Asuntos turbios
Son muy pocos los países cuyos gobernantes estén dispuestos a prescindir de una fuente de ingresos útil como la venta de armas.
Aunque la decisión del juez Jorge Urso de procesar al ex canciller Guido di Tella por ocultamiento de pruebas y al ex poliministro Antonio Erman González por «falsedad ideológica de documento público», causa que según parece ha prescripto, ha complacido a los deseosos de ver entre rejas a buena parte del gobierno menemista, el que los dos involucrados se hayan sentido más complacidos aún hace pensar que, como ha ocurrido en tantas ocasiones, el asunto de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador terminará desdibujándose. Si bien no es probable que todos los vinculados con el tema logren salvar el pellejo, convendría distinguir entre los acusados de aprovechar las operaciones para su beneficio personal por un lado y, por el otro, aquellos funcionarios que podrían haber obrado con cierta ligereza o que por motivos ideológicos querían ayudar a la muy católica y pro-occidental Croacia en sus guerras contra sus enemigos serbios o bosnios a pesar del embargo militar ordenado por la ONU. Mientras que las acciones de los primeros tuvieron que ver con la corrupción, aquellas de los segundos eran típicas de funcionarios de un país deseoso de participar en el comercio internacional de armas, ámbito éste en el que las reglas son borrosas y lo que es lícito un día será considerado intolerable el siguiente.
Que amplios sectores locales hayan favorecido a Croacia, país gobernado por un régimen derechista, en su conflicto con lo que queda de Yugoslavia nunca ha sido un secreto. Por lo tanto, era natural que existiera una propensión a pasar por alto la probabilidad de que miles de toneladas de armas supuestamente destinadas a países como Bolivia, Venezuela o Panamá llegarían, «triangulación» mediante, a manos de los croatas que hace un lustro no podían comprarlas abiertamente. Mucho más grave desde el punto de vista del país fueron las ventas irregulares de cantidades muy inferiores de armas a Ecuador en 1995, cuando estaba luchando contra Perú por la cordillera del Cóndor, porque la Argentina era uno de los hermanos latinoamericanos que hacía las veces de garante de paz, pero en vista de la voluntad lógica de los ecuatorianos de conseguir armas por canales poco ortodoxos era de prever que la Argentina estaría entre los proveedores.
En el resto del mundo este «escándalo» no ha provocado ni indignación ni sorpresa porque es común que empresas y funcionarios de las naciones más desarrolladas, las cuales también son las más importantes exportadoras de material bélico, se vean complicados en problemas rocambolescos por haber vendido sus productos al cliente coyunturalmente equivocado. Dadas las circunstancias, es inevitable que tales situaciones sean frecuentes. Las alianzas cambian, un país «bueno» podrá verse convertido semanas después en «malo», satanizado por los medios occidentales y condenado por la ONU, por razones arbitrarias. Asimismo, por tratarse de un negocio que por su naturaleza es semiclandestino, es habitual que las autoridades de los países exportadores permitan que los vendedores se dejen guiar por reglas distintas de las teóricamente vigentes.
La única forma de ahorrarse los problemas resultantes consiste en abstenerse de vender armas, pero son muy pocos los países cuyos gobernantes se hayan mostrado dispuestos a prescindir de lo que es una fuente de ingresos muy útil. A menos que la Argentina elija hacer gala así de su vocación pacifista, tendremos que acostumbrarnos al espectáculo brindado por los procesos a funcionarios en actividad o retirados por haber vendido armas a quienes estaban dispuestos a emplearlas en países de respetabilidad cuestionable. Por supuesto, los gobernantes continuarán insistiendo en que siempre procurarán acatar las órdenes de la ONU y que, por motivos éticos, sólo aceptarán como clientes a quienes juren no tener la intención de usar las armas compradas en la prosecución de propósitos «ilegítimos», respetando de este modo las normas hipócritas que rigen en lo que es un negocio tan intrínsecamente turbio como lo sería exportar cocaína so pretexto de que todos los compradores fueran médicos que no soñarían con permitir que caiga en manos de personas con otras prioridades.
Aunque la decisión del juez Jorge Urso de procesar al ex canciller Guido di Tella por ocultamiento de pruebas y al ex poliministro Antonio Erman González por "falsedad ideológica de documento público", causa que según parece ha prescripto, ha complacido a los deseosos de ver entre rejas a buena parte del gobierno menemista, el que los dos involucrados se hayan sentido más complacidos aún hace pensar que, como ha ocurrido en tantas ocasiones, el asunto de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador terminará desdibujándose. Si bien no es probable que todos los vinculados con el tema logren salvar el pellejo, convendría distinguir entre los acusados de aprovechar las operaciones para su beneficio personal por un lado y, por el otro, aquellos funcionarios que podrían haber obrado con cierta ligereza o que por motivos ideológicos querían ayudar a la muy católica y pro-occidental Croacia en sus guerras contra sus enemigos serbios o bosnios a pesar del embargo militar ordenado por la ONU. Mientras que las acciones de los primeros tuvieron que ver con la corrupción, aquellas de los segundos eran típicas de funcionarios de un país deseoso de participar en el comercio internacional de armas, ámbito éste en el que las reglas son borrosas y lo que es lícito un día será considerado intolerable el siguiente.
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