Corrupción hormiga

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Nunca ha sido un secreto que cuando el Estado sale de compras los vendedores tienen buenos motivos para regocijarse. A diferencia de sus clientes comunes, quienes representan al sector público no suelen perder el tiempo regateando o quejándose por la calidad deficiente de los bienes que les interesan. Al fin y al cabo, puesto que el dinero del cual disponen no es de nadie en particular sino de la comunidad en su conjunto, los encargados de comprar bienes y servicios raramente se dejan preocupar por los costos y, como es natural, los proveedores no suelen decirles que podrían encontrar en otra parte lo que necesitan, a precios llamativamente inferiores. Tampoco suele ocurrírseles ofrecerles un descuento si la compra es excepcionalmente grande.

Demás está decir que no sólo es cuestión de la irresponsabilidad sistemática que parece congénita al sector público en nuestro país. Mediante arreglos con los vendedores, los funcionarios, desde los jefes hasta los cadetes, pueden suplementar sus salarios con gran facilidad a sabiendas de que hasta ahora por lo menos los riesgos de hacerlo han resultado ser escasos a pesar de los escándalos esporádicos que agitan a la opinión pública. En efecto, éstos han sido tan frecuentes que, lejos de conducir a un esfuerzo genuino por mejorar el sistema de compras del Estado, sólo han servido para convencer a los involucrados de que todo seguirá como antes. Por cierto, en este ámbito la situación después de más de tres lustros de democracia y casi dos de estabilidad financiera relativa sigue siendo tan anárquica como antes.

¿Estamos por presenciar un cambio auténtico? Por tratarse de un gobierno nuevo, el encabezado por el presidente Fernando de la Rúa está en condiciones de introducir modificaciones destinadas a reducir la magnitud del despilfarro que, según algunos cálculos, supondrá la pérdida de más de 600.000 millones de pesos por año. Lo mismo que sus antecesores, jura que es su intención poner fin a los «sobreprecios» y, como ellos, subraya que con el dinero inútilmente gastado podría solucionar una serie de problemas muy graves. Por desgracia, se trata de algo que la ciudadanía ha oído tantas veces en el pasado que sería una sorpresa muy grata que en los años próximos el Estado comenzara a hacer sus compras con el mismo ánimo ahorrativo que caracterizaría a cualquier ama de casa.

Con todo, hay razones para pensar que en esta ocasión los frutos de lo que será la enésima campaña contra el despilfarro sean un tanto superiores a los cosechados por otros gobiernos que se declararon resueltos a gastar el dinero público con el máximo cuidado. Además de poder hacer más rigurosos los controles internos -asignatura largamente pendiente que una sucesión de regímenes no ha conseguido aprobar-, las autoridades contarán con la ayuda del clima que en buena lógica debería ocasionar el «impuestazo» que está golpeando con dureza especial a la clase media. Mientras que en el pasado la ciudadanía apenas ha protestado contra las costumbres manirrotas de compradores oficiales que están habituados a pagar precios absurdamente elevados por todo cuanto deciden les resultaría útil, es de prever que al darse cuenta de que el dinero procede de su propio bolsillo la gente dejará de considerarlo un asunto menor.

No es una casualidad que los países mejor gobernados sean aquéllos en los que la «presión impositiva» es muy fuerte y, lo que es más importante, también afecta de forma personal a virtualmente todos, incluyendo a trabajadores de ingresos muy bajos que aquí no tienen que abonar el impuesto a las ganancias. Aunque el Estado argentino siempre ha sido muy caro, los gobernantes han preferido esquemas impositivos indirectos -entre ellos, el supuesto por el «impuesto inflacionario»-, que hacen que muchos apenas sean conscientes de que una parte significante de sus ingresos brutos termina en manos de los recaudadores. Aunque este sistema ya tradicional puede poseer ciertas ventajas desde el punto de vista de los políticos, desde aquél de la sociedad es perverso, porque es gracias a él que millones todavía no piensan como los contribuyentes que obviamente son.