El primer año
Si bien es legítimo considerar deficiente al gobierno aliancista, no disponemos de muchas alternativas mejores.
Tanto para el presidente Fernando de la Rúa como para el resto del país, el primer año de la gestión aliancista ha resultado ser una experiencia deprimente. Se han malogrado no sólo las expectativas claramente exageradas de “cambio” que se habían estimulado durante la larga campaña electoral precedente, sino también las previsiones más cautas de los que creyeron que el gobierno sería por lo menos capaz de combatir con cierta eficacia la evasión impositiva y la corrupción. Puede que el de la Alianza no sea “el peor gobierno civil de la historia del país”, como afirma el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, pero no cabe duda de que muchos comparten la opinión lapidaria del perdedor despechado de las elecciones de octubre de 1999, de ahí la imagen positiva de un escuálido siete por ciento que, según una encuesta, tiene De la Rúa.
Con todo, si bien es evidente que el radical no es precisamente el hombre indicado para levantar el estado de ánimo de un país que últimamente ha brindado la impresión de haberse enamorado del fracaso colectivo, sería un craso error atribuirle toda la responsabilidad por la frustración de tantas esperanzas. Algunas de las promesas formuladas con tanta ligereza por la Alianza, como la de “terminar con la indignidad del desempleo”, reflejaban ya una ignorancia asombrosa de la realidad, ya una propensión al parecer irremediable a creer que en el fondo todo es cuestión de buena voluntad. Otras, entre ellas las vinculadas con la corrupción y la independencia, es decir, despolitización de la Justicia, quedarán irrealizables hasta que un gobierno esté en condiciones de emprender una lucha feroz contra intereses creados atrincherados, riesgo que, por razones comprensibles, el encabezado por De la Rúa no ha estado dispuesto a correr a pesar de la postura loable que asumió el entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez antes de dar su “portazo”.
Después de otro año signado por la recesión, casi todos parecen coincidir en que el gobierno no debió haber aumentado los impuestos ni intentar ajustar el gasto público a comienzos de su gestión por tratarse de medidas que pusieron fin prematuro a una recuperación incipiente. Sin embargo, es bien posible que de no haberse ordenado el impuestazo y el ajuste la condición actual de la economía sería decididamente peor de lo que en efecto es. Asimismo, por estar el gobierno en favor de más equidad, es lógico que haya aumentado los impuestos de los sectores relativamente más pudientes aunque, claro está, omitió informarles de sus propósitos antes de celebrarse las elecciones.
Mal que nos pese, si bien es legítimo considerar deficiente el desempeño del gobierno aliancista, la verdad es que por ahora no disponemos de muchas alternativas mejores. ¿Pudiera haber obrado con más eficiencia un gobierno liderado por Duhalde, Carlos Ruckauf o Carlos Menem? Sus partidarios aparte, pocos lo creerían. ¿Le hubiera convenido a De la Rúa reemplazar a José Luis Machinea por Domingo Cavallo o Ricardo López Murphy? Si sólo fuera una cuestión de conducción económica, sería probable que sí, pero ocurre que el presidente tiene que tomar en cuenta las actitudes, por mezquinas o inapropiadas que éstas sean, de aquellos integrantes del “ala política” oficial que se imaginan en guerra contra “el neoliberalismo”.
Al iniciarse la gestión de De la Rúa, muchos decían que su eventual fracaso sería el fracaso del país. Estaban en lo cierto, aunque por razones distintas a aquellas que los impulsaron a repetir ad náuseam dichas palabras. Si el primer año de la gestión delarruista nos ha enseñado algo, esto no es que el presidente sea un incapaz sino que los defectos del orden político nacional son extremadamente profundos y que por lo tanto la eventual recuperación del país tendría que ser precedida por reformas muy drásticas. Para que sea posible concretarlas sin alterar el orden constitucional será necesario que la ciudadanía en su conjunto decida que ha llegado la hora para algunos cambios muy importantes y que haga oír su opinión en el marco de una elección general. Si opta por conformarse con los dirigentes a los que, conforme a las encuestas, desprecia, los próximos años resultarán más agitados que el primero de la presidencia de De la Rúa, pero serán con toda seguridad aún más estériles.
Tanto para el presidente Fernando de la Rúa como para el resto del país, el primer año de la gestión aliancista ha resultado ser una experiencia deprimente. Se han malogrado no sólo las expectativas claramente exageradas de “cambio” que se habían estimulado durante la larga campaña electoral precedente, sino también las previsiones más cautas de los que creyeron que el gobierno sería por lo menos capaz de combatir con cierta eficacia la evasión impositiva y la corrupción. Puede que el de la Alianza no sea “el peor gobierno civil de la historia del país”, como afirma el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, pero no cabe duda de que muchos comparten la opinión lapidaria del perdedor despechado de las elecciones de octubre de 1999, de ahí la imagen positiva de un escuálido siete por ciento que, según una encuesta, tiene De la Rúa.
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