De dos mundos

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La posibilidad de que el ex presidente peruano Alberto Fujimori sea juzgado por los delitos que según sus adversarios cometió en el curso de sus diez años en el poder se redujo radicalmente al comprobarse que si bien nació en Perú posee la ciudadanía japonesa. Es decir que, lo mismo que tantos otros altos funcionarios latinoamericanos, para no hablar de una cantidad sin duda enorme de personajes menos ilustres, Fujimori tiene dos nacionalidades legales, lo cual le permite apoyarse según las circunstancias en aquella que más le conviene: hasta hace muy poco, hacía gala de su peruanidad, criticando con indignación a quienes lo acusaban de ser un extranjero, pero a partir del colapso de su gobierno ha preferido subrayar su condición de hijo de padres netamente nipones.

Aunque en esta ocasión el hecho de que un latinoamericano determinado haya podido hacer valer su derecho a una nacionalidad distinta parece haber entorpecido los esfuerzos por asegurar la igualdad ante la ley, en otras las consecuencias han sido menos negativas. La ofensiva jurídica europea contra las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta se debe a que entre las víctimas de sus escuadrones de la muerte y bandas de torturadores estuvieron miles de individuos registrados como ciudadanos de algún país europeo, por lo común España o Italia, lo cual, en vista del nacionalismo acendrado que profesaban muchos “subversivos”, es un detalle un tanto irónico. Sea como fuere, es innegable que la ambigüedad así supuesta constituye un factor que no podemos pasar por alto. Ya ha incidido de muchas formas en la actualidad latinoamericana y es de prever que en adelante cobrará cada vez más importancia, sobre todo en la Argentina y Uruguay que son los “países de inmigración” por antonomasia, lo cual significa que mientras se debatan en medio de una crisis profunda sin salida visible, la idea del “retorno a Europa” continuará debilitándolos.

El gran movimiento inmigratorio que dio al Cono Sur su perfil demográfico actual fue en buena medida consecuencia de la convicción generalizada de que para la mayoría el futuro sería llamativamente mejor aquí que en Europa. ¿Acertaron los que pensaron así? Los más creen que no, razón por la cual muchos inmigrantes o sus descendientes ya están emprendiendo el camino de regreso a las tierras que habían abandonado varios decenios atrás. Puesto que se trata de un fenómeno relativamente reciente, pocos se han dado cuenta de los peligros que plantea, pero de cobrar el éxodo mucha más fuerza las consecuencias para nuestro país y para el vecino Uruguay no podrán ser sino penosas.

No sólo es cuestión de la pérdida de muchas personas talentosas y llenas de vigor. También lo es del compromiso con el país coyunturalmente menos atractivo de quienes entienden que su propio futuro y el de sus hijos bien podría realizarse en otra parte. Puede que la actitud así estimulada esté en la raíz de la costumbre notoria de tantos argentinos de quejarse por las presuntas deficiencias de “este país” como si fueran turistas inexplicablemente obligados a quedarse años a la espera de que otros los rescaten.

Desde los primeros años de la Independencia los líderes del país han sido conscientes de la existencia de problemas atribuibles a “lealtades divididas”, pero a pesar de todos sus esfuerzos la única “solución” factible sigue consistiendo en asegurar que el porvenir nacional parezca por lo menos casi tan promisorio como el ofrecido por los países de origen de las corrientes inmigratorias o por destinos alternativos como los Estados Unidos, Canadá y Australia. Por cierto, cualquier intento de obligar a todos a “elegir” o de exagerar las glorias nacionales por verse resultará contraproducente. Aunque tener derecho a otra nacionalidad siempre resultará ventajoso para personajes atípicos como Fujimori, para los demás el asunto es mucho más sencillo: lo que desean no es un aguantadero sino la sensación de seguridad que produce una sociedad adecuadamente organizada y también, en el caso de muchos jóvenes, la posibilidad de encontrar trabajo razonablemente bien remunerado para poder vivir con cierta dignidad en una sociedad que brinde oportunidades para progresar.