Confirmaron la preventiva para dirigentes de la Uocra

En una audiencia realizada ayer, un Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la prisión preventiva de Juan Carlos Levi, Emanuel Sandoval y Maximiliao Baeza, tres miembros del gremio de la construcción Uocra, investigados por la balacera del cinco de junio en el yacimiento Sierras Blancas.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli requirió que se mantenga la prisión preventiva dictada por seis meses. Los hombres fueron acusados por la fiscal del caso Paula González de participar en un ataque que se produjo en el yacimiento petrolero próximo a la localidad de San Patricio del Chañar.

El delito que la fiscalía le atribuyó a los imputados es abuso de armas, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma, coacción doblemente agravada por el uso de arma de fuego y por obligar a las personas a hacer abandono de su trabajo, daño agravado en despoblado y en banda, todo en carácter de autor para Sandoval y Baeza, y en carácter de instigador a Levi.

La teoría del caso de la fiscalía es que el hecho ocurrió el miércoles 5 de junio entre las 8 y las 9 de la mañana en el yacimiento que opera la empresa Shell.

“El acusado -Levi- coaccionó a un grupo de personas a llevar adelante actos de violencia con armas de fuego y una picana en contra de personas que estaban trabajando en el lugar”, señaló la fiscal del caso.

Describió que los agresores entre los cuales se encontraban los otros dos imputados, fueron “en 5 o 6 camionetas, con palos, fierros y armas de fuego y la expresión con la que irrumpieron en el yacimiento fue que todos debían irse porque iban a terminar muertos”. Luego “bajaron a un dirigente sindical que estaba en un vehículo, lo agredieron y lo lesionaron con varios golpes y esquirlas producto de disparos de arma de fuego que efectuaron”.

Se trata del dirigente sindical,Juan Acsama, y a otros cinco trabajadores, además de dañar tres vehículos.

Luego de que las partes realizaran sus exposiciones, los integrantes del Tribunal de Impugnación resolvieron por unanimidad, confirmar la medida de coerción que se habían impuesto durante la formulación de cargos por el término de seis meses. Los magistrados además ratificaron el plazo de tres meses que tiene la fiscalía para realizar la investigación.