Dudas muy lógicas

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La reciente gira del ministro de Economía, José Luis Machinea, por diversas ciudades del Primer Mundo sirvió más que nada para recordarle que si bien el blindaje financiero ha tranquilizado a aquellos inversores que a fines del año pasado temían que la Argentina estuviera por desplomarse, no ha servido en absoluto para reducir sus dudas en torno de su capacidad para crecer al mismo ritmo que el resto del planeta. Por el contrario, el mero hecho de que el país haya necesitado tanto dinero para salvarse de una catástrofe les parece evidencia suficiente de que sus problemas son mucho más graves de lo que habían sospechado antes. Aun más alarmante, desde su punto de vista -el cual, obvio es decirlo, deberían compartir plenamente todos los habitantes del país- es la actitud nada seria de una clase política tan reacia a reconocer la profundidad de la crisis, que parece considerarla meramente anecdótica. Para la mayoría de los dirigentes, sólo es cuestión de algunos problemas coyunturales menores provocados por la torpeza del presidente Fernando de la Rúa.

Frente a tamaño alarde de irresponsabilidad colectiva, es natural que los inversores se hayan sentido preocupados. Si “los argentinos”, es decir, los políticos y funcionarios que toman las decisiones más importantes, se resisten a entender que es imperativo emprender un programa de reformas realmente drásticas destinadas a permitir que la economía del país logre mantenerse a la par de otras como la chilena o, mejor aún, de las de Asia oriental, no habrá posibilidad alguna de que los próximos años sean mejores que los del segundo período de la gestión de Carlos Menem. Por el contrario, de no modificarse la actitud de los dirigentes políticos, serán con toda seguridad peores porque el resto del mundo no parece tener intención alguna de marcar el paso para que los países rezagados puedan alcanzarlo.

Asimismo, el que integrantes del equipo económico se hayan creído constreñidos a viajar por el mundo a fin de explicar las bondades de su gestión es de por sí elocuente. En buena lógica, a esta altura la Argentina debería ser un imán para los inversores de otras latitudes porque mientras que es poco común que los países ricos y “maduros” crezcan a más de dos o tres por ciento por año, los que son relativamente pobres pueden aspirar a tasas mayores que ofrecerían a los inversores oportunidades para conseguir ganancias decididamente más pingües. Sin embargo, por razones bien fundadas, tanto los funcionarios de las agencias internacionales como los empresarios y financistas del mundo desarrollado han llegado a la conclusión de que se equivocaron los que apostaron a que a raíz de las reformas de la primera mitad de los años noventa la Argentina resultaría ser un mercado “emergente” promisorio. A la luz de la experiencia, tal opinión puede comprenderse: la verdad es que a juzgar por los datos concretos disponibles, lo razonable sería prever que el futuro de la economía y, por lo tanto, del país, será a lo mejor mediocre.

Aunque abundan aquellos que se dicen convencidos de que “no tenemos una vocación de mediocridad”, tales afirmaciones no valen nada a menos que se vean acompañadas por iniciativas concretas destinadas a producir grandes cambios. ¿Está el gobierno actual o cualquier sustituto concebible en condiciones de impulsar las reformas que permitirían que el país “se pusiera en marcha”? Desde luego que no. Por ahora cuando menos, no hay señal alguna de que esté por surgir un movimiento comprometido con la modernización que sea lo suficientemente vigoroso como para superar la multitud de obstáculos que han erigido los comprometidos con el statu quo. Si bien el presidente De la Rúa y ciertos integrantes de su gabinete parecen conscientes de la necesidad de llevar a cabo reformas naturalmente desagradables que afectarían a una multitud de intereses creados, su estilo gradualista y su escaso entusiasmo por los conflictos no sólo han demorado el cambio, sino que también han contribuido a que tanto la ciudadanía en su conjunto como los miembros más notorios de la clase política se resistan a reconocer que la crisis económica exige una respuesta cuya contundencia debería guardar proporciones con su magnitud.