Zonas grises en el Estado: lo poco que se hace para saber quién trabaja desde su casa
Río Negro extenderá hasta marzo la dispensa para los empleados públicos con hijos en edad escolar. En el ámbito del STJ, un 20% de los agentes cerró el 2020 sin tareas presenciales ni remotas.
En los últimos días de julio y luego de cruces con abogados, se dispuso el regreso paulatino de los judiciales rionegrinos a sus puestos.
El aumento de los contagios de covid-19 puso otra vez en la agenda de los gobiernos una serie de preguntas urticantes acerca de la productividad en el Estado: ¿hay que volver a la virtualidad como sistema principal de trabajo? ¿Hay que desandar el camino -como piden algunos gremios- y proyectar el regreso a las oficinas públicas teniendo en cuenta el tiempo suficiente transcurrido para incorporar hábitos preventivos? ¿Quién y cómo se verifica el cumplimiento de la jornada laboral para cada agente conectado en forma remota?
El debate está rodeado de interrogantes porque la experiencia de la primera ola de coronavirus se llevó adelante sin la rigurosidad suficiente para evaluar y definir ahora el mejor camino a seguir.
Esa conclusión surge de la respuesta emitida desde el Consejo de la Función Pública cuando RÍO NEGRO pidió información sobre la cantidad de estatales rionegrinos que llegaron a fin de año trabajando desde su casa. Desde ese órgano se admitió que no existen datos centralizados y que cada organismo maneja sus listados de presencialidad y dispensas para no concurrir a los puestos habituales de tareas.
El último dato oficial sobre el alcance del teletrabajo se remonta a un relevamiento realizado en junio, que arrojó un 52% promedio de concurrencia a los puestos laborales dentro del Poder Ejecutivo. Esa mirada excluyó, para evitar distorsiones, a los agentes de Salud y de la Policía, que siguieron trabajando sin cambios durante toda la pandemia, y al personal del Ministerio de Educación.
Los registros muestran que la presencialidad más marcada ni bien se flexibilizó el confinamiento dispuesto en marzo fue en la Fiscalía de Estado -con el 80% de sus empleados en oficina- en tanto que la menor asistencia a edificios públicos se dio en el ámbito del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, con un 94% de los agentes con permiso para permanecer en sus hogares.
El informe fue aportado desde el gremio ATE, que esta semana reclamó al gobierno rionegrino una prórroga en la dispensa para padres o adultos responsables de niños en edad escolar.
El sindicato pidió seguir la línea fijada por el gobierno nacional -que el miércoles extendió el teletrabajo para los agentes públicos a cargo de niños menores de 13 años- pero también incorporó argumentos relacionadas con la época de vacaciones escolares.
“Para ATE, es necesario el pronunciamiento de la Secretaría de Función Pública de la provincia, que aporte claridad en el marco de la confusión originada entre algunos agentes públicos. La imposibilidad de enviar a los niños a colonias de verano -por la pandemia- como una de las posibilidades habituales en esta fecha, hacen necesaria la continuidad de estas preventivas”, indicó el secretario general, Rodrigo Vicente.
Ante la consulta de RÍO NEGRO, desde el gobierno provincial adelantaron que en el Estado provincial la dispensa “para padres al cuidado de niños menores a 12 años” seguirá “hasta el inicio de clases”.
La Justicia
A diferencia del Ejecutivo, en el Poder Judicial hay información estadística más actualizada. Y lo que revelan esos datos es que 367 agentes llegaron al final del 2020 dentro de una zona gris en la que se mezclan diferentes argumentos formales para mantenerse al margen de los que -desde la casa o una oficina- cobran el sueldo a cambio de una contraprestación.
La Justicia vivió semanas de fuerte tensión a mediados del 2020, cuando los colegios de abogados exigieron salir de la parálisis en los tribunales. Desde entonces se avanzó con un paulatino regreso a la presencialidad, pero las críticas de profesionales por la falta de agilidad del sistema se mantienen.
“No brindo por aquellos que cobraron todo el año su sueldo sin trabajar, o trabajando un 10 por ciento de lo que corresponde, forzando una situación contractual ventajosa, y aun así se toman vacaciones y profundizan las dificultades de otras personas que necesitan esos servicios. Curiosas situaciones de quienes no han cumplido sus débitos laborales “por el riesgo de contagio””, posteó a fin de año el abogado y exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo, Omar Jurgeit.
Ese cuestionamiento -extensivo al ámbito universitario- tiene fundamento en las estadísticas de la Justicia provincial.
Un informe oficial indica que, a la primera quincena de septiembre, de los 1.756 trabajadores que se desempeñan en el ámbito de la judicatura, estaban realizando trabajo presencial 782, es decir, el 44,53%. Por otra parte, realizaban teletrabajo 687, implicando un 39,12 %. En cambio, no realizaban trabajo presencial ni teletrabajo 367, es decir el 20,9%. Los trabajadores en grupos de riesgo dentro de ese ámbito son 135, es decir el 7,69%.
La suma supera el 100% porque algunos empleados hacen parte la semana trabajo presencial y el resto en su casa, por lo cual se los contabiliza en los dos grupos.
Sobre los 367 que no cumplen ningún tipo de tarea, fuentes oficiales explicaron que allí se encuentran quienes tienen licencias por enfermedad de largo tratamiento, por embarazo y por tratamientos psicológicos o psiquiátricos, entre otras razones consideradas válidas.
Vale aclarar que esos datos no incluyen al personal del Ministerio Público, por lo tanto la cifra final de personas sin trabajo efectivo es mayor.
Desde el STJ se informó que el 18 de mayo se estableció la obligación del trabajo presencial para los 494 jueces, fiscales, defensores y funcionarios. Solamente quedaron exceptuados de ir a su lugar de trabajo aquellos que integraban los grupos de riesgo y para ellos, se dispuso una unidad de teletrabajo con todas las herramientas digitales para que cumplieran su función. En esa misma fecha se decidió la obligatoriedad de dictar sentencias.
Poder Ejecutivo
- 4.092
- empleados, sobre los 7.938 que dependen de los organismos del Ejecutivo (sin contar Policía y Salud) iban en el segundo semestre a sus puestos.
La asistencia en cada organismo
El último informe que tuvo el Consejo de la Función Pública, luego de pedir un relevamiento a los diferentes organismos del Estado rionegrino, reveló las siguientes cifras de asistencia a los puestos de trabajo.
Agencia de Recaudación: 70%; Agencia de Prevención de Adicciones: 71%; Contaduría General: 31%; Departamento Provincial de Aguas: 43%; Fiscalía de Estado: 80%; Ipross: 67%; Idevi: 33%; IPPV: 42%; Lotería: 65%; Ministerio de Desarrollo Humano: 52%; Ministerio de Economía: 27%; Ministerio de Gobierno y Comunidad: 24%; Ministerio de Producción y Agroindustria: 76%; Ministerio de Seguridad y Justicia: 79%: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: 6%; Ministerio de Obras y Servicios Públicos: 55%; Secretaría General de la Gobernación: 29%; Secretaría de Energía: 61%; Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: 52%; Secretaría de Trabajo: 54%; Secretaría de Planificación: 21%.
La mitad del vaso lleno que mira el STJ
El Superior Tribunal de Justicia contrapone otros datos a la cifra del 20,9% de agentes que cerraron el 2020 sin trabajar en oficinas ni en sus hogares.
Un comunicado oficial reciente destacó que en el año de la pandemia, las Delegaciones de Informática y el Departamento de Telecomunicaciones crearon, configuraron y mantuvieron desde abril a diciembre 1.800 puestos de teletrabajo a través del Protocolo Seguro de Conexión VPN. Además, se resaltó que las Delegaciones CIO capacitaron y asistieron a las personas para que pudieran llevar a cabo su trabajo.
Otro aspecto valorado fue que por decisión del STJ, desde el área de Informatización de la Gestión Judicial también se administraron más de 100 cuentas de Zoom, entre cuentas gratuitas y licenciadas.
“Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial realizó audiencias remotas en todos sus fueros. El trabajo permitió la digitalización prácticamente total de los procesos jurisdiccionales, de sus actividades y de su articulación con organismos externos”, se aseguró.
También se resaltó que todos los desarrollos fueron propios, a cargo de los profesionales del Poder Judicial, y “posibilitaron un salto cualitativo que no sólo permitió la continuidad del servicio de justicia en contexto de pandemia, sino que consolidó a futuro, la política de modernización y digitalización trazada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en los últimos años”.
Según afirma un comunicado oficial, “la premisa es que la informatización permita mayor acceso a la justicia, mayor transparencia de la información y menores costos”.
Fuero penal
- 66%
- de las audiencias se realizan en forma remota.
Contexto
Entre la prevención y dejar a la vista la superpoblación
Los gremios estatales hacen equilibrio ante la modalidad de teletrabajo.
El reclamo para extender la dispensa a quienes tienen hijos en edad escolar se cruza con el rechazo a la consolidación del modo virtual.
La convicción dentro de ese sector es que masificar el trabajo en casa significa una puerta abierta al achique del Estado y con ello, la pérdida de una importante cantidad de empleos.
Pero la mirada gremial colisiona con escenarios que emergieron en la pandemia y que dejaron a la vista la superpoblación en distintos ámbitos oficiales.
Un ejemplo concreto, contado por referentes del propio mundo sindical: buena parte del trabajo de la delegación de Senasa en Bariloche está siendo cumplido desde hace tiempo y sin mayores inconvenientes sólo por dos personas -jefa y una empleada- desde sus viviendas.
Entre las autoridades del organismo nacional empezó a surgir la inquietud sobre el sentido de seguir afrontando los costos que genera el inmueble en la ciudad.
Un caso menor y de bajo impacto, pero que al multiplicarlo por todas las oficinas públicas del país invita a pensar en la necesidad de sincerar los números, para diferenciar a los que trabajan a conciencia de los que se camuflan en los pliegues del Estado.
La Legislatura se aferró al modo virtual
La Legislatura de Río Negro llegó al final del 2020 con una dinámica propia, alejada de la presencialidad que buscaron sumar en forma paulatina los otros dos poderes del Estado.
El trabajo administrativo en el edificio central del Poder Legislativo se mantuvo acotado a un mínimo del personal y la actividad de los legisladores se centró en la virtualidad. Las reuniones de comisión fueron 100% remotas y las sesiones sólo tuvieron en el recinto a las autoridades parlamentarias.
La complejidad del sistema se hizo visible en la duración de las reuniones, que nunca duraron menos de nueve horas, con un récord de 12 horas de tratamiento de proyectos.
El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, y el bloque del Frente de Todos presentaron notas al inicio de la pandemia, para poner a la Legislatura en línea con otros sectores del Estado que continuaban trabajando con presencialidad en contexto de pandemia.
El vicegobernador, Alejandro Palmieri, valoró a fines de diciembre la dinámica de trabajo que se estableció, asegurando que “no hubo nada que no pudiéramos discutir”.
“Tuvimos que adaptar la Legislatura, que tiene mucho formalismo, mucha historia, que fue reglamentada hace muchos años atrás. Era impensada esta realidad, pensaba todo en presencialidad, firma por escrito… y se tuvo que repensar todo”, expresó.
“Es distinta la sesión con los 46 legisladores presentes a estar todos frente a la computadora, pero hemos podido avanzar con las diferentes bancadas”, destacó.
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