Llegó la primera ayuda de Nación para la fruticultura

Todo fue muy rápido. Inusual, para lo que está acostumbrada la región cada vez que el sector privado y los gobiernos provinciales van a solicitar algún tipo de ayuda a Buenos Aires.

En poco más de 72 horas la fruticultura del Valle logró el apoyo político clave para acceder a un crédito que presenta características especiales: un año de gracia a tasa cero y luego cuotas con un interés diferenciado respecto de lo que hoy está ofertando el mercado.

Apuntalaron este proyecto un alto funcionario de la Jefatura de Gabinete, tres senadores de la Nación y un par de ejecutivos ligados a la actividad exportadora.

Pero está claro que detrás de la iniciativa estaba también la venia del presidente Macri para dar impulso al proyecto. Algo con lo que hoy no cuenta todavía el golpeado Plan Frutícola impulsado por el ministro rionegrino Alberto Diomedi.

“Contábamos con el apoyo político para que ello ocurra”, destacó un importante hombre de negocios que participó, con los primeros borradores, de las reuniones en la Casa Rosada. El logro para la fruticultura es importante si se computa que se proyecta un monto a financiar por más de 600 millones de pesos a través de la postergación en el pago de las deudas impositivas y de la seguridad social.

Para todo el Valle de Río Negro y Neuquén es una bocanada de oxígeno, teniendo en cuenta el retraso cambiario, la escalada de costos internos que sufre la actividad, la presión fiscal a la que está sometida, y la baja calidad de fruta lograda en la presente cosecha. Este financiamiento que llega de la mano del Estado Nacional, y que tiene un importante costo para sus arcas, ayudará a sortear la coyuntura del sector, pero poco cambia el escenario de mediano y largo plazo para el sistema.

“Afortunadamente ambas cámaras compartimos la vocación de dar una rápida respuesta al sector de la fruta del Alto Valle que hoy atraviesa una crisis aguda, con un grave desfinanciamiento que afecta a toda la cadena de producción de peras y manzanas”, expresó la senadora nacional por Neuquén, Lucila Crexell, una de las impulsoras de esta iniciativa.

Llamó la atención el silencio del gobierno de Río Negro y la poca participación que tuvieron sus funcionarios en el proyecto. Ninguno de los legisladores del oficialismo estuvo en las conversaciones de esta iniciativa. En Viedma, volvió a reinar la incomodidad.

La negociación

Para la puesta en marcha de los beneficios de la Ley, el sector privado deberá sentarse a negociar con la AFIP, en los próximos días, por las tasas y plazos a imputar.

Desde la CAFI aseguraron que solicitaran una prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social que vencen entre mayo de este año y mismo mes del próximo.

Con la consolidación de esa cifra, en mayo de 2018, pedirán un plan de pagos a 10 años con una tasa por debajo de la que hoy se paga en el mercado.

Por otra parte, adelantaron que en os próximos días el sector frutícola solicitará formalmente a las provincias de Río Negro y Neuquén que las respectivas legislaturas declaren la emergencia provincial con el objetivo de prorrogar el pago del Impuesto Inmobiliario e Ingresos Brutos.

Un pedido que ya está en agenda de los gobernadores.

El dato

“Esta ley habilita al Ejecutivo a instrumentar medidas de excepción que le den un poco de oxígeno a la actividad”.

Lucila Crexell,

senadora nacional por Neuquén.