Pedir peras al olmo

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Naturalmente preocupado por la voluntad indisimulada de los frepasistas, radicales “disidentes” y peronistas de hacer del decreto que reforma el sistema previsional el pretexto para una batalla campal, Fernando de la Ría ha pedido a sus socios de la Alianza actuar con “responsabilidad frente al momento que vive el país”, pero es poco probable que tales palabras incidan demasiado en su conducta. Como el presidente entenderá, ante temas como el planteado por las jubilaciones, los políticos suelen subordinar los factores meramente técnicos -es decir, la realidad- a la imagen, y no cabe duda de que a muchos les convendría figurar como defensores de los “pasivos” contra la brutalidad de un gobierno supuestamente al servicio del Fondo Monetario Internacional. Lejos de intentar atribuir su actitud a su hipotética convicción de que sería viable un esquema previsional distinto del propuesto por el gobierno, los frepasistas y sus coyunturales compañeros peronistas, respaldados por radicales “progresistas”, hablan de la presunta necesidad de renovar su “compromiso con el pueblo”, etc., aunque a esta altura sabrán muy bien que serán nulos los beneficios concretos para los jubilados más pobres de la campaña que han puesto en marcha.

Si la retórica de los políticos -trátese de jefes partidarios, operadores, gobernadores provinciales o legisladores- tuviera algo que ver con los resultados de sus aportes, la Argentina estaría entre los países más igualitarios del mundo entero. Desde hace muchas décadas, virtualmente todos dicen estar bregando en favor de los miembros más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, a pesar de tantas “luchas” destinadas a mantener a raya las fuerzas del “mercado”, la Argentina es uno de los países más desiguales de todos y sus servicios sociales difícilmente podrían ser peores. Así las cosas, hubiera sido lógico que los políticos trataran de averiguar si existe algún vínculo entre sus propias acciones y el estado objetivo del país, pero pocos han manifestado interés en hacerlo, sin duda porque siempre les ha resultado más fácil achacar las lacras a sus adversarios de turno, a los militares o al FMI.

Puede que el presidente De la Rúa sí sea un mandatario que siempre procura anteponer las consecuencias a largo plazo de sus medidas a los presuntos beneficios publicitarios inmediatos, pero es el producto de una cultura política determinada dentro de la cual tiene que moverse y que, obvio es decirlo, es esencialmente irresponsable. Lo es porque a esta altura cualquier “dirigente” que realmente quisiera hacer de la Argentina un país más igualitario o, si se prefiere, más solidario, tendría forzosamente que atentar contra los intereses de amplios sectores de la clase media y, lo cual le resultaría más penoso aún, contra aquellos de la clase política misma. Pues bien, por motivos comprensibles, ningún líder frepasista -o radical o peronista- estaría dispuesto a decir en público que una clase media que ya se siente depauperada tendría que aceptar la reducción drástica de su nivel de vida a fin de ayudar a los millones de indigentes. Tampoco se creería en condiciones de obligar a los legisladores, jueces y otros a conformarse con los sueldos a su entender absurdamente bajos que, conforme a los principios que casi todos declaman, les corresponderían en un país equitativo cuyo ingreso per cápita fuera de aproximadamente ocho mil dólares anuales. Puesto que a ningún dirigente le será dado jamás imaginar un esquema equitativo apropiado para un país pobre que no supusiera el empobrecimiento de la corporación política y del grueso de la clase media cuyos votos le son fundamentales, los deseosos de dotarse de una imagen progresista no pueden sino aferrarse a planteos nada realistas y por lo tanto intrínsecamente irresponsables. Hace medio siglo, tal vez, aún hubiera sido posible que un gobierno fuera a la vez solidario y responsable, pero desde que políticos, jueces y sindicalistas optaron por salvarse de las adversidades mediante privilegios económicos, separándose así no sólo materialmente sino también psicológicamente del resto de la comunidad, el discurso de los políticos acerca de la desigualdad en la Argentina y de los derechos de los jubilados se ha caracterizado por la hipocresía.