El acuerdo con el Fondo estaría más cerca de lo esperado
Los números del préstamo otorgado en 2018 son sorprendentes. El gobierno busca instalar responsabilidades compartidas. Esta semana hubo buenas noticias.
Si tendrá cauce formal o no, ó si verdaderamente habrá alguien sentado en el banquillo, es difícil de imaginar. Pero fue una de los pasajes más resonantes del discurso presidencial en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. “Iniciaremos una querella criminal para determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra” anunció el Presidente Alberto Fernández hace 15 días frente a la Asamblea Legislativa. “Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo” agregó.
La mayoría de los analistas interpretó que, al inicio de un año electoral, el mensaje iba dirigido directamente a los adversarios políticos del gobierno, puntualmente al ex Presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenerger y Luis Caputo, y al ex Ministro de Economía Nicolás Dujovne.
Sin embargo, las definiciones vertidas en el discurso tienen también un destinatario tácito, pero estratégico. La investigación que pretende poner en marcha el oficialismo pone el foco en la responsabilidad que le cabe al propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en el mega endeudamiento registrado con el organismo cuando la crisis de balanza de pagos ya era un hecho en mayo de 2018.
La estrategia oficial incluye señalar la responsabilidad del FMI en el enorme flujo de fondos otrogado a la gestión Macri entre 2018 y 2019.
En pocas palabras, el anuncio de la investigación intenta “marcar la cancha” de cara a la negociación en marcha con el organismo. La postura oficial sostiene que el Fondo es tanto o más responsable que la administración Macri, al haber otorgado el crédito más grande de su historia a un país con crisis de balanza de pagos y en medio de una corrida cambiaria. Más aun, en el gobierno sostienen que el Fondo violó su propio estatuto, el cuál le impide financiar la fuga de capitales en el país que recibe la asistencia. El inciso a) del Art. VI del estatuto del FMI señala explícitamente que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
Los datos muestran no solo que el planteo se condice con lo sucedido, sino que han dado lugar a una investigación interna dentro del propio organismo.
Números escalofriantes
Los datos acerca del híper endeudamiento registrado entre el año 2016 y el 2019, son por demás conocidos. No por ello dejan de ser sorprendentes.
Tras pagar a los fondos buitre incluso más de lo que reclamaban en el juzgado del fallecido juez Thomas Griesa, el mercado financiero global volvió a abrirle las puertas al país, y la administración Macri decidió que en lugar de abordar e intentar resolver los desajustes macroeconómicos que durante años había denunciado antes de llegar al poder, podía postergarlos tomando deuda en el exterior.
Los límites de Guzmán
El primer gráfico que acompaña la nota revela de forma elocuente el abrupto crecimiento de la deuda pública bruta nacional en el periodo 2016/19. Cuando la administración Macri tomó el poder a fines de 2015, el ratio Deuda/PBI era de solo el 52,6%, mientras que el ratio Deuda en Moneda Extranjera/PBI era de apenas el 30,1%. Al finalizar el mandato, los mismos registros eran de 90% y 70% respectivamente. Significa que al final de la gestión macrista, el país necesitaba prácticamente de un PBI entero para poder afrontar sus acreencias.
No es la primera vez que el país vive un lapso de fuerte endeudamiento. Sucedió también a fines de los años ‘70 durante la dictadura militar, y también promediando los ‘90 durante la década menemista. Lo inédito en este caso, es el enorme crecimiento de la deuda en un lapso tan corto de tiempo. Alcanzaron apenas cuatro años para duplicar la incidencia de la deuda externa.
No obstante, el punto que señalan los encargados de llevar adelante la negociación con el FMI, es que tal escenario ya era evidente al momento en que el organismo decidió asistir al país. Cuando en mayo de 2018 se acudió a Washington a solicitar los recursos que el mercado ya no ofrecía, los principales fondos de inversión ya habían iniciado la retirada, y el escenario de fuga de capitales ya era evidente.
El segundo gráfico que acompaña la nota, es parte del informe titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, elaborado por el BCRA y citado por el Presidente durante su discurso a la Asamblea Legislativa. El mismo muestra la formación de activos externos del sector privado no financiero, lo que habitualmente se conoce como “fuga de capitales”. No se trata necesariamente de fondos que salieron del país, pero sí que salieron del sistema financiero, sea a una cuenta en el exterior, a una caja de seguridad, o a quedarse dentro del país pero “debajo del colchón”.
Se aprecia claramente que ya en 2017 y previo al arribo del FMI, ya se habían fugado u$s 22.000 millones. En esa situación, el organismo multilateral decidió enviar u$s 44.000 millones al país entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. El mismo gráfico muestra que entre 2018 y 2019, se fugaron otros u$s 54.100 millones.
Los funcionarios del gobierno anterior señalan que la asistencia recibida desde el FMI se utilizó para el pago de deuda.
En efecto eso muestran los registros contables. Sucede que el dinero es fungible, que gran parte de la deuda cancelada estaba en manos de los fondos de inversión amigos que decidieron irse del país, y que semejante nivel de fuga de capitales hubiese sido imposible si los dólares del Fondo no llegaban al país. Sin la asistencia del FMI, probablemente la corrida cambiaria de 2018 hubiese mutado en corrida bancaria, y la crisis se hubiera manifestado mucho más cruda y repentina.
Quienes tienen llegada a encumbradas oficinas en Washington, sostienen que dos de los fondos de inversión más fuertes, que para ese entonces anticipaban el colapso de la economía nacional, levantaron el teléfono rojo para presionar, y que fue el propio Donald Trump el que solicitó al FMI que habilitara la asistencia al país para garantizar el repago de la deuda y la salida de los inversores.
Lo que viene
“Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo” dijo alguna vez John Maynard Keynes. En el equipo encargado de negociar con el FMI, integrado por el abogado Sergio Chodos y por el propio Ministro Martín Guzmán, hacen propia la frase del economista británico. Saben en el gobierno que el FMI necesita llegar a un acuerdo. El organismo tiene “calzada” en Argentina el 43% de su cartera crediticia. Un escenario en el que Argentina tuviera dificultades para pagar, implicaría serios problemas internos en Washington.
Durante los últimos días, hubo dos noticias que dan indicios de que la meta oficial de tener configurado un acuerdo hacia el mes de mayo, está más cerca de lo que muchos creen.
La primera es el cambio de interlocutor anunciado por el Fondo esta semana. Hasta ahora el encargado de conversar con Argentina era el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. El mexicano porta un perfil más político y una postura más rígida en relación al planteo argentino. Su reemplazante será la economista estadounidense Julie Kozac, que se desempeña como número dos de Werner. Se trata de una vieja conocida para el equipo económico del gobierno, ya que forma parte del equipo que desde la asunción de Fernández, supervisa la economía argentina. Tiene además una impronta más pragmática que Werner, y la lectura entre líneas de la designación, es que el Fondo desea acercar posiciones.
La segunda es que el Fondo realizará un giro extraordinario de u$s 3.500 millones a fin de asistir la crisis por el Covid, a todos los países miembros que mantengan sus cuentas al día con el organismo. Más allá de la negociación en marcha, Argentina es uno de esos países, y recibirá el envío como agua fresca en medio del desierto.
Los u$s 3.500 millones extra abren un abanico de posibilidades, y el destino que se dé a los mismos, puede ser en sí misma toda una señal de cara a la negociación en marcha.
Argentina enfrenta este año dos vencimientos fuertes con el FMI. El primero es en septiembre por u$s 1.900 millones. Pero en el mes de mayo, debe cancelar u$s 2.400 millones con el Club de París. Los países que conforman el Club de París solo aceptan renegociar el vencimiento, si previamente Argentina cuenta con un acuerdo firmado con el FMI. De allí surge la meta de Guzmán de alcanzar un acuerdo antes de mayo. Si esa meta se concreta, se aclara el horizonte de vencimientos, tanto con el FMI como con el Club de París, con quien sería más sencillo aplazar pagos.
Si el acuerdo no llega antes de mayo, la primer opción que abre el giro extraordinario del FMI, es utilizar parte de los u$s 3.500 millones para cancelar el vencimiento con el Club de París, y el remanente para cancelar parte del vencimiento con el FMI en septiembre. Esta estrategia estaría vinculada a la certeza de que el acuerdo con el Fondo puede estirarse más allá de mayo, pero llegaría antes de las elecciones de octubre.
La segunda opción es defaultear el vencimiento de mayo con el Club de París, y utilizar los u$s 3.500 que enviará el Fondo para pagar íntegramente los vencimientos con el propio Fondo en septiembre y diciembre. Tal estrategia implicaría una postura más dura de parte del gobierno nacional, y la intención de estirar la llegada del acuerdo todo lo que sea necesario a fin de evitar las condicionalidades que habitualmente impone el organismo.
Datos
- u$s 54.100
- Los millones que se fueron del sistema financiero entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, previo a las elecciones.
- u$s 2.400
- El vencimiento que debe afrontar el gobierno con el Club de Paris en el mes de mayo. En septiembre, u$s 1.900 millones más al FMI.
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