La gran paritaria nacional

Mirando al sur

Quienes peinan canas (o ya no tienen qué peinarse) bien podrían encontrar similitudes entre el formato de la mesa de diálogo tripartito que la semana anterior inauguró el gobierno de Mauricio Macri con dirigentes de la CGT y de seis grandes entidades empresarias y el de la “gran paritaria nacional” que se ensayó sin éxito a mediados de 1975.

Sin embargo, sería un error confundir las formas con el contenido. Entonces, el gobierno de Isabel Perón ya hacía agua y procuraba coordinar aumentos salariales para evitar el ajuste económico que finalmente sobrevino con el “Rodrigazo” y desembocó en la primera hiperinflación argentina. Ahora, en cambio, la Casa Rosada busca un objetivo de corto plazo: evitar conflictos sociales a fin de año, reactivar el consumo y bajar la inflación a la mitad en el 2017, para fortalecerse políticamente de cara a las elecciones legislativas.

En sentido estricto, el acta-acuerdo firmada el miércoles último consistió sólo en el aval oficial para que sindicatos y cámaras empresarias negocien por sector el pago de un bono de fin de año, que tendrá carácter no remunerativo y un piso (bajo el eufemismo “base de referencia”) de 2.000 pesos, para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios a raíz de la alta inflación del 2016. “El documento es una declaración política, no es un decreto o una orden oficial”, expresó el jefe de Gabinete Marcos Peña. O sea que la cuestión quedó abierta tras generar algunas resistencias, en especial de la UIA, que sostiene que varias actividades afectadas por la recesión no están en condiciones de pagar el bono (o, indirectamente, trasladar el costo a precios). Ni lerdos ni perezosos, varios sindicalistas salieron a advertir que el pago es imperativo y que las empresas que lo nieguen enfrentarán conflictos (a fin de prevenir probables internas con los delegados). Por su lado, las cámaras mercantiles aclararon que el acuerdo para subir en 19% los sueldos de los empleados de comercio durante los próximos seis meses ya incluye el propósito de recuperación salarial del bono de fin de año.

Por el lado del sector público la situación no es menos compleja. Si bien se especula con que la Casa Rosada aceptaría otorgarlo a la administración nacional en los primeros días de enero (para imputar el costo a las cuentas fiscales del 2017), en nombre del federalismo dejó librada la decisión a los gobiernos provinciales. Pero por lo menos siete (entre ellos, los de Buenos Aires, Río Negro y Mendoza) ya anticiparon que no cuentan con recursos para afrontarlos. De ahí que no se descarte otra negociación, en vísperas de la discusión del presupuesto nacional para el 2017.

Por ahora, esto tiene poco que ver con los objetivos de la mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, promovida por el papa Francisco, bendecida por el episcopado y que se repetirá durante la primera quincena de los meses de noviembre y diciembre. De hecho, el acta firmada por los participantes expresa que para generar empleos dignos y terminar con la pobreza “la Argentina necesita una transformación productiva que permita mejorar la competitividad de sus empresas para que generen más y mejores puestos de trabajo para todos”. Luego remite a los ocho ambiciosos ejes estratégicos del Plan Productivo Nacional, referidos a equidad y eficiencia fiscal; desburocratización de procesos y disminución de la litigiosidad; mejorar el acceso al crédito y al capital; defensa de la competencia y los consumidores; dotar al país de infraestructura y energía; desarrollar una fuerza laboral capacitada; fomentar la innovación, el emprendedorismo y los avances tecnológicos y una inserción inteligente en el mundo. Sólo un párrafo de cinco líneas se refiere al bono extraordinario de fin de año que, por lo visto, ocupó la mayor parte de la extensa reunión de tres horas.

Ironías al margen, el gobierno logró con el aval oficial a ese bono los dos objetivos inmediatos que buscaba y ya habían sido anticipados en estas columnas: uno, desactivar el paro nacional que había anunciado la conducción reunificada de la CGT para antes de fin de año; otro, evitar la reapertura de las paritarias cerradas en el 2016 a un año de plazo que, si bien había sido el motivo invocado para amenazar con esa medida de fuerza, habría puesto en aprietos la meta oficial de bajar la inflación al 17% anual el año próximo.

Con la combinación del bono, la exención del medio aguinaldo de diciembre del impuesto a las Ganancias (para sueldos superiores a $ 55.000 mensuales) y la prometida actualización de las escalas del gravamen, la Casa Rosada aspira a que las paritarias del 2017 se negocien en función de la inflación futura. No por casualidad el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el acuerdo significaba “un borrón y cuenta nueva”, en alusión a que reduce el margen para reclamar la compensación por pérdidas del poder adquisitivo salarial, aunque el pago extra por única vez representará una mejora real para quienes perciben sueldos inferiores a $ 25.000. De todos modos, es un secreto a voces que el gobierno estaría dispuesto a homologar el año próximo aumentos salariales del orden de 25% anual para presentarlos como una recuperación frente a una inflación más baja.

La CGT, por su parte, puede anotarse algunos puntos a su favor fuera del ámbito estrictamente gremial, por más que las CTA la hayan cuestionado por desactivar el paro general. Entre ellos, haber gestionado el bono extra de $ 1.000 para jubilados con el haber mínimo y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y promovido la reunión paralela que el mismo miércoles congregó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con los dirigentes de movimientos sociales (CCC, Barrios de Pie, CTEP), con los que últimamente viene tendiendo puentes y que desembocarían en algún tipo de ayuda oficial. Aun así la conducción cegetista no dejó de sobreactuar al reclamar un compromiso para suspender despidos durante 90 días, agregado como adenda al acta firmada en la Casa Rosada.

De todos modos, el frágil entendimiento tripartito logrado en esta suerte de gran paritaria nacional deja a la intemperie a no pocos empleadores (en especial pymes, que representan al 51% de los puestos de trabajo formales) y, en especial, al 33% de los trabajadores en negro, cuentapropistas o que viven de changas, cuyos magros ingresos en el mejor de los casos podrían ser reforzados a fin de año sólo si reciben la AUH. Una forma muy relativa de combatir la pobreza expresada en el documento de la Mesa de Diálogo.

La Casa Rosada aspira a que las paritarias del 2017 se negocien en función de la inflación futura. Por eso Triaca afirmó que el acuerdo significaba “un borrón y cuenta nueva”.

El gobierno estaría dispuesto a homologar el año próximo aumentos salariales del orden de 25% anual para presentarlos como una recuperación frente a una inflación más baja.