Impunidad a bajo costo

Editorial

“Matar es barato en Argentina”, señaló hace unos días Gladys Cabezas, desconsolada al saber que el expolicía Gustavo Prellezo, el último condenado por la brutal muerte de su hermano, hace 20 años, quedó en libertad.

El mes de enero ha sido escenario de dos de las muertes más conmocionantes en los últimos años de la democracia argentina, que muestran las enormes falencias técnicas y conceptuales de nuestra Justicia y sus cuerpos auxiliares a la hora de investigar hechos relacionados con el poder.

El miércoles pasado, decenas de actos en todo el país recordaron los 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997, en la localidad de General Madariaga, partido de Pinamar. Su cuerpo fue hallado en un cava, carbonizado, esposado y asesinado de dos tiros en la nuca, en un operativo organizado por el jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, con la ayuda de tres policías bonaerenses y una banda de cuatro delincuentes apodada “Los horneros”. El motivo del asesinato fue una mezcla de venganza personal y mensaje mafioso al poder político y la sociedad. Yabrán, un oscuro empresario postal muy vinculado al expresidente Carlos Menem, no había tolerado que Cabezas, integrante de un equipo periodístico de la revista “Noticias”, lo retratara en un reportaje, en medio de un debate nacional sobre el rol de las “mafias enquistadas en el Estado” que vinculaban lavado de dinero, narcotráfico y financiamiento de la política. “Hacerme una foto a mí es como pegarme un tiro” había señalado un año antes el empresario, quien se suicidó en 1998 cuando era buscado por la Justicia.

A 20 años del crimen y después de una investigación tortuosa, todos los condenados por el brutal asesinato están en libertad, pese a haber sido condenados a reclusión perpetua muchos de ellos. El proceso estuvo plagado de ocultamiento de pruebas, chicanas legales de los defensores y errores de investigación que permitieron a los acusados eludir durante un buen tiempo la condena y obtener luego beneficios como salidas transitorias y libertad condicional.

También ocurrió en enero, el domingo 18 de 2015, otra muerte que conmocionó al mundo político: la del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, cuyo cuerpo sin vida apareció en su departamento de Puerto Madero –custodiado por la Policía Federal– horas antes de comparecer ante el Congreso para explicar una denuncia presentada contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán, que el fiscal entendía como una maniobra de encubrimiento de los principales acusados por el atentado contra la mutual judía, exfuncionarios de Teherán. En un proceso plagado de irregularidades y de operaciones mediáticas que alientan teorías conspirativas, aún hoy no se ha podido establecer a ciencia cierta ni siquiera si la muerte fue un suicidio –inducido o no– o un asesinato. Mucho menos sobre los presuntos autores. A estas alturas es un rompecabezas judicial que difícilmente se resuelva alguna vez.

El caso Cabezas desnudó complicidades entre mafias del narcotráfico y la Aduana, la Policía bonaerense ligada al delito y la política; el caso Nisman, la enorme autonomía y poder de los servicios de inteligencia, sus lazos poco claros con la Justicia Federal y el poder político de turno. Ninguna de estas situaciones se han modificado de manera sustancial. Estos casos llevaron al extremo una tendencia general: según varias investigaciones, menos del 3% de las denuncias penales llega a juicio, luego de largos procesos de instrucción. Esto se acentúa cuando en la causa hay involucrados intereses políticos o económicos, como las investigaciones por corrupción, que duran en promedio más de 11 años y tienen menos del 1% de condenas.

Todos síntomas de una crisis general del sistema de justicia, que se refleja en tribunales colapsados, investigaciones pobres, poca credibilidad del ciudadano en la institución y en enormes costos económicos y sociales para el país, que necesita profundas reformas para cumplir el rol clave que le toca en el funcionamiento de la democracia.