YPF, un impensado aliado de Gutiérrez

Federico Aringoli

Editor responsable. Nació en 1982 en General Roca, Río Negro. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Realizó tareas de investigación académica entre 2005 y 2007 como becario de la UNCo. Luego se formó en periodismo digital. En RÍO NEGRO fue editor de la sección Energía (2017-2018), jefe de la agencia Neuquén (2018-2022) y Prosecretario de Redacción (2020-2022). Reside actualmente en Neuquén capital. En Diario RÍO NEGRO desde 2005.

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Desde el surgimiento de Vaca Muerta la tensión política petrolera tiene tres actores: el gobernador de Neuquén, el ministro o secretario de Energía e YPF.


Se conoce más de la ley de promoción de inversiones petroleras por los cruces políticos, fogoneados al calor del clima electoral, que por las cuestiones centrales que tendrán un impacto real en las economías vinculadas a los hidrocarburos y, en particular, en Neuquén, de la mano de Vaca Muerta. Quien, repitiéndose a sí mismo, utilizó el pragmatismo para resolver la ecuación fue Guillermo Pereyra: para el sindicalista no quedan más de dos o tres décadas para la industria de los combustibles fósiles, por eso, no hay tiempo que perder.

Sin embargo, no hay pragmatismo que no responda a una idea política y, por si quedaban dudas, volvió apoyar el proyecto diseñado por el secretario de Energía, Darío Martínez. Cada vez que tiene oportunidad resalta el proyecto y el impulso del funcionario nacional. Ese guiño lo ubica con una posición diferencial dentro de su partido, el MPN, al que le dedicará más tiempo cuando en diciembre deje la conducción de Petroleros Privados a Marcelo Rucci.

Desde el surgimiento de Vaca Muerta la tensión política petrolera tiene tres actores centrales: el gobernador de Neuquén, el ministro o secretario de Energía y el presidente de YPF, principal inversionista, por lejos, en los no convencionales. También siempre sobrevoló, más allá de la anécdota conocida en el mundillo petrolero, la revisión de la denominada Ley Corta.

La petrolera de mayoría estatal siempre osciló en ese triángulo entre ser el órgano rector de la política energética nacional y el acercamiento a la mesa chica neuquina, para poder llevar adelante su posición dominante en Vaca Muerta. En las dos oficinas, los directivos de la operadora hicieron catarsis. En una por el frente abierto campo adentro de la operación y, en la otra, por el corset de precios que le impone el Estado nacional para no trasladar a tarifas.


El gobernador Gutiérrez anunció que trabajará junto a Pablo González, presidente de la compañía, para mejorar el proyecto para las inversiones petroleras.


El nuevo capítulo se conoció esta semana cuando el gobernador Omar Gutiérrez adelantó que trabajará junto con YPF, puntualmente con Pablo González, el presidente de la compañía y que tiene acciones electorales en Santa Cruz, por llevar a buen puerto la mentada ley. Ambos mantuvieron un encuentro, pero públicamente el hecho quedó más publicitado por el gobernador que por el directivo.

YPF y el gobierno neuquino siempre tuvieron una relación táctica y no siempre fue en términos de lealtad. La última ruptura se dio con los anuncios de inversión que la petrolera hizo para las refinerías en Mendoza y Buenos Aires, pero eso parece estar a punto de saldarse con un cercano anuncio para el mapa no convencional neuquino.

Para el equipo de Martínez hay más puesta en escena que motivos reales. Juran e hiperjuran que no se alteran las autonomías provinciales. Señalan al exgobernador Jorge Sapag quien, pese a velar por una salida para la ley, muestra el contrapunto más agudo con el texto. Fue el asesor presidencial Ariel Kogan quien le respondió sus críticas al artículo 90 del proyecto, poniendo casi al límite del absurdo el cuestionamiento por tratarse, según su explicación, de un tema de forma. “No existe tal rebelión federal”, aclaró, por las dudas.

Por su parte Sapag consiguió el respaldo del Colegio de Abogados de Neuquén que lo invitó a una charla bajo la premisa, no tan implícita, de que se vulneran las autonomías provinciales. El exmandatario cree que la norma debería avanzar pero no con el actual entramado normativo y que debería reducirse en su articulado.

Algunas fuentes consultadas avalan parcialmente las consideraciones neuquinas al entender que la ley incorporó aportes de distintos sectores y que ese crisol de intereses tiende a generar tensiones que serán complicadas de saltearse. “Es un Frankenstein”, graficó uno de los consultados.

El proyecto tiene previsto avanzar en el Congreso después del 14. Más allá de que pocos esperan un cambio de escenario electoral, no sería extraño pensar que, más allá de los avatares locales, la iniciativa pueda ser tomada como una pieza más del rompecabezas que tiene como principal figura el Presupuesto y el acuerdo con el FMI. En el oficialismo nacional, como se sabe, no hay unidad de criterios.


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