¿Y el largo plazo?
Puede que la rebaja de sueldos aplicada por el gobierno nacional sea "justa", pero contribuirá a desalentar todavía más a los empleados relativamente capaces que permanecen en el Estado.
El flanco débil del gobierno del presidente Fernando de la Rúa ya es dolorosamente evidente: le falta lo que podría llamarse un «proyecto». Desde que inició su gestión está haciendo un esfuerzo encomiable por sanear las cuentas nacionales, de ahí los «ajustes» sucesivos, pero no se ha preocupado por explicar a la población lo que quiere lograr una vez que haya eliminado el último desequilibrio. Será por eso que ha tomado diversas medidas que acaso brinden resultados positivos en el corto plazo, pero que provocarán graves perjuicios después. Por cierto, su forma de afrontar el grave problema planteado por el todavía abultado gasto público difícilmente podría ser más negativa.
A juzgar por las medidas que acaban de anunciarse, en opinión del Ministerio de Economía y, es de suponer, del presidente también, la razón por la cual el Estado está en crisis se limita a que cuesta demasiado. Se trata de una verdad a medias. Aunque no hay duda de que los distintos organismos -entre ellos las legislaturas y las administraciones provinciales- que conforman el Estado son excesivamente costosos para un país que parece ser congénitamente incapaz de recaudar impuestos, lo que es mucho peor es que son grotescamente ineficientes porque los partidos políticos los han convertido en dependencias clientelistas. Así las cosas, a un gobierno realmente resuelto a eliminar las trabas que están demorando el progreso del país le correspondería llevar a cabo los «ajustes» en el marco de un programa mucho más ambicioso que el dado a conocer y que, entre otras cosas, serviría para atenuar el impacto de los cortes al asegurar a la ciudadanía de que el propósito principal del gobierno no consiste en complacer al FMI, sino en construir un Estado digno de un país moderno que aspira a integrarse pronto al Primer Mundo.
¿Es lo que está haciendo el gobierno? Aunque de vez en cuando voceros oficiales como el vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez aluden a la necesidad de emprender una reforma global del Estado, por lo pronto las únicas medidas concretas de las que se ha hablado han tenido que ver con la reducción de costos. Y, como ya es tradicional, el gobierno procurará hacerlo rebajando los sueldos de aquellos «privilegiados» que perciben más de una suma determinada que en esta ocasión será de mil pesos mensuales. Puede que la estrategia así supuesta sea «justa» y «sensible» por dejar intactos los sueldos magros de quienes ganan aún menos, pero no existe motivo alguno para creer que contribuirá a hacer más eficiente al Estado, lo cual debería ser la prioridad oficial. Por el contrario, sólo servirá para desalentar todavía más a los relativamente capaces, tanto a los que a pesar de todo todavía permanecen en el sector público como a los que en otras circunstancias estarán pesando los eventuales beneficios y desventajas de candidatearse para un puesto. A esta altura, cualquier persona -a menos que se trate de un militante político- con posibilidades de encontrar un empleo en una empresa privada sabrá que le convendría mantenerse bien lejos del Estado.
Sin embargo, para que el país salga adelante, será forzoso que cuente con un Estado de verdad, es decir, con uno que esté en condiciones de atraer no sólo a quienes de otro modo no tendrían ningún empleo estable sino también a los que, de quererlo, podrían abrirse camino en el sector privado. Aunque las personas de este tipo no suelen estar obsesionadas por el dinero, pocas se resignarían a conformarse con una miseria y la ciudadanía, si es que quiere vivir en una sociedad bien administrada, tendrá que estar dispuesta a asegurarles un ingreso adecuado. ¿Lo está? Todo hace pensar que no, que para buena parte de la población y, huelga decirlo, para la clase política en su conjunto, la administración pública es tan prescindible como la educación, la seguridad, la salud pública y tantos otros servicios que en otras latitudes son considerados fundamentales. Si no pensaran de este modo, no se las hubieran ingeniado para transformar la administración pública, sobre todo en las provincias que más necesitan una dosis de eficacia, en un gigantesco refugio para los reacios a probar suerte en el sector privado.
El flanco débil del gobierno del presidente Fernando de la Rúa ya es dolorosamente evidente: le falta lo que podría llamarse un "proyecto". Desde que inició su gestión está haciendo un esfuerzo encomiable por sanear las cuentas nacionales, de ahí los "ajustes" sucesivos, pero no se ha preocupado por explicar a la población lo que quiere lograr una vez que haya eliminado el último desequilibrio. Será por eso que ha tomado diversas medidas que acaso brinden resultados positivos en el corto plazo, pero que provocarán graves perjuicios después. Por cierto, su forma de afrontar el grave problema planteado por el todavía abultado gasto público difícilmente podría ser más negativa.
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