Weretilneck busca con obras de Edersa suplir la falta de otros planes.
ATE tensa la cuerda y halla en incumplimientos del Estado excusa y aval. El 2015 ya comenzó.
DOMINGO A DOMINGO
Weretilneck sabe que no le será fácil cumplir su promesa de que, en lo que se refiere a su gestión, «lo mejor está por venir». Su equipo de colaboradores no mostró una buena performance, aun antes de que las diferencias políticas lo diezmaran con renuncias y recambios.
Sin embargo, algunos sucesos volvieron más alentadora su situación a la luz de su objetivo político de volver a la Casa de Gobierno en el 2015.
Luego de quebrar su afinidad política con el gobierno nacional y casi sin chances de obtener recursos de la renegociación de contratos petroleros, el panorama financiero se le planteaba sombrío.
Tuvo que dar el brazo a torcer en otras áreas: autorizó el ajuste de tarifas de la distribuidora de electricidad Edersa, al que se negaban su gente en Energía y el EPRE desde hacía dos años.
No tenía argumentos serios. Pero la necesidad lo llevó ahora a abrir un entendimiento con los compradores de la firma que, en principio, su equipo de Energía buscaba controlar más de cerca.
El resultado le permitirá a Weretilneck participar en el anuncio de obras por más de 150 millones de pesos en el próximo año.
Mientras tanto, el clima político se altera. Nadie deja margen para un acuerdo.
Esta semana, ATE convirtió Viedma en un caos: ocupó el ministerio de Desarrollo Social y mantuvo varios días una carpa que bloqueó u obstaculizó el tránsito en la estrecha calle Buenos Aires, en el casco histórico de la capital provincial. Luego se movilizó y copó el edificio de Educación.
Pintadas, carteles, desorden, bombos… todo un estilo. El gremio, por alguna razón, ha basado su acción sindical en la confrontación y la provocación.
Y el gobierno no tiene autoridad moral ni firmeza para dar una respuesta adecuada. En gran medida, porque deja abiertos flancos débiles.
ATE reclama que Weretilneck nunca cumplió la promesa de terminar con la precarización de profesionales y empleados en Desarrollo Social y que sigue pagando sumas en negro. Hiere la dignidad del gobierno cuando señala que el ministro no cumpliría los requisitos para ingresar como empleado público.
Es cierto y es una cara de la moneda, que no implica validar la metodología agresiva de ATE.
La otra es que tanto el gremio como el gobierno admiten implícitamente que empleados entren al Estado «por la ventana», sin concurso ni vacante previa. Luego, uno y otro los tratan como clientes.
El gobierno vuelve a equivocarse cuando, sin atender al origen del conflicto, renuncia a ejercer sus facultades y traslada a la Justicia la carga de resolver el problema de la ocupación de edificios públicos.
Erra al no convocar primero la intervención de la Secretaría de Trabajo, ámbito natural de mediación laboral.
Por quedar bien con el Ejecutivo, también se equivocó el juez Guillermo Bustamante al resolver el amparo.
El ministro le había pedido que ordenara desalojar al gremio de Desarrollo Social. Mientras tramitaba el amparo, ATE abandonó esa sede y tomó Educación. Sin que nadie registrara ese cambio en el expediente, el juez -motu proprio- ordenó liberar todos los edificios públicos que se ocuparan y las carpas que dificultaran el tránsito.
No preservó el principio de congruencia entre pedido y sentencia.
Además, la notificación del fallo fue pegada en la puerta de ATE y los sindicalistas dijeron no haberla conocido.
Recién el viernes, después de la objetada resolución del juez, Educación pidió, curiosamente al mismo juez Bustamante, que, ahora sí, ordenara a ATE abandonar la ocupación ilegítima de su edificio. Lo hizo tratando de no desautorizar al magistrado sino, cómico ya, invocando su resolución: «Aun a pesar de la orden judicial mencionada, el gremio continúa ocupando de manera ilegítima el inmueble donde funciona el Ministerio de Educación y Derechos Humanos».
Baja calidad institucional, chicanas, desprecio por la ciudadanía…
En la Justicia las cosas tampoco están bien.
El STJ desautorizó gravemente a la procuradora del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano, y dejó sin efecto la resolución de emergencia que ésta había dictado en relación con doce defensorías de la provincia.
El diferendo, además de revelar problemas personales serios entre los responsables de impartir justicia en la Provincia, pone en evidencia la necesidad de revisar la ley que dividió funciones y atribuciones entre el STJ y la Procuración. En su momento, el STJ hizo una norma que centralizaba en ese organismo todo el manejo del Poder Judicial. Luego, la entonces procuradora Liliana Piccinini logró que la Legislatura aprobara otra dando autonomía al Ministerio Público.
La paradoja: hoy Piccinini, desde el STJ, objeta las facultades que ella misma impulsó cuando reforzaban su poder y que reivindica su contendiente histórica Baquero Lazcano.
Es difícil que con una convivencia así pueda avanzarse en implementar una reforma del Código Procesal Penal que va a exigir dialogar, organizar, compatibilizar, coordinar, consensuar…
En lo que se refiere al ámbito político, Miguel Pichetto exhibe gestos. El viernes obtuvo el respaldo de Daniel Scioli a su candidatura a gobernador. Pidió al gobierno provincial que reglamente pronto las PASO.
Busca, con gestiones y fondos nacionales, plantarse frente a un gobernador que recorre la provincia todos los días con la chequera del Estado.
Tanto él como quienes desde el golpeado Frente para la Victoria rionegrino aspiren a la gobernación deberán andar mucho. Por el momento, no se ven equipos, movilización interna ni mística.
En el radicalismo la cosa está peor.
El domingo próximo el partido -que hegemonizó durante casi tres décadas la política rionegrina- elegirá autoridades en un comicio interno que definirá el alineamiento nacional y la estrategia de alianzas hacia el 2015.
Pero, sea cual fuera, el resultado difícilmente pueda evitar una fractura.
Los intendentes y algunos legisladores, con Horacio Massaccesi a la cabeza, piensan poner la UCR a disposición de Weretilneck para el 2015, sea en la boleta del actual gobernador o adhiriendo desde una lista colectora. Para los intendentes es una cuestión de gobernabilidad, sobre todo para el viedmense José Luis Foulkes.
Desde el otro sector, más predispuesto a una alianza con el FA-Unen de Magdalena Odarda, la dificultad consiste justamente en que carecen de intendentes que incentiven al voto en los pueblos.
Para colmo, sólo en Viedma y Roca habrá disputa por los comités locales. En Viedma el voto dirime entre el sector de Foulkes y el de Mendioroz y en Roca, el veranismo enfrenta a Saiz y sus aliados.
Cada vez más, la actividad partidaria reemplaza en los titulares a la gestión estatal.
En política, el 2015 ya comenzó.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
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