Fin de fiesta
Desde hace un par de meses, el gobierno ha estado filtrando a los medios cifras destinadas a informar a la población acerca de los montos realmente escandalosos que perciben muchos integrantes de la «clase política» en concepto de dietas, gastos de representación, dinero «para el despacho», etc., etc., los cuales permiten que por ejemplo en Formosa -una de las provincias más miserables del país- los concejales de la modesta capital local dispongan de la friolera de 21.900 pesos mensuales y sus homólogos de otras jurisdicciones disfruten de sumas no demasiado inferiores. Lo que quiere el gobierno es preparar a la opinión pública para que respalde plenamente sus esfuerzos por obligar a miles de privilegiados a «ajustarse» a la realidad económica, conformándose con ingresos apropiados para un país cuyo producto per cápita es la cuarta parte de la estadounidense. Es que para muchísimos políticos lo único que hace atractiva la democracia es que les otorgue el derecho a fijar sus propios sueldos, algo que han hecho con entusiasmo ilimitado en los distritos más pobres y por lo tanto menos exigentes.
La tarea que quiere emprender el gobierno del presidente Fernando de la Rúa en el marco del proyecto de ley para equiparar -hacia abajo, desde luego- los salarios de legisladores y funcionarios de todo el país, no le resultará sencilla en absoluto. Aunque la ciudadanía claramente preferiría que los «dirigentes» respetaran algunas normas salariales, aquellos profesionales de la política que se las han arreglado para vivir muy bien a costa del resto de la comunidad no se resignarán fácilmente a verse privados de los ingresos abultados a los cuales se han acostumbrado. Es de prever que en las próximas semanas abunden las alusiones elocuentes a la importancia del «federalismo» y, cuando de peronistas de trata, al «gorilismo» aliancista. Asimismo, los concejales, legisladores provinciales y otros que están en la mira del gobierno contarán con la colaboración de la Justicia: por motivos nada misteriosos, los políticos más rapaces han colmado de beneficios a sus amigos del Poder Judicial local, asegurando de este modo que la situación actual, si bien es innegablemente obscena, no contradiga ninguna ley.
Los aliancistas más comprometidos con las reformas que se han propuesto son los frepasistas, sin duda porque, a diferencia de sus socios radicales, la mayoría aún no forma parte del establishment político nacional. Después de todo, el que en diversas provincias -en especial las más pobres- la clase política local se haya habituado a ingresos que merecerían la envidia de sus equivalentes en muchas zonas del Primer Mundo, no constituye una novedad. Por el contrario, se trata de una de las tradiciones más nefastas de la vida pública nacional y latinoamericana, una que está en la raíz de la desigualdad exagerada que es tan característica de toda la región, no sólo porque los «dirigentes» no comparten los intereses del electorado, sino también porque, al sentirse integrantes de una pequeña oligarquía, ni siquiera pueden entender en qué consistirían dichos intereses.
Además del cambio supuesto por la llegada a posiciones jerárquicas en el gobierno de quienes no se sienten comprometidos personalmente con el statu quo, la preocupación decididamente tardía de las autoridades por lo que es uno de los baldones más vergonzosos de la democracia criolla puede atribuirse a los efectos demorados de la estabilidad económica. Eliminada la inflación y casi agotada la capacidad para conseguir créditos, el gobierno se ha visto constreñido a aumentar los impuestos y reducir los gastos, lo cual, como es natural, finalmente ha servido para que la gente comenzara a indignarse por los ingresos de la propia clase política. Que ello ocurriera era previsible -en todos los países democráticos los contribuyentes pronto adquieren la costumbre de vigilar de forma implacable los gastos de los políticos-, pero a juzgar por la conducta de los «dirigentes» de las provincias más pobres, pocos entendieron que ellos también estarían entre las «víctimas» no tanto de la crisis económica como de la difusión gradual de actitudes propias de las sociedades democráticas.
Desde hace un par de meses, el gobierno ha estado filtrando a los medios cifras destinadas a informar a la población acerca de los montos realmente escandalosos que perciben muchos integrantes de la "clase política" en concepto de dietas, gastos de representación, dinero "para el despacho", etc., etc., los cuales permiten que por ejemplo en Formosa -una de las provincias más miserables del país- los concejales de la modesta capital local dispongan de la friolera de 21.900 pesos mensuales y sus homólogos de otras jurisdicciones disfruten de sumas no demasiado inferiores. Lo que quiere el gobierno es preparar a la opinión pública para que respalde plenamente sus esfuerzos por obligar a miles de privilegiados a "ajustarse" a la realidad económica, conformándose con ingresos apropiados para un país cuyo producto per cápita es la cuarta parte de la estadounidense. Es que para muchísimos políticos lo único que hace atractiva la democracia es que les otorgue el derecho a fijar sus propios sueldos, algo que han hecho con entusiasmo ilimitado en los distritos más pobres y por lo tanto menos exigentes.
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