Zaffaroni, Griesa y las drogas: cuando el político mata al juez
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El recato de los funcionarios debería ser una condición indispensable para ejercer como tales, aunque se ocupe el escalón más alto de uno de los tres poderes de la República. Cuanto más respeto institucional merece una investidura por parte de toda la ciudadanía, la regla debería ser mayor cautela del investido.
El juez Eugenio Zaffaroni parece haber dejado en la banquina su parte de esta regla de oro de respeto hacia la ciudadanía, quizás en aras de hacerse políticamente el simpático en una entrevista radial, por cierto nada comprometida.
La emprendió contra la institución gemela a la que él integra en la Argentina, la Corte Suprema de Estados Unidos, como si su innegable versación en derecho comparado le permitiera calificar políticamente de una “grosería tremenda” aquella resolución que dejó a la Argentina sin la máxima instancia judicial en el caso del juicio de los holdouts.
Menos gratos a su rango fueron los dichos que le propinó a su colega de Nueva York, el juez Thomas Griesa, a quien no describió como senil ni como municipal, sino que lo ascendió de rango a “juez provincial”, al tiempo que señaló que el “desacato” que dice Griesa que ha hecho la Argentina a su sentencia es “un invento”.
Zaffaroni, a quien no se le pide corporativismo global sino cierto decoro en sus juicios, en estas cosas de la deuda se pareció más a un kirchnerista confeso de esos que no saben cómo hacer para mostrarse agradables que a un miembro de la Corte -de salida, es verdad, pero aún en funciones-.
En cuanto a su derrape definitivo, tuvo que ver con un flagelo que cada día se mete más en la sociedad y que está presente en todas sus capas, aunque mucho peor en las más vulnerables: la droga.
Para enmarcar sus dichos al respecto, bien vale recordar que en otras acepciones el término “recato” también significa “prudencia”, justamente la virtud que hace a los jueces y de la que carecen los políticos.
No se sabe muy bien si cuando el juez sostiene que el delito es producto del abandono del Estado incluye en su evaluación la dinámica que tiene el crecimiento de las adicciones de unos años a esta parte y el mirar para otro lado de quienes tendrían que haber intervenido al respecto.
Porque, cuando Zaffaroni envasa sus pensamientos con la retórica garantista que diferencia “intervención compulsiva” de “punición”, expresa al fin una postura de tono académico, aunque hace también una evaluación política. Para él, el paco parece haber caído del espacio.
Pero, cuando justo en medio de la recesión y de la hecatombe de la falta de reservas, con cepo cambiario incluido, el juez bromea con ligereza sobre que “si producimos (drogas) nos vamos a ahorrar divisas”, en realidad lo que está haciendo es burlarse no sólo de miles de personas con adicciones sino también de miles de familias que hoy por hoy temen por sus empleos. Y eso también es una “grosería tremenda”.
HUGO GRIMALDI
Director periodístico de agencia DyN
HUGO GRIMALDI
