Vuelve el escándalo al Senado por más privilegios
Se dieron $1.200 de plus por desarraigo. Se refuerza una denuncia por coimas a bancos.
A la denuncia de un pedido de coimas que habrían efectuado a banqueros para frenar el trámite de un proyecto de ley que los perjudicaría, se suma ahora el cobro de 1.200 pesos extras por desarraigo que se otorgaron en una acción «compensatoria» decidida en secreto, después de que habían anunciado la eliminación de sus dietas de un adicional por gastos de vehículos (en fin, un falso gesto de austeridad).
Este Senado, ratifica que prioriza los gestos corporativos a los reclamos de la sociedad. La muestra es que mantienen trabada la derogación de los regímenes jubilatorios especiales (las llamadas jubilaciones privilegiadas) que ya sancionaron hace tiempo los diputados.
Al destaparse ayer el escándalo por el plus por desarraigo -con el que los senadores llegan a los 9.271 pesos mensuales por todo concepto-, la mayoría de los senadores jugó a las escondidas. Concientes del grado de irritación generalizada que despertó el hecho, apelaron a la Dirección de Prensa del Senado para expresar su posición en forma indirecta: vía comunicado de prensa.
«Desmentimos en forma categórica que haya existido una maniobra de ocultamiento y la reposición de un plus por desarraigo», se justificaron.
Y en la sesión, lejos de la autocrítica, defendieron lo aprobado.
Fue prácticamente una odisea obtener opinión de los senadores de Río Negro y Neuquén. Normalmente se apresuran a atender el teléfono o a difundir sus actividades.
Pero en esta ocasión, varios eludieron los llamados de este diario y, cuando una sola legisladora respondió, fue para justificar los 1.200 pesos mensuales que vienen cobrando desde hace cinco meses.
«Está camino a la sesión», esgrimió un colaborador del senador emepenista Pedro Salvatori. «Se fue y está inhallable, porqué el celular lo tengo yo», se excusó una secretaria de Sergio Gallia, el representante peronista de Neuquén.
Hasta anoche también había optado por el silencio el rionegrino Miguel Pichetto.
La senadora Luz Sapag, defendió lo que cobra, aunque reconoció la necesidad de hacer alguna reducción diferenciando según las situaciones particulares. «Lo que está mal es que se actué en las sombras, debe decirse la verdad porque las cosas siempre se saben. No es que quiera excusarme pero las decisiones administrativas corresponden a los partidos chicos», afirmó Sapag.
De todos modos, ésta última no considera injusto que los senadores perciban un plus por desarraigo porque tienen que mantener dos casas, aunque opinó que no es lógico que todos reciban el mismo importe. «No gasta lo mismo un senador santafesino que sus pares de Santa Cruz», explicó.
El rionegrino Luis Falcó contestó a través de un comunicado. «La medida no es clandestina. Se paga en blanco en el recibido de sueldo desde hace 5 meses y reconoce el desarraigo que existe en los tres poderes del Estado de la Nación», expresó.
Afirmó que «la difusión de este tema hecha al mismo tiempo en todos los medios capitalinos, demuestra una clara intencionalidad política contra el Senado de la Nación».
Finalmente, concedió que podría plantearse «la discusión política sobre si debe pagarse o no».
La radical Amanda Isidori se comunicó con este diario una vez conocidas las explicaciones del titular de la Cámara Juan Maqueda.
«No hay nada oscuro, hemos transparentado un plus por desarraigo que sufrimos la mayoría de los senadores», dijo.
Isidori recordó que cuando se difundió el nuevo decreto se realizaron dos conferencias de prensa.
«Por eso nos preocupa que se diga que se ocultó la información. Se derogó un plus de movilidad que no tenía transparencia y se estableció que los senadores que vivieran a más de 200 kilómetros, recibieran los 1.200 por desarraigo», concluyó la legisladora rionegrina.
Caldeada sesión
En una inédita y caldeada sesión, signada por los escándalos y los discursos vehementes, la senadora justicialista Malvina Seguí, contraatacó ayer con dureza a quienes la habían vinculado con un supuesto caso de sobornos e identificó a un presunto enlace que tienen los bancos en el Congreso, como sospechoso en el caso.
La senadora tucumana también criticó con dureza a sus pares, la justicialista Cristina Fernández de Kirchner y el republicano Pablo Walter, porque según ella, se sumaron a las versiones que la responsabilizaron por los supuestos ilícitos.
Después de conseguir habilitar el debate, a pesar de no estar previsto en el temario, Seguí también tuvo éxito para hacer votar una gestión para incautar en el momento el libro de entradas del Senado, para verificar el presunto enlace con las coimas.
Previamente había presentado una nota dirigida a las autoridades de la cámara para que se aclare si el presunto enlace «es integrante de la planta de personal del Senado», qué funciones cumple, si presta servicios en algún sector o despacho y si «representa a alguna entidad gremial o asociativa vinculada con las entidades financieras y bancarias».
Periodista inglés, contra el intento de vulnerar su derecho
BUENOS AIRES (ABA).- Pese a que el corresponsal para América Latina del Financial Times, Thomas Catán, ratificó ante la Justicia la información sobre un pedido de coimas de senadores a banqueros para frenar una ley (y para ello hizo valer su derecho a no revelar la fuente, que los jueces respetaron), un fiscal intenta vulnerar ese derecho reclamando que se investiguen los llamados telefónicos efectuados por el periodista.
Para evitar este atropello, Catán presentó ayer un escrito en el juzgado de Bonadío, patrocinado por el estudio jurídico de Luis Moreno Ocampo. «Se trata de evitar que avancen las actividades judiciales que pueden vulnerar la preservación de las fuentes de los periodistas, que es una garantía constitucional», resumió a «Río Negro», Wortman Jofré, del equipo de abogados.
En la presentación, Catán alerta sobre la posibilidad de que el fiscal Guillermo Marijuán pueda pedir el listado de sus llamados.
«Pedimos que se lo notificara al fiscal de que nos oponíamos a tal intención, para que desistiera de sus acciones; después, por si el fiscal ya lo había pedido, le pedimos al juez que no hiciera lugar; y finalmente si el juez lo había ordenado, que anulara la orden», resumió Wortman Jofré.
El caso se remonta al 22 de agosto, fecha en la que Catán publicó una nota en la que afirmaba que un grupo de banqueros había recibido un pedido de sobornos de parte de algunos senadores para «no avanzar» en el tratamiento de un proyecto de creación de un fondo de desempleo para los empleados bancarios.
La iniciativa había sido elaborada por el senador justicialista Luis Barrionuevo y preveía la creación de la Comisión Nacional de Trabajadores Bancarios mediante el aporte del 2% de las comisiones que los bancos cobran a sus clientes; y finalmente fue aprobada por el Senado. Catán ratificó anteayer ante el juez todo lo que había escrito en la nota y, amparándose en el secreto profesional, se negó a revelar quién le había dado a conocer la información que originó la investigación judicial.
Sin embargo, durante el interrogatorio, el periodista respondió consultas sobre los números de teléfono que utiliza para su profesión y sus asuntos personales, pero no advirtió los motivos que suscitaban la formulación de esas preguntas hasta que hoy vio la publicación del matutino porteño.
Fue por eso que ayer advirtió en el escrito que «puedo resultar particularmente afectado por una decisión que, para el supuesto de llevarse a cabo, lesionaría gravemente las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de mi profesión de periodista».
En este sentido, dijo que se estarían «violando» derechos fundamentales previstos en el artículo 43 de la Constitución, que dice que «no podrán afectarse el secreto a las fuentes de información periodística». «Entiendo que lejos estoy de ser considerado imputado en el marco de una investigación que se inició gracias a mi aporte, por lo que una medida restrictiva de mis derechos se encuentra expresamente velada por la norma fundamental de la nación», remarcó el periodista.
Agregó que «si se permitiera llevar a cabo una medida como la señalada se estaría enviando un claro mensaje desde la Justicia a quienes ejercemos la profesión de periodistas para que evitemos la publicación de hechos de corrupción pública».
El gobierno atacó a Krueger: «Nos tiene hartos»
El gobierno de Duhalde expresó ayer el «hartazgo» que generan las declaraciones y acciones que tienen los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la Argentina.
Así lo expresó ayer el ministro del Interior, Jorge Matzkin, en respuesta a las afirmaciones de Anne Krueger, número dos del Fondo, respecto a la posibilidad de sancionar a la Argentina en caso de que entre en default con el organismo multilateral de crédito.
Al respecto, Graciela Caamaño, ministra de Trabajo, relativizó las advertencias lanzadas por la subdirectora gerente del FMI al manifestar que desde el Poder Ejecutivo «no nos habíamos hecho grandes expectativas de recibir ayuda».
Desde Washington, Krueger -en las últimas horas- alejó aún más las posibilidad de que se geste un acuerdo entre el FMI y la Argentina en el corto plazo, al estimar que en el organismo «estamos mirando al 2004» como horizonte para alcanzar un entendimiento.
Por su parte, el ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, calificó de «negativas» las declaraciones de Krueger y del secretario del Tesoro norteamericano, Paul O»Neill, respecto de la poca chance que tiene la Argentina de recibir ayuda externa en el corto plazo.
Para Matzkin, «hay acciones y opiniones por parte del FMI que nos llenan de hartazgo hasta a los más pacientes».
El responsable de la cartera política consideró que «con el Fondo o sin el Fondo, el país saldrá adelante». (DYN)
Lavagna no polemiza
El Ministerio de Economía evitó ayer polemizar con la vicedirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, quien puso en duda los términos del acuerdo que se negocia con la Argentina, y afirmó que las conversaciones con el organismo se «intensificaron».
Krueger dijo ayer que el FMI intenta cerrar con la Argentina un programa de transición hasta el 31 de diciembre de 2003, sin dar detalles de sus características, y sin mencionar como posibilidad un acuerdo tipo «stand by», tal como asegura el gobierno argentino.
Economía afirmó que la negociación se «intensificó» en las últimas horas y justificó esta apreciación en una serie de conversaciones telefónicas que mantienen el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Anoop Singh.
Singh le comunicó ayer a Nielsen que le remitirá «una síntesis» con las conclusiones que extrajo la cúpula del FMI en la reunión que se realizó ayer en Washington. (DYN)
El PJ y la UCR ya buscan un acuerdo sobre la Corte
El Justicialismo y la UCR resolvieron ayer en la Cámara de Diputados darse una semana de tiempo para buscar una salida al juicio político a la Corte Suprema, en el gesto más cercano a un acuerdo desde que ambas fuerzas se enfrentaron por sus diferencias frente a la suerte que deben correr los jueces del tribunal.
El entendimiento se selló en un juego de gestos mutuos que cerró la sesión ordinaria de ayer de la cámara baja.
Allí, el menemista Manuel Baladrón pidió aprobar una preferencia para que el proyecto de juicio político a la Corte Suprema se tratara inevitablemente la semana próxima.
El oficialismo quiere cerrar el juicio contra los magistrados para conseguir, a cambio, el visto bueno de la Corte a las decisiones financieras del Poder Ejecutivo.
Los legisladores del ARI se levantaron apenas escucharon el pedido de preferencia.
Lo mismo hizo la mayor parte de los diputados de la UCR, pero el jefe de la bancada, Horacio Pernasetti, tomó la palabra, advirtió que aprobarla era «forzar» el tratamiento y propuso «buscar el marco adecuado».
Los radicales habían resuelto con el PJ que la sesión pasara entonces a un cuarto intermedio.
El pacto se cumplió al pie de la letra, en una muestra del diálogo abierto entre ambas fuerzas. De hecho, el jefe de los justicialistas, Humberto Roggero, criticó al ARI pero evitó disparar contra los radicales y, al cerrar la sesión, afirmó que estaban «dispuestos a seguir conversando».
Pesificación en el freezer
La Corte Suprema de Justicia celebrará hoy su reunión de acuerdo de los jueves pero no resolverá demandas contra el «corralito» bancario y la pesificación de los depósitos originariamente pactados en moneda extranjera.
«De ningún modo se tratarán temas vinculados al «corralito» y la pesificación», aseveró un ministro del máximo tribunal que pidió reserva de su filiación.
La Corte, empero, avanzaría en la convocatoria a conjueces para dirimir el caso del ahorrista de Chubut Miguel Acerbo, que sentará jurisprudencia a favor o en contra de la pesificación ya que está en juego la conversión de colocaciones por un millón de dólares.
Fuentes del supremo tribunal recordaron que, para expedirse sobre miles de acciones de amparo contra el «corralito», presentadas ante el fuero Contencioso Administrativo, la Corte necesitará designar al menos dos conjueces que emitan voto en lugar de los ministros Gustavo Bossert y Enrique Petracchi, que se excusaron de intervenir en esos casos porque tienen depósitos inmovilizados en los bancos.
Del Bello: «Las cifras de la industria son buenas»
BUENOS AIRES (ABA).- El titular del INDEC, Juan Carlos Del Bello, explicó a «Río Negro» que las cifras reveladas ayer sobre la caída del 6,3% en la actividad industrial de agosto -con respecto al mismo mes del año pasado- deben ser interpretadas como un indicador positivo, ya que de todos modos, el sector produjo el mes pasado un 2,7% más que en julio último.
Además, adelantó que se espera también una mejora en el sector de la construcción, cuyos guarismos serán dados a conocer la próxima semana.
«Es claramente una mejora, porque hay un aumento en los valores desestacionalizados del 2,7% con respecto al mes inmediato anterior. Además, la variación interanual por primera vez registra una caída menor a un dígito», aseguró.
Desde su óptica, la caída es menor que la que venía registrándose en los meses anteriores. «De ahí que el acumulado del período anual de enero a agosto acumula un menos 15, cuando habíamos arrancado en el menos 18», afirmó.
En este sentido, sostuvo que se trata de un porcentaje esperanzador el dado a conocer ayer sobre la actividad industrial.
«La tendencia ciclo estaría indicando que se terminó el período recesivo o más exactamente el tema de la desaceleración de la caída», dijo. Con respecto al sector de la construcción, Del Bello dijo que podría estar registrando una mejoría similar. «Tenemos que esperar la próxima semana para ver si el índice de la construcción se correlaciona con lo que estamos midiendo en el sector de los minerales no metálicos», dijo. En este último rubro, según Del Bello, aumentó la producción de cemento y de otros insumos. «Estimamos que los índices de la construcción también mejorarán», afirmó.
Los factores a los que atribuyó la recuperación en la producción industrial son, entre otros, que las industrias supieron «aprovechar la nueva estructura de precios relativos, el tipo de cambio y se lanzaron a sustituir importaciones».
Buenos Aires prepara más patacones
El ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, no descartó ayer que deba realizarse una nueva emisión de patacones para afrontar el pago de los sueldos del mes de septiembre.
«No queremos emitir más patacones, el objetivo es no emitir más, pero hay posibilidades que tengamos que emitir algo», dijo el titular de la cartera económica en declaraciones en la Casa de Gobierno bonaerense.
Otero declinó adelantar a cuánto ascendería la nueva emisión, ya que condicionó la posibilidad de una nueva emisión a la recaudación del mes en curso y a la posibilidad que el gobierno nacional cumpla con el convenio fiscal que preveía una asistencia financiera a la Provincia de 800 millones de pesos a fin de frenar la emisión de bonos.
«De 800 millones recibí 27», afirmó Otero y reiteró que la provincia «no quiere emitir patacones, sólo lo hará en base a una estricta necesidad».
El funcionario remarcó que la Provincia podrá mantener el objetivo de no emitir «en la medida que el gobierno nacional pueda instrumentar un financiamiento que permita reemplazar esa emisión».(Télam)
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