Sueños asesinos

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Todavía son muchos los que propenden a creer que el terrorismo es casi siempre producto de la falta de justicia social o de una situación política intolerable y que por lo tanto se solidarizan automáticamente con cualquier grupo armado con tal de que no sea «neonazi». Huelga decir que quienes piensan así se equivocan. La verdad es que no es nada común que un pobre se convierta en terrorista, pero sí lo es que individuos de clase media hagan de la pobreza ajena el pretexto para asesinar a quienes a su entender simbolizan el orden establecido. También lo es que, una vez elegido el terrorismo como forma de vida, los «combatientes» se pongan a inventar nuevos motivos para matar -se trata de una forma de justificar los crímenes ya perpetrados-, razón por la cual negociar con ellos es casi siempre virtualmente imposible. Puede entenderse, pues, el horror incrédulo que han sentido tantos españoles frente a la campaña sanguinaria que está llevando a cabo ETA, organización que lejos de sentirse impresionada por las gigantescas manifestaciones de repudio que se han celebrado en el País Vasco y otras partes de España, las ha tomado por una invitación a sembrar más dolor y muerte.

Los demás podrían comprender el salvajismo etarra, si bien no perdonarlo, si los separatistas vascos no contaran con ninguna otra posibilidad de «luchar» por la independencia del territorio que consideran propio, pero ocurre que España es un país democrático en el que cualquier grupo político puede pedir la independencia de cualquier región sin que nadie lo impida. ¿Por qué matan los etarras, pues? Porque saben muy bien que, de celebrarse un plebiscito, sus conciudadanos rechazarían sus pretensiones, en parte porque con escasas excepciones no les gustaría para nada ser gobernados por una pandilla de fanáticos criminales. Para los etarras, la lucha armada se ha vuelto un fin en sí mismo y conforme a su propia lógica tienen que continuarla, porque de lo contrario estarían confesando que fue un error reanudarla después de la desaparición de la dictadura franquista. De este modo, todo nuevo asesinato sirve para justificar el siguiente.

Hasta hace poco, los etarras contaban con cierta simpatía en buena parte del mundo porque eran considerados «izquierdistas», acaso demasiado violentos, pero aun así «idealistas». Por fortuna, aquella ilusión se ha disipado al darse cuenta los dispuestos a «entenderlos» que sería más apropiado tildarlos de neonazis. En efecto, lo mismo que los nazis, los etarras tienen su propia definición del «pueblo» y sobre la base de ella se han puesto a eliminar todo cuanto en su opinión no cabe en ella. Por ahora, aparte de las bombas callejeras destinadas a matar a cualquiera que se encuentre cerca, se han limitado a asesinar a empresarios vascos que no se dejan chantajear, a compañeros que parecen tener dudas en cuanto a su «estrategia», a policías y militares, a políticos tanto vascos como de otras partes de España, y a intelectuales que no comparten todos sus puntos de vista, pero no sorprendería que pronto empezaran a matar a turistas extranjeros con miras a provocar estragos económicos. Como sabemos, a los movimientos terroristas les es natural ampliar el círculo de blancos «legítimos» hasta que abarque el universo entero.

A pesar de la crispación y horror que está causando la ofensiva etarra, los españoles, conscientes de los peligros que plantearía una nueva «guerra sucia» contra lo que es una banda de delincuentes feroces convencidos de que la política les otorga la inmunidad, han seguido enfrentándola con las únicas armas que les permite el Estado de derecho. Es de esperar que no reincidan en la tentación de procurar apagar el fuego con más fuego, tal como hicieron durante la gestión del ex jefe de gobierno Felipe González. Aunque en una situación de emergencia un Estado democrático tiene forzosamente que dotarse de los instrumentos necesarios para defenderse contra quienes no reconocen límite alguno, no puede permitirse dejarse guiar por el código de los terroristas mismos, aumentando exponencialmente así el daño que causen a una sociedad que, como la española, ha hecho de la convivencia pacífica un principio fundamental.