desde que estalló el conflicto con el traspaso del subte, donde la Casa Rosada no sólo no garantizó la seguridad sino que tampoco aportó los coches nuevos que se comprometió a incorporar ni las obras de mejoras. Una prueba de las malas compras del Estado son los coches que debía incorporar para el subterráneo y que, sin embargo, no pueden ser puestos a rodar por una diferencia técnica que se podría haber evitado si la contratación hubiera sido bien ejecutada. Sin abundar en ejemplos de mala gestión, todas estas operaciones tienen un fuerte impacto fiscal embrionario. La aceleración en el deterioro de las cuentas fiscales obedece al impacto sobre los ingresos de la caída de la actividad económica frente a un gasto público en permanente crecimiento en términos reales, debido al retraso cambiario. Así la tensión va en aumento, con un suba de precios que no se desacelera por expectativas desfavorables y todo hace impacto sobre el dólar y la fuga de capitales. El galimatías de subsidios se ha convertido en un peligroso acelerador del déficit fiscal. Las transferencias al sector privado crecieron en junio un 28% interanual y en los primeros seis meses del año se gastaron más de 54.000 millones de pesos en subsidios al sector privado. Pero para la administración Kirchner ese gasto parece intocable, porque representa un reaseguro frente a las instancias electorales. Sin embargo, el ajuste lo pone en evidencia en la ejecución de obras públicas y en retrasos al pago de proveedores. Más allá de lo expuesto, con la soja a precios exorbitantes, el gobierno gasta a cuenta esperando los dólares que ingresarían por el oro verde. Sólo que esta vez los precios de los commodities agrícolas forman parte de una burbuja especulativa. Pero, como dicen en el campo, “no hay que contar los terneros antes de la parición”. (*) Analista económico DyN